La Constitución de la República de Venezuela en su capítulo nueve sobre los derechos ambientales, artículo 127, establece que es una responsabilidad del Estado generar políticas públicas que garanticen el cuidado y protección del ambiente ya que “toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.
Señala también que es una obligación proporcionar el desenvolvimiento de la población en un “ambiente libre de contaminación” en donde el aire, agua y suelos sean protegidos. Sin embargo, el desgobierno y la falta de acciones políticas -en cualquier ámbito- golpea fuertemente al medio ambiente venezolano.
Gigantes deforestaciones, contaminación del agua y comida con mercurio, inyección de gases a la copa de ozono y fuertes cambios climáticos son algunas de las consecuencias ambientales en la actualidad traída por un modelo económico extractivista depredador, es decir, extraer recursos a todo dar sin medir el impacto.
Caso particular del estado Bolívar: el Arco Minero del Orinoco. En esta zona se explota masivamente el oro de la manera tradicional, ya que no se cuenta con la tecnología adecuada para realizar una explotación minera ecología. Por consiguiente, la quema de millones de hectáreas, el uso de cianuro y arsénico a gran escala y el desvío de las corrientes de agua perjudican de manera notable tanto la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda el área.
Se pronostica que esta parte de la nación se convertirá en un desierto improductivo por las excavaciones contaminadas y que esto comprometerá gravemente las reservas de agua y generación de energía para todo el país.
A dos semanas de que el papa Francisco I publicara la exhortación apostólica Querida Amazonia donde expresa la importancia de la selva como pulmón del mundo y la responsabilidad que tienen las naciones que la conforman sobre ella para cuidarla y que sea una riqueza natural para la humanidad, Alejandro Álvarez, coordinador de Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, publica su análisis de la situación ambiental del país.
Clima21 es una organización enfocada en los derechos humanos ambientales de los venezolanos que busca de promover la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible.
El borde inexistente de la catástrofe ambiental venezolana, por Alejandro Álvarez
Leo una noticia donde alguien declara a un periódico que “Venezuela está al borde de una hecatombe ambiental”.
Ese tipo de declaraciones más que denunciar y buscar soluciones para la terrible situación ambiental que vive actualmente el país, lo que hace es confundir a los lectores y muestra el poco conocimiento sobre el ambiente que tiene el que expresó esa opinión.
Las crisis ambientales son procesos que van escalando y generando consecuencias.
No existe un lugar o situación que esté al borde de algo, como si estuviéramos aún a salvo siempre y cuando no demos un paso demás.
Además esa afirmación desconoce la complejidad de los diferentes temas ambientales en los diversos territorios del país, con distintos procesos desarrollándose en paralelo e incidiendo los unos sobre los otros.
Por eso, debido a la crisis ambiental que sufre Venezuela ya muchas personas viven dentro de condiciones de catástrofe ambiental.
Piensen en personas que habitan en sitios que no tienen servicio de agua desde hace varios meses (en algunos casos muchos meses) o donde nunca se recogen los desechos sólidos.
Quizás no podemos entender del todo el nivel de daño de la falta de agua. Pero podemos tratar de comprender la magnitud del desastre en este testimonio de una habitante de una zona popular del estado Carabobo:
“Pocos saben lo que significa vivir casi dos semanas sin agua. Tu vida termina degradándose completamente. Cada aspecto. Es como retroceder y dejar de ser parte de la civilización”.
O también los que viven en sitios donde el aire o el alimento están fuertemente contaminados de mercurio. Lugares con niveles de concentración de mercurio tan alto que está aumentando de manera alarmante el número de personas afectadas y de niños nacidos muertos o con graves deficiencias.
Otras personas habitan en zonas que han sufrido procesos de deforestación tan severos que los ríos se están secando o donde ya no existen los bosques que actuaban como mecanismo de estabilización de los suelos y tienen cada vez un mayor riesgo de ser afectados por un derrumbe o deslave.
Muchos otros viven en zonas inundables o cuyos suelos se desertificaron. O donde fueron agotados los recursos de la biodiversidad de los cuales dependían para su alimentación o economía.
Del primer caso hablamos de cientos de miles de personas como las que fueron afectadas en las inundaciones al sur del país en el 2018. Y cuando hablamos de afectadas queremos decir que muchísimas personas perdieron sus viviendas, cosechas, animales y sus bienes personales. La enorme mayoría eran personas muy pobres. Luego de esa situación quedaron en una situación aún peor.
En el caso de desertificación ya pueblos completos fueron abandonados al perder toda fuente de agua y posibilidad de extraer alguna cosecha de sus suelos agotados.
Por su parte, miles de personas en el estado Sucre quedaron sin capacidad de mantenerse al ir desapareciendo los recursos pesqueros de los que dependían para vivir.
En todos esos casos ¿dónde está el borde? y si esa línea existiese, ya mucha gente la sobrepasó, y cayeron al precipicio. Otros van avanzando hacia cada vez peores condiciones de vida.
Por todo ello es necesario tener cuidado con las ideas simplistas (por no decir otra cosa) sobre temas complejos. Menos unas que hagan creer que “vamos por el mal camino” pero sí se rectifica aún hay tiempo para evitar los daños.
Esta crisis ambiental está afectando de manera muy grave a muchísimos venezolanos y representa una violación masiva de derechos humanos. Aún peor, se convertirá en un importante obstáculo para que el país logre recobrar un nivel mínimo de bienestar.
Además estas frases apocalípticas generan generalmente rechazo o resignación más que acción urgente que es lo que necesitamos.
Por ello debemos unirnos todos para resistir y luchar contra un sistema construido para que un grupo de bandas criminales destruyan el país y su naturaleza sólo por codicia y perversión.
Más adelante, será necesario iniciar programas nacionales de restauración y educación ambiental que reconstruyan los equilibrios básicos de la naturaleza y de nuestra relación con ella.
Sólo así podremos recobrar el país próspero y responsable que necesitamos y donde ya nadie hable, ni viva en situaciones borde.