Por formar parte de una red criminal vinculada a la explotación de carbón a gran escala de manera ilegal en la frontera colombo-venezolana, cinco sujetos fueron capturados y procesados judicialmente en Colombia.
El gobierno neogranadino detalló que la organización obtenía el mineral en dos complejos ubicados en la vereda 20 de Julio, en El Zulia, en el Departamento Norte de Santander. Los involucrados no tenían título minero, licencia ambiental ni los permisos de ley para operar en la modalidad de socavón.
En este sentido, contaban con equipos mecánicos y diversas estructuras como malacates, rieles y coches vagones para llevar a cabo la extracción, mientras que los trabajadores disponían de motores, compresores de aire, combustibles y otros elementos que generaron daños irreparables a la vegetación, el suelo, las fuentes hídricas y la fauna silvestre.
Según la investigación de las autoridades colombianas que lograron detener a dos de los cabecillas y a un expolicía implicado, el entramado empezó a funcionar en octubre de 2020 y cada mina tenía administrador y su respectiva nómina, informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa publicada en su sitio web.
Asimismo fueron constituidas dos empresas para dar apariencia de legalidad al carbón y comercializarlo a nivel nacional. También había un grupo de transportadores que se encargaba de mover el mineral a cualquier región del país y algunos servidores públicos que habrían favorecido la actividad delictiva.
Por estos hechos fueron capturados cinco de los integrantes de la red, entre ellos los presuntos cabecillas y dinamizadores, identificados como Ángel Gabriel Ramírez Cuesta y José María Jiménez Sánchez.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a estas cinco personas los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y concierto para delinquir agravado.