La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del abogado Joel Antonio García Hernández luego de considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de daño irreparable.
Las medidas para García Hernández fueron solicitadas el 28 de febrero por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) debido a los riesgos a su integridad por su labor como un abogado de defensores de los derechos humanos durante más de una década.
El pasado 7 de febrero, García se encontraba en el Palacio de Justicia del área metropolitana de Caracas cuando fue abordado por un sujeto que lo amenazó directamente por las continuas denuncias que publica en sus redes sociales.
“Tal situación fue denunciada ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sin recibir oportuna y adecuada respuesta”, según el OVP.
Según consta en la resolución, la CIDH solicitó información al Estado venezolano el 29 de febrero, pero tampoco hubo respuesta. Para analizar la procedencia de la solicitud, la comisión consideró los hechos a la luz de los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable.
La CIDH recordó que ya en 2017 el Informe Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela “documentó el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y el deterioro de la situación de derechos humanos”.
En ese mismo informe valoró que las personas defensoras, que ejercían representación de personas detenidas por razón de su postura política, también eran objeto de múltiples actos de amenazas, hostigamiento y criminalización; situación que se ha mantenido en el tiempo.
La comisión solicitó al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del abogado Joel Antonio García Hernández, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables, incluidos los actos de riesgo atribuibles a terceros; que implemente las medidas necesarias para que el beneficiario pueda desarrollar sus labores como abogado defensor sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición”.
El OVP agradeció “el otorgamiento de estas medidas cautelares por parte de la CIDH a favor del jurista, en vista del peligro, urgencia e irreparabilidad en el presente asunto, considerados a prima facie, ya que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.