jueves, 22 febrero 2024
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¿Por qué Maduro ataca la minería ilegal en Yapacana pero deja de lado el Arco Minero?

La minería ilegal en Bolívar y Amazonas es histórica y ha sido denunciada por décadas. El Arco Minero llegó para afianzar las mafias de extracción ilegal de oro que ya existían.

Una nueva faceta es mostrada por el Gobierno de Venezuela: el interés en asuntos ambientales. Pero en tiempos de vacas flacas saltan las dudas sobre si el verdadero objetivo es la caza de fondos multilaterales que puedan abultar un poco las cuentas nacionales.

En noviembre de 2022 Nicolás Maduro participó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) y allí pidió que se concreten los aportes al Fondo de Financiamiento de Pérdidas y Daños Climáticos. El objetivo es que Venezuela pueda presentar proyectos y obtener un financiamiento, por ejemplo, para proteger la Amazonía venezolana.

En aquel momento, Maduro no mencionó dato concreto alguno sobre, por ejemplo, la deforestación en el país, particularmente en la zona boscosa amazónica y las zonas aledañas al Arco Minero del Orinoco. Organizaciones como Clima 21 y SOS Orinoco han dicho que la deforestación en el país se ha acelerado, especialmente en los estados de Bolívar y Amazonas. Según Global Forest Watch, en las últimas dos décadas Venezuela perdió 2.289.834 hectáreas de bosques.

En agosto, el gobierno de Maduro participó también de la IV Cumbre de la Amazonía, convocada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Allí la vicepresidenta Delcy Rodríguez recomendó declarar la emergencia regional de los países que integran la Amazonía y ejecutar un programa de “deforestación cero”, otro de “reforestación y regeneración”, conformar una “fuerza de tarea ambiental de la OTCA”, fortalecer la institucionalidad de cada país, y crear un “fondo amazónico”.

En ambas reuniones multilaterales pudo verse el interés del Estado venezolano por acceder a más recursos.

Yapacana, el centro de atención

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se creó en 1978 y participan Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, todos países con territorio amazónico (delineado a partir de la cuenca del río Amazonas). El objetivo del organismo era cuidar el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente, la conservación ecológica de la Amazonía, la protección de las especies, la utilización racional de los recursos hídricos y velar por los asentamientos humanos y asuntos indígenas.

En 45 años solamente ha habido cuatro cumbres de nivel presidencial. “Ha sido una desatención de todos los actores. Ahora se habla de tener reuniones de presidentes cada dos años y ministeriales anualmente. Si se articulan cosas a partir de ahí, sería muy importante”, opina Bibiana Sucre, directora ejecutiva de la ONG Provita. Ahora, en la reunión en Belém de la primera semana de agosto, la primera desde 2009, solo se acordó una hoja de ruta para proteger las selvas tropicales.

Según el mapa de la OTCA, solamente una parte del estado Amazonas es considerado parte del territorio amazónico. De toda el área observada por el tratado, Venezuela tiene apenas el 5%. Pero es justo allí donde está el Parque Nacional Yapacana, quizá el único sitio de todo el país donde se ha informado sobre acciones gubernamentales específicas para combatir la minería ilegal.

En enero de 2023, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina publicó un informe en el que advirtió que el Yapacana presentaba una deforestación minera acumulada de 1.537 hectáreas, casi la mitad ocurrida entre 2021 y 2022. Ese mismo día, el canciller Yván Gil afirmaba que el gobierno podía mostrar “éxitos” contra la minería ilegal y la deforestación.

Ya entonces la Fuerza Armada Nacional reportaba las primeras actividades contra la minería ilegal en el Parque Nacional -justo después de las peticiones de recursos por parte de Maduro en la COP27-, mientras se informaba que las máquinas para tal práctica extractivista habían llegado incluso a la cima del tepuy Yapacana. Desde entonces, la FAN ha afirmado que ha desalojado a miles de mineros del sitio.

El 10 de septiembre, el general Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, afirmó que los militares han “evacuado” hasta ahora a “11.546 mineros ilegales” de territorios amazónicos. La FAN no ha reportado que las operaciones de desalojo hayan concluido.

Se calculaba que en la zona había unos 11 mil mineros ilegales, recuerda Bibiana Sucre. “Una vez sacados todos, se requiere vigilancia constante de largo plazo para asegurar que no regresen. Pero no hay solo minería ilegal en Yapacana sino en todos los parques nacionales de la Amazonía venezolana”, agrega.

Pero solamente el Yapacana es observado por la OTCA y por la consideración internacional de qué es la zona amazónica, esa que llama la atención global y convoca el interés por asignación de recursos, a los que Nicolás Maduro tiene interés en acceder.

La orden presidencial de intervenir para “rescatar” la zona amazónica de los grupos irregulares, “limpiar de minería ilegal y destructiva todos los parques nacionales para garantizar selvas sanas”, solo aplica a una parte del estado Amazonas, donde está el Yapacana. Y, hasta ahora, no ha mencionado que “las causas de la destrucción y actividades ilícitas en el Parque Nacional Yapacana están asociadas a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes lideran el negocio de la minería ilegal al sur del país”, según Control Ciudadano.

Rocío San Miguel, directora de esa ONG, comenta que cuando se creó la OTCA se hablaba de un fondo común de 100 mil millones de dólares, pero con una trazabilidad precaria. “Hasta ahora pareciera que el manejo de esos recursos lo ha monopolizado Brasil. Venezuela quiere posicionarse como actor, y por eso vemos a Delcy Rodríguez diciendo que son los Estados quienes tienen que recibir la cooperación internacional para manejar todo lo que ocurra en esos espacios y no las ONG”.

La también abogada considera que “Maduro va tras los recursos de la cooperación amazónica que se puedan generar. Habría que ver cómo los gestiona. El gobierno ha demostrado ser eficaz en la gestión de sus problemas para apalancarlos en la dirección de obtener recursos. Ya sabemos que puede usar los problemas para potenciar sus ambiciones”.

Para Bibiana Sucre, de Provita, “Venezuela tenía unas participaciones muy débiles en diferentes espacios internacionales. Nicolás Maduro participó en la última COP en Egipto y desde allí se ha impulsado esa mayor agenda en el tema amazónico”. Recuerda que, aunque la OTCA “no asigna recursos directamente, sí es una manera de acceder a proyectos. Por ejemplo, en la COP27 hubo proyectos con financiamiento para temas amazónicos con financiamiento alemán, y Venezuela participó”.

¿Qué pasa entonces con el Arco Minero?

En febrero de 2016 Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Por decreto presidencial otorgó concesiones mineras en 111.853,70 kilómetros cuadrados para la explotación legal de coltán, bauxita, granito, oro, diamante, hierro y cuarzo, en el estado Bolívar.

El proyecto del Arco Minero admite que “no existe una minería ecológica”, y señala que “los derechos humanos y ambientales valen para reconocer la trayectoria histórica de la minería y los derechos de las comunidades que hacen vida en el arco”.

Desde entonces se acumulan las denuncias sobre matanzas de mineros -tanto por grupos armados como por la propia fuerza pública-, desapariciones, minería descontrolada, uso de químicos que contaminan aguas y tierras cultivables, alto costo para comunidades indígenas, descontrol de enfermedades contagiosas como la malaria, la instauración de un estado dentro del estado, control de grupos irregulares y mafias extractivistas.

La minería ilegal en Bolívar y Amazonas es histórica y ha sido denunciada por décadas. El Arco Minero llegó para afianzar las mafias de extracción ilegal de oro que ya existían. Según estimaciones de varias ONG, se han arrasado 51.286 hectáreas, y estas organizaciones han identificado 680 minas activas en la región de Guayana, al menos 59 de ellas ubicadas dentro del Parque Nacional Canaima.

“Dentro del Arco Minero es difícil determinar qué es legal y qué no, porque no hay transparencia”, dice Bibiana Sucre, de Provita.

Fernando Fernández, abogado e integrante de la organización Monitor Indígena, dijo que la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado por causa de las acciones ilegales de la minería ilegal, durante el Foro Crímenes en la Amazonía: lecciones no aprendidas de la masacre de Haximú. “En la estructura del Arco Minero los indígenas se convierten en enemigos (…) Hay una fiebre del oro y hay un ansia de lucro increíble, y eso está combinado con los delitos ambientales tolerados, permitidos y fomentados por el mismo Estado”.

Pero para los escenarios amazónicos y las reuniones internacionales como en la OTCA, ese asunto es dejado de lado, dice Rocío San Miguel. “Esta es una organización de Estados, y lo que no entra en el territorio del pacto, queda excluido”, explica la directora de Control Ciudadano.

Bibiana Sucre cree que tales informaciones sí tienen impacto, pero relativo pues “Venezuela no es el único país con situaciones así. Colombia, por ejemplo, presionó fuertemente en Belem por la cero exploración y explotación petrolera en la Amazonía, pero ningún otro Estado lo asumió porque todos tienen intereses en esa área. Cada quien ofrece lo que puede cumplir pero que no le toquen lo que tienen planeado en actividades de desarrollo propias”.

San Miguel cree que la situación alrededor del Yapacana “sí es muy tomada en cuenta y es muy grave, algo que Venezuela tiene que resolver para la Cumbre Mundial de este año, porque allí todas las variables hablan de una explotación minera instalada de largo plazo, sin factores de reversibilidad manifiestos y claros por parte del Estado. Se refiere a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, que será en Dubai a partir del 30 de noviembre próximo.

¿Le creemos a Maduro?

Cuando Nicolás Maduro intervino en la COP27 en Egipto, en noviembre de 2022, brindó una clase de clichés y palabras grandilocuentes en un discurso plagado de imprecisiones, contradicciones y errores técnicos.

La cumbre de Belém, en Brasil, en agosto pasado terminó sin avances significativos. Los ocho países firmaron una declaración con más de un centenar de puntos con compromisos sobre la gestión del agua, la protección de la salud o las infraestructuras sostenibles, pero dejando en manos de cada uno poner límites a la deforestación.

“Lamentablemente esta Cumbre Amazónica no ha tenido ningún resultado para Venezuela porque el régimen está activamente implicado en el tipo de minería y deforestación que los grandes países preocupados por la Amazonía están tratando de evitar”, dijo a DW Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco.

¿Es creíble que el Estado venezolano quiera acabar con la minería ilegal y ser responsable en materia ambiental?

Desde Provita opinan que si el Gobierno nacional quiere aprovechar mecanismos financieros en temas de cambio climáticos y amazónicos, “se requieren niveles de auditoría, compromisos y resultados importantes. Parte de la presión de las organizaciones de la sociedad civil es que haya planes ambiciosos pero con indicadores claves y verificables, que puedan mostrar impactos reales”, apunta Sucre.

La directora de Control Ciudadano también resalta la importancia de los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. “En este momento no existe forma de vigilar el cumplimiento de los compromisos ambientales en el país. Hasta tanto no existan mecanismos de transparencia, de auditabilidad, no va a ser creíble que se esté cumpliendo con los mínimos de protección ambiental”.