miércoles, 21 febrero 2024
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Comisión encargada de acabar con el hacinamiento carcelario apenas atendió a 21% de la población penitenciaria

La ONG Una Ventana a la Libertad cuestiona los resultados de la Reforma del Poder Judicial, que prometió acabar con el hacinamiento en 60 días, pero en 289 centros de detención preventiva es de 291,71%. | Foto Una Ventana a la Libertad

El reciente informe de Una Ventana a la Libertad destaca que la Comisión para la Reforma del Poder Judicial no logró en 60 días acabar con el hacinamiento en los calabozos policiales, como lo prometió Diosdado Cabello en junio.  La ONG sostiene que el trabajo de la mencionada instancia ha sido improvisado y con una composición humana que no garantiza su éxito.

Señaló que al cumplirse el lapso de 60 días anunciados por el gobierno, la comisión solo había visitado los centros de detención preventiva de solo 12 estados del país.

Precisó que en esos dos meses se logró atender a 7.614 privados de libertad, apenas un 16.66% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

Hasta el 21 de agosto, la Comisión para la Reforma del Poder Judicial había otorgado 6.529 libertades, plenas o condicionales, entre ellas 75 mujeres, y trasladó a centros penitenciarios a 1.085 reclusos (entre ellas 28 mujeres).

Hasta el 31 de agosto, la Comisión para la Revolución Judicial atendió en total a 8.446 personas detenidas (entre libertades y traslados), es decir, el 21,80% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

La ONG, coordinada por Carlos Nieto Palma, explica en su informe que del 21 de junio al 31 de agosto los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional.

Cifras no coinciden 

Por otra parte, Una Ventana a la Libertad hizo un contraste de las cifras del hacinamiento en estos centros de detención preventiva, ofrecidas por voceros oficialistas.

El 25 de junio de este año, el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que la cifra oficial de hacinamiento en los centros de detención preventiva ascendía a 38 mil 736 personas.

El parlamentario explicó que estas personas estaban distribuidas de la siguiente manera: 11.659 detenidos en delegaciones y subdelegaciones del Cicpc en todo el país, 5.947 apresados en sedes de la GNB y 21.130 en comandos de las policías nacionales, estatales y municipales.

Sin embargo, las cifras que maneja Una Ventana a la Libertad indican que el cupo disponible, para el primer semestre del año 2021, en 289 centros de detención preventiva es de 8.634 personas, pero en estos lugares están recluidos 25.186 detenidos (23.186 hombres y 2.015 mujeres), es decir, hay un hacinamiento de 291,71%.

La organización precisa que a las mencionadas cifras hay que agregarle la presencia en estos lugares de 18 adolescentes de sexo masculino y 4 de sexo femenino.

“Como se puede observar, en 289 calabozos había 25.186, más 22 adolescentes detenidos(as), llegando a un total de 25.208. Si existen aproximadamente 500 CDP en todo el país, para los restantes 211 calabozos había solamente 13.528 personas arrestadas de acuerdo con el diputado Pedro Carreño”, indica el documento.

Una fantasía 

Por otra parte, la organización considera que la Comisión para la Reforma del Poder Judicial es una fantasía con objetivos muy encomiables en apariencia, pero improvisada y con una composición humana que no garantiza su éxito.

“Si queremos acabar el hacinamiento hay que cumplir con las normas y leyes penales nacionales e internacionales. Si no se cumple el debido proceso durante los lapsos correspondientes, no habrá disminución significativa del hacinamiento”, indican en el documento.

En el Informe Especial se señala que liberar o trasladar a centros penitenciarios un 21,80% en 70 días (10 días extras), habiendo dicho que acabarían con el hacinamiento en los centros de detención preventiva en solo 60 días, es una agresión a las personas detenidas.

“Es un chantaje para que acepten cualquier culpa o condición y una afrenta a las familias que siguen luchando por las debidas garantías procesales para sus familiares que, si bien pudieron haber cometido un delito, no dejan de ser portadoras de derechos humanos”, agregan.

UVL considera que las personas que presiden e integran la Comisión para la Reforma del Poder Judicial no son precisamente las más calificadas para abordar el delicado tema.

“Lo más llamativo es que los llamados Estado Mayor estaban presididos por diputados de los cuales no todos son abogados, es decir, en algunos casos carecían de formación sobre las tareas que debían realizar”. (Con información de Una Ventana la Libertad)