En el marco del Día Mundial del Refugiado, este 20 de junio la ONG venezolana Clima 21 denunció que el Estado no ofrece cifras para prevenir y atender a los desplazados y refugiados por temas ambientales en el país bajo el contexto del cambio climático.
“Aunque la responsabilidad principal de estas acciones recae en el Estado venezolano, la sociedad civil venezolana puede actuar desde ya en la protección de los derechos de los desplazados climáticos en el país y realizar acciones de incidencia para que se establezcan políticas de protección, incluyendo planes de adaptación y gestión de riesgo con enfoque de derechos humanos”, escribió la ONG en sus redes sociales.
De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), hubo al menos 117.300.000 personas desplazadas forzadamente en el mundo por conflictos armados, desastres socioambientales y otras vulneraciones a sus derechos humanos.
“Un aumento del 8% desde 2022, y se ha más que duplicado en los últimos 10 años”, advierte el director de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS), Mark Hetfield, en un comunicado de prensa publicado este 20 de junio.
“Una de cada 69 personas a nivel mundial -o el 1,5% de toda la población mundial- fue desplazada por la fuerza el año pasado. En 2023, la población mundial de refugiados aumentó 7%, hasta los 43,4 millones, cifra que incluye 5,8 millones de personas necesitadas de protección internacional, predominantemente de Venezuela, y 6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato de la Unrwa (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo)”, agregó Hetfield.
Frente a la opacidad destacan desplazamientos por inundaciones
El IDMC estima que cerca de 253.875 venezolanos se han desplazado internamente por eventos hidrometeorológicos, especialmente inundaciones por lluvias intensas y deslaves, desde el año 2008 hasta el año 2023.
Los eventos más destacados de la organización internacional fueron las inundaciones urbanas en distintas ciudades del país en el año 2010 (con 102.000 afectados), las inundaciones fluviales en las comunidades cercanas al río Orinoco en el año 2018 (con 33.800 afectados aproximadamente) y los deslaves de Las Tejerías, estado Aragua, y Tovar, estado Mérida, en el año 2022 (con 13.320 personas desplazadas aproximadamente).
Solo en el año 2023 se reportaron 734 personas desplazadas por las inundaciones en octubre en los estados Mérida y Táchira.
Sin embargo, el IDMC advierte que en Venezuela existe un subregistro, ya que las estimaciones se dan por reportes de la prensa nacional. Y, según el Instituto Prensa y Sociedad, gran parte del país se encuentra en un “desierto informativo” debido al cierre de la prensa independiente en los últimos 25 años: la gente no se informa, no puede denunciar fácilmente lo que ocurre en su entorno y la sociedad civil no puede recabar datos con algún grado de confianza sobre los fenómenos que vive el país.
“Solo unos datos escasos permiten vislumbrar que posiblemente miles de personas han sido desplazadas de sus sitios de vivienda, tanto a otras zonas del país, como a países vecinos. En algunos de los casos pareciera que la situación es tan grave que resulta difícil, cuando no imposible, el retorno de las personas desplazadas”, denunció Clima21.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano prometió publicar su tercer informe sobre el cambio climático este año, cuando otros países de la región publican sus reportes de impactos y mitigación ambiental anualmente tal como lo estipula el Acuerdo de París en el año 2016.
