martes, 3 diciembre 2024
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Carlos Correa: 430 medios cerrados en Venezuela demuestran severas restricciones a la libertad de expresión

“El bloqueo tiene que ser hecho mediante la actuación de un tribunal, pero en Venezuela no es así. Aquí el gobierno ordena a las empresas operadores que se haga el bloqueo y de inmediato se cumple la orden”.

Desde el 2003 hasta el mes de mayo de este año se ha venido desatando las más severas restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, donde se condiciona el uso de palabras para que el gobierno no se ofusque y tome drásticas medidas que acaben definitivamente silenciando ese derecho constitucional y natural de los ciudadanos.

Es así que en ese período han sido cerrados 430 medios, en su gran mayoría pertenecientes al espectro radioeléctrico, según el balance hecho por la organización no gubernamental Espacio Público, cuyo coordinador, Carlos Correa, fue entrevistado por El Impulso.

Correa, activista de los derechos humanos, ha acumulado una gran experiencia en el derecho a la libertad de expresión y de la información, ya que al mismo tiempo que cursaba comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello trabajó en el medio radial de Fe y Alegría, dirigió la red de emisoras de esta institución, fue coordinador general de Provea y desde hace veintidós años, que está al frente de Espacio Público, presenta un informe anual de la situación nacional en esa materia.

Dice que el seguimiento de la situación de la libertad de expresión en Venezuela ha permitido ir viendo cómo son las tendencias del comportamiento en general de lo que va ocurriendo. Cada uno de los meses transcurridos es documentado y en lo que corresponde a mayo del presente año, el más reciente que se tiene, fueron registrados 10 casos y 40 violaciones al derecho a la libertad de expresión.

En líneas generales, lo que vamos observando tanto en promedio del año pasado y lo que ha venido pasando hasta ahora, indica que más o menos cada dos días hay un caso. Básicamente se mantienen todos los elementos estructurales que están vinculados a las restricciones al ejercicio de ese derecho.

Se ha observado que en el contexto de las últimas campañas electorales ha aumentado el número de los casos.

Se mantiene una situación restrictiva, se siguen cerrando medios y hay censura. Uno de los casos más sobresalientes fue expuesto por el propio periodista Antonio Di Giampaolo Bottini, quien decidió clausurar su programa de entrevistas Al aire, que se transmitía por una emisora de Aragua al ser censurada la entrevista que le había hecho al doctor Edmundo González Urrutia, la cual fue grabada y saldría al aire cuando el candidato de oposición diera inicio a sus actividades electorales por su pueblo natal, La Victoria, el 17 de mayo.

¿Qué puede decirnos acerca de que no sólo hay censura por parte del gobierno, sino que los propios medios establecen la autocensura ante el temor de ser clausurados?

– En los medios radioeléctricos en Venezuela hay muchísima autocensura debido a la gran cantidad de medios que han sido cerrados. A las personas que van a ser entrevistadas se les condiciona el uso de palabras que deben utilizar al responder las preguntas o hacer algún comentario.

Sobre este particular, explica Correa, Conatel genera mecanismos de censura que aplica a diario. El más utilizado es el de una forma de advertencia denominado exhorto, el cual consiste en pedirle al responsable del medio para que no se hable de un tema específico o llamarle la atención a la persona que en su programa hace severas críticas incómodas para el gobierno. Es una forma de que se tomen previsiones antes de que el organismo proceda a tomar medidas drásticas. Por lo general se saca de la programación a quien ya ha sido señalado de poner en riesgo el funcionamiento del medio o, simplemente, se elimina el programa en cuestión.

En líneas generales, los medios radioeléctricos son muy vulnerables a las presiones de un órgano oficial como Conatel.

Aunque Conatel fue creada en 1991, ¿cree usted que durante este gobierno se ha convertido en un organismo muy represivo y arbitrario si tomamos en cuenta que no sólo cierra emisoras de radio y televisión, sino que se apodera de sus equipos?

– Se dan dos tipos de actuaciones. En uno le dicen al medio que los papeles no están en regla y ordena apagar los transmisores. En otro, el organismo es muy agresivo porque no sólo le comunica que está vencida la concesión, sino que le quitan los equipos. En los casos que nosotros hemos documentado es que le quitan los equipos y éstos no aparecen más nunca.

¿Se ha hecho costumbre que el gobierno retire las concesiones cuando quiere?

– Claro, la lógica de la administración del espectro está montada en eso y en líneas generales afecta a todo el mundo.

¿Cuántos medios han sido cerrados y cuántos otros clausurados?

– Han sido cerradas 19 estaciones de televisión, 311 emisoras de radio, 87 medios impresos y 13 plataformas digitales con informaciones de Venezuela.

¿En qué forma se afecta el cierre de plataformas?

– Más que cerradas han sido bloqueadas setenta plataformas digitales.

¿Es ese el caso de La Patilla?

– Para ver La Patilla, como otras plataformas bloqueadas, la persona interesada debe tener una red privada virtual (VPN). Porque el bloqueo lo que hace más difícil es acceder al medio. El bloqueo tiene que ser hecho mediante la actuación de un tribunal, pero en Venezuela no es así. Aquí el gobierno ordena a las empresas operadores  que se haga el bloqueo y de inmediato se cumple la orden.

Además de CNN, que no puede ser vista, ¿contra cuántos canales de televisión del exterior ha actuado el gobierno?

– En los 19 canales están incluidos los canales internacionales.

Usted ha dicho que cerraron 87 medios impresos. La mayoría de esos medios cerraron porque no tenían forma de acceder al papel. Hugo Chávez cerró Radio Caracas televisión y se apoderó de sus equipos, entre las medidas que tomó contra los medios. Pero, ¿durante el mandato de Nicolás Maduro ha sido mayor el número de medios cerrados?

El gobierno de Maduro ha sido más agresivo en el cierre de medios. ¿Cómo ve usted que el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes tengan sus programas propios, para tener el control de la información y así no dar ruedas de prensa?

Ellos pueden tener sus programas propios y al mismo tiempo podrían responder las preguntas de los reporteros. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que pasa es que utilizan eso como argumento para no responder preguntas. Es muy distinto que un funcionario tenga un monólogo para hablar todo lo que quiera a que un periodista le haga preguntas. Pero generalmente no hay ruedas de prensa. El funcionario si las convoca, habla y hasta ahí llega. Esa no es rueda de prensa, es un monólogo. Eso no es periodismo, sino una fuente que da información. Periodismo es que la información suministrada se pueda verificar y contrastar para determinar si es cierto lo que la fuente está diciendo.

¿Cuántas ruedas de prensa ha dado Maduro en los más de diez años que tiene en la presidencia?

– No sé. Nosotros no llevamos esa contabilidad. Serán muy pocas. Yo puedo decir que este año no ha dado ninguna.

¿Qué nos puede decir sobre la opacidad informativa del gobierno?

– El acceso a la información pública en Venezuela es excepcional. Eventualmente usted tiene acceso a la información pública. Es la excepción. La norma es la opacidad. Al no dar información a la ciudadanía es un factor fundamental para el ejercicio discrecional y arbitrario del poder; es decir, el funcionario no tiene que rendir cuentas. Es por eso que se tienen tantos casos de corrupción porque al no haber transparencia, los funcionarios hacen lo que les viene en gana, entre otras cosas robarse el dinero que estaban administrando. Dese cuenta que hay gente vinculada al chavismo que está detenida porque hicieron denuncias en ese sentido. El problema radica en que no hay rendición de cuentas. ¿Dónde encuentra usted las memorias y cuentas que presentaron los ministros este año en la Asamblea Nacional?

En relación a ese aspecto, ¿qué nos podría comentar acerca de que el presupuesto nacional no fue publicado en Gaceta Oficial, sino que a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Onapre, se da información, pero no se precisa con detalles nada relacionado con los sitios donde se ejecutarán las obras?

Eso ocurre porque no se garantiza la información. En algunas ocasiones argumentan los funcionarios: “nosotros vivimos informando”. Pero, es que el funcionario puede seguir hablando, utilizar las redes sociales y todas esas cosas, pero está en la obligación de tener en sus portales informativos ministeriales, los presupuestos, las cuentas, los planes de trabajo. Usted revisa los sitios web de los ministerios y no hay información clara, sino cosas genéricas.

En cuanto a las leyes que ha venido aprobando el gobierno, ¿qué sentido tiene una ley, por ejemplo, para calificar el odio?

– Esa ley se caracteriza por una indefinición de cuáles son los tipos delictivos y, fundamentalmente, ni qué se entiende por odio. En Venezuela se utiliza para la apertura de procesos por parte del Ministerio Público y eso, básicamente, es un castigo anticipado porque la persona acusada no tiene herramientas para defenderse. A las personas que le han aplicado esa ley, las detienen, no les permiten tener abogados defensores, ni mucho menos le saben decir el motivo por el cual incurrieron en odio. A veces se utiliza esa cosa genérica para considerar cualquier crítica a la gestión como delito de odio.

¿Cómo ve la ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines?

– Esa ley está en discusión, pero no se ha aprobado todavía. En la segunda discusión fueron aprobados varios artículos. Esa ley pretende afectar otro derecho, el de la asociación, que tenemos usted y yo y con quienes queremos asociarnos para proponer una iniciativa ciudadana. Si nos proponemos hacer una asociación o una fundación vamos a un registro y éste nos toma un conjunto de recaudos, y después se tiene que presentar los estados financieros, decir quiénes la apoyan, y después se tienen que presentar al Seniat, Seguro Social y otros organismos; es decir, está sometido el derecho a la asociación. En general todas las asociaciones civiles quedan sometidas a una regulación suficiente que permite al Estado conocer el funcionamiento de las asociaciones y fundaciones. Lo que se pretende es establecer un conjunto de requisitos adicionales, los cuales, prácticamente, limitan el derecho a la asociación.

Definitivamente, ¿está muy limitada la libertad de expresión?

– Estamos hablando de un derecho que tiene serias restricciones. Desde que existe el ejercicio del derecho humano de la libertad de expresión indica que se debe tener acceso a la información pública, que usted tenga la posibilidad de expresarse por distintos medios, que no tenga miedo a las consecuencias por expresarse por esos medios. Cuando hablamos de la autocensura es porque hay gente que piensa que si dice o habla determinados temas puede tener consecuencias, entre otras que le quiten o le cierren la emisora por donde usted esté hablando. En los procesos electorales, por ejemplo, en la televisión del Estado sólo tiene espacio el candidato del gobierno. Claro, eso es lo que está pasando. En los medios radioeléctricos es muy difícil escuchar lo que piensan candidatos como Edmundo González. No hay forma de saber qué es lo que plantean y es muy difícil porque los que tienen las concesiones tienen miedo de que les cierren las emisoras. La gente tiene miedo.

¿Cómo siente la responsabilidad de ser coordinador de Espacio Público?

– Básicamente como un desafío cotidiano para tratar de ofrecer apoyo a las víctimas que de alguna manera por expresarse han sido perseguidas, para tratar de promover ese derecho en la sociedad venezolana, y la importancia que de alguna forma la sociedad construya lazos para proteger a quienes están siendo perseguidos, y para que haya transparencia. Es un desafío grande.