El espacio congestionado por basura y maleza que marcaba la entrada al vertedero a cielo abierto de Cañaveral, en las afueras de Ciudad Guayana, ahora es un área despejada que conduce a la primera fosa de lo que será, por diseño, el relleno sanitario de la urbe, prometido -pero nunca terminado- por el exgobernador Francisco Rangel Gómez en 2015.
Desde julio de este año, la empresa privada Fospuca coordina el plan de adecuación ambiental del vertedero. Con seis máquinas (tractores, payloaders y rastrillos), y 23 empleados, iniciaron los trabajos para habilitar la primera fosa de 280 metros de longitud y cinco metros de profundidad, así como la adecuación de los sistemas de control de gases y lixiviados.
La balanza de pesaje, rampas de acceso a la fosa, garitas, laguna de lixiviados y la zona de clasificación de residuos tampoco están habilitadas por ahora.
“Este ha sido un trabajo titánico, apenas estamos comenzando. Esto aún no es un relleno sanitario, pero estamos trabajando para que lo sea. Uno de los retos ha sido lograr que el equipo de trabajo y la empresa vean esto como un relleno sanitario con especificaciones técnicas y estrategias para sanear y reducir el impacto ambiental y social y no como un vertedero. Que ya las compactadoras tengan acceso a la fosa para nosotros es un logro”, manifestó Pedro Lyon, ingeniero jefe de operaciones de Fospuca.
“Otro de los retos son las personas que viven de la basura, sabemos que viven en las peores condiciones. No forman parte del proyecto, pero son un efecto colateral que hay que saber manejar, no podemos sacarlos así que intentamos paliar algunas de sus necesidades, aunque no es nuestra responsabilidad ni tenemos suficientes recursos para eso”, agregó.
En marzo de 2021 el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) en Bolívar y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación anunciaron el inicio de la adecuación del relleno sanitario de Ciudad Guayana que tiene ocho años funcionando como un vertedero de cielo abierto, y que es el hogar y principal fuente de ingresos de más de 300 personas entre indígenas (waraos y jivis) y criollos que trabajan sin implementos de seguridad física, acceso a saneamiento, higiene o agua potable.
Las autoridades no anunciaron públicamente el inicio de un proceso de privatización ni los detalles de la concesión. No fue sino hasta julio de este año que Fospuca anunció públicamente que es la empresa encargada del proyecto.
Sin apoyo integral del Estado
Habilitar el relleno sanitario requiere un abordaje integral que no se limita al área ambiental, pues también tiene implicaciones sociales y de salud pública que el Estado ha dejado por fuera.
Comunidades indígenas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, y personas de la tercera edad acuden diariamente al vertedero para comer, conseguir ropa y demás utensilios que no pueden comprar, o para recolectar plástico y chatarra para vender y poder comprar artículos de primera necesidad. En medio de eso quedan expuestos a enfermedades transmitidas por animales portadores de virus, bacterias y parásitos, como malaria, dengue, amebiasis, infecciones respiratorias, dermatitis, úlceras, cólera y mal de rabia.
Michale Mofi, inspector de seguridad de Fospuca, calcula que al menos 30% de la población que vive en el vertedero tiene malaria o ha tenido más de dos veces. Es una situación que ni el Ministerio de Salud o el Instituto de Salud Pública monitorean para hacer el respectivo control vectorial.
“No ha sido fácil la convivencia, pero es que se escapa de nuestras manos, sólo podemos darles charlas de seguridad y evitar accidentes poniendo reglas claras cuando lleguen los camiones a vaciar material. Nuestra responsabilidad llega hasta la adecuación del relleno sanitario, pero si ellos (los recolectores de basura) necesitan ayuda con algo, podemos prestar los primeros auxilios”, manifestó Mofi.
Desde que se enteraron del proceso de privatización del vertedero, los recolectores han solicitado a las autoridades competentes ser incluidos en el plan de adecuación ambiental como trabajadores, especialmente en el área de clasificación de desechos inorgánicos. Es decir, quieren poder contar con equipos de protección personal y un salario.
“Si te cortas, tú mismo te tienes que curar. Sé que nosotros no deberíamos estar aquí, no es un lugar para vivir, pero queremos trabajar”, expresó Yonathan Pinto, trabajador informal que reside en San Félix, pero lleva cuatro meses viviendo en el vertedero, a 40 minutos de distancia.
Pinto aseguró que la misma empresa Fospuca les compra el plástico recolectado.
Pocas máquinas y racionamiento de gasoil dificultan jornadas diarias
“Con poco estamos haciendo mucho”, expresó Lyon. El jefe de operaciones precisó que actualmente la empresa cuenta con seis máquinas que no son suficientes para trabajar con holgura en las adecuaciones necesarias. Señala que hacen falta al menos un camión cisterna y un camión jumbo para acelerar el proceso.
“El reto es estabilizar las operaciones porque los equipos son costosos y mantenerlos también. Tenemos pocas maquinarias porque apenas estamos empezando, pero lo demás está por llegar”, declaró.
Eso, y el racionamiento de gasoil dificultan las labores de acondicionamiento del relleno sanitario.
Héctor Zorrilla, gerente administrativo de Fospuca, informó que a los vehículos de la compañía se les surte entre 630 y 280 litros de gasoil de forma interdiaria. Es poco, considerando que un solo tractor D8 requiere 300 litros de combustible para trabajar día y medio, y las demás maquinarias requieren entre 70 y 80 litros.
El resto del combustible deben comprarlo a 80 o 100 dólares por tambor.
“Estamos en conversaciones con la Gobernación para que nos suministren combustible. En Supraguayana también tienen el mismo problema. Ahorita estamos tratando de establecer las vías para que esto funcione de forma regular. Este proyecto de verdad promete muchísimo y estamos dando lo mejor para que funcione”, manifestó Zorrilla.
Sin plan de aprovechamiento
El plan de adecuación ambiental avanza sin políticas de aprovechamiento de residuos definidas, cuyo diseño y promoción son directamente responsabilidad del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) según la Ley de Gestión Integral de la Basura.
Lyon asegura que los únicos materiales que están siendo clasificados -por la población que ahí vive- son ciertos tipos de plástico y la chatarra. Plástico, madera, papel, cartón, baterías y demás materiales inorgánicos están siendo compactados junto a los desechos orgánicos.
El material aprovechable e inorgánico seguirá llegando al vertedero en tanto el Estado no impulse políticas públicas orientadas a la gestión integral de la basura, desde la generación de residuos en hogares, comercios e industrias, hasta su clasificación y disposición final.
¿Por qué es urgente adecuar el relleno sanitario para eliminar vertederos a cielo abierto?
Los vertederos a cielo abierto, definidos en la ley como “terrenos donde se depositan y acumulan los residuos y desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario, ambiental ni de control técnico”, son contaminantes porque los desechos al descomponerse producen gas metano, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. Esta es una pequeña pieza de un problema más grande:
El Programa Ambiental de Naciones Unidas calcula que en el mundo se recolectan aproximadamente 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. Al descomponerse, estos contribuyen al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Reservas de agua en riesgo: La descomposición de los desechos unida al agua de lluvia forma líquidos llamados lixiviados que, sin un adecuado sistema de impermeabilización penetran el subsuelo y pueden contaminar acuíferos y demás fuentes de agua dulce vitales para el ser humano y los animales.
