La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este jueves que la ausencia de un sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho permitió a la administración de Nicolás Maduro “imponer una política estatal y sistemática de represión y amedrentamiento sistemático” en contra de opositores o de personas que perciban como tales.
En el capítulo Venezuela de su informe anual 2023, la CIDH acusó al Gobierno venezolano de violar sistemáticamente los derechos de la población, en especial de opositores, para desalentar la participación política en el país, que va a elecciones presidenciales el 28 de julio.
“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”, insistió el organismo.
A juicio de la comisión, las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a diversos opositores, entre las que mencionó la que pesa sobre María Corina Machado -ganadora de las primarias opositoras de octubre-, han sido aplicadas “de manera desproporcionada”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
Se señaló que “el deterioro institucional y la falta de independencia” del sistema judicial ha permitido que “se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
En este sentido, la CIDH aseguró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones” a los derechos humanos, que incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
El organismo instó a la administración de Maduro para que restablezca “el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.
Además pidió “dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos”. Para estas y otras recomendaciones se ofreció colaborar con el Estado venezolano, y reafirmó su disposición a visitar el país.
La CIDH también reconoció que las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela “han exacerbado las calamidades”, aunque recordó que la “grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores”. Por ello pidió a los países que levanten este tipo de medidas, como lo han solicitado otros organismos internacionales de DD HH como la oficina del alto comisionado de la ONU.
