El pasado 14 de julio, Correo del Caroní publicó un reportaje en el que la comunidad kariña de Macapaima, ubicada en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, denunció afectaciones por contaminación ambiental debido a 38 gabarras abandonadas en el río Orinoco, que pertenecen a la empresa ACBL de Venezuela. Además, la gobernadora de esta comunidad indígena presentó la denuncia que emitieron ante la Fiscalía Tercera de Ambiente y las medidas precautelativas que presentó el Tribunal Quinto de Control en Bolívar.
Previo a la publicación, Correo del Caroní solicitó la versión de la compañía denunciada, pero para ese momento el personal alegó no estar autorizado para ofrecer información al respecto. Posterior a la publicación en nuestro portal web, ACBL de Venezuela solicitó un derecho a réplica y ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de julio, para defenderse de la denuncia interpuesta por la comunidad de Macapaima.
En primer lugar la empresa, representada por David López y Miguel Abrams, ambos asesores legales; y Enrique Gil, directivo de ACBL, señalaron que en la zona de amarre de gabarras en la orilla norte del río Orinoco “sí se están realizando actividades de desguace y cortes de gabarras propiedad de ACBL de Venezuela por personas ajenas a la empresa, negando las operaciones de custodia y movilización. Aseguran que es en virtud de una decisión judicial que habría colocado gabarras de la empresa ACBL a la orden de Corpoez, decisión de la que al mes de julio la empresa no había sido notificada, ni había tenido información oficial de estas actuaciones judiciales”.
De acuerdo con las pruebas que mostró la comunidad, la decisión del tribunal se emitió a mediados de marzo de este año. Allí se dio la responsabilidad a la Corporación Ezequiel Zamora (Corpoez) de remolcar las embarcaciones y destruir agentes contaminantes para el saneamiento de la zona. A través de una licitación, Corpoez asignó el trabajo a Tridente Service.
Sin embargo, ACBL sostuvo que nunca fue notificada de la denuncia en Fiscalía y la medida del tribunal, y fue hasta el 7 de julio cuando se enteraron de la situación.
A ello, los voceros de la compañía agregaron que “una medida precautelativa es de orden preventivo y no definitivo, no concediendo ninguna posibilidad de disposición de dichas gabarras, que están ubicadas en puntos de amarre en el río, autorizados frente a CVG Bauxilum, por la Corporación Venezolana de Guayana y las autoridades fluviales”.
En relación con el tema de la contaminación ambiental y el abandono de las gabarras, sostienen que es falso.
“No hay ninguna evidencia técnica, biológica y científica que demuestre la existencia de una contaminación fuera de los parámetros ambientales en el agua donde están las gabarras. ACBL afirma que existen pruebas documentadas en el expediente que cursa en Fiscalía y tribunal, donde no existen evidencias de sustancias nocivas o presencia de contaminantes ambientales que afecten, degraden o destruyan la biodiversidad de la zona, así como exámenes de laboratorio que confirman la inexistencia de contaminación”.
“La Universidad de Oriente, a través de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Centro de Geociencias concluyó, y así consta en el folio 49 del expediente llevado por el tribunal de la causa, que los resultados en las muestras de agua realizadas por esa entidad y avalada por expertos ambientales del Ministerio Público, en la zona donde están las gabarras propiedad de ACBL, cumplen con los estándares de las normas de la Gaceta Oficial 5021, del 18 de diciembre de 1995, Decreto 883, en lo referente a vertidos líquidos”, agregan en su derecho a réplica.
“ACBL está completamente clara de la inexistencia de contaminación proveniente de las gabarras, cuando las mismas, por diseño y construcción, son de acero naval, carentes de medios de propulsión propia, no requieren uso de combustibles o lubricantes, y no utilizan ningún elemento que pueda ser clasificado por la autoridad ambiental nacional e internacional, como sustancia líquida peligrosa o vertidos que puedan degradar o afectar el medio ambiente. Estas gabarras sólo transportan material natural, es decir, bauxita, hierro”, reiteraron.
También se refirieron al análisis de la caracterización de las aguas y sedimentos en el lugar donde están las gabarras, cursantes en el expediente, al cumplir con los parámetros permisibles establecidos en el decreto 883, en lo referente a vertidos líquidos y evaluación de cuerpos de agua.
La empresa solicitó el 14 de julio a Global Environment Services un análisis de agua en la zona en cuestión, cuyo resultado “demuestra con certeza que no existe la supuesta contaminación denunciada”.
Abandono de gabarras
Asimismo, la empresa negó que exista abandono de gabarras y agregó que de las 38 embarcaciones observadas en el Orinoco, no todas pertenecen a ACBL. En el río también se apreciaron gabarras hundidas, sobre las que no quedó claro el motivo, ya que si bien alegan que la crecida del río cubría aquellas encalladas, de una en particular se notaba su hundimiento.
“Las gabarras no están en condición de abandono, ni afectando tierras, ni hábitat de comunidades o poblaciones al margen del río Orinoco, del estado Anzoátegui, sino, que están legítimamente fondeadas en una zona de amarre autorizada para las operaciones fluviales del sector industrial de Ciudad Guayana, específicamente para la empresa CVG Bauxilum, entre el canal de navegación y su planicie de inundación”, argumentan.
Agregaron que “debido a la alternancia de los periodos de estiaje y aguas altas del río, parte de la zona de amarre queda descubierta cuando el nivel del río baja, ocasionando que algunas gabarras puedan posicionarse sobre su lecho expuesto (no quedan varadas accidentalmente, ni voluntariamente), en ciclos naturales del comportamiento hídrico del río Orinoco, a partir del mes de septiembre hasta abril, y quedan sumergidas nuevamente por las aguas cuando inicia el periodo de lluvia o aguas altas”.
A su vez cuestionaron los resultados de exámenes médico forenses con que la comunidad sustenta las afectaciones en salud, y aseguran que carecen de fundamento.
“En su defensa, ACBL expone que para el momento en que se realizó el fondeo y amarre de las gabarras, esa zona del río Orinoco, que forma parte intrínseca e indivisible de su cauce natural, estaba completamente cubierta de agua. Las gabarras estuvieron bajo el resguardo y custodia de ACBL hasta hace unas semanas atrás, personas ajenas a esta empresa comenzaron a realizar el desguace indiscriminado de las mismas”, insisten.
Reiteraron que las gabarras son propiedad de ACBL y no hay intención de abandonarlas.
“Tal abandono no existe y la empresa ha probado en el tribunal y en Fiscalía en estos últimos días y mediante documentos oficiales Conocimientos de Embarque y Mate’s Receipt que prueban el uso y operación de un grupo de gabarras señaladas por el tribunal para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, por servicios de transporte fluvial prestado a las empresas CVG Bauxilum, Comsigua, Venprecar, CVG Ferrominera Orinoco, y sólo pudo probarse ante las autoridades judiciales en este mes de julio, que es cuando la empresa tuvo conocimiento casual por una fotocopia sobre un oficio librado a Corpoez en marzo de 2023”.
“Informamos que la empresa ha realizado sus actuaciones legales respectivas ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, en el cual formalizó la oposición a las medidas decretadas a requerimiento del fiscal auxiliar (68°) interino del Ministerio Público, así como actuaciones legales ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con Competencia en Materia Ambiental de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, solicitando la inmediata suspensión de las actividades de desguace de las embarcaciones propiedad de ACBL”, informó la empresa.
A su vez rechazó “las actividades que están realizando con las gabarras dentro del río Orinoco, porque el esfuerzo del Estado venezolano es impulsar medidas para prevenir la contaminación del medio ambiente. Destacan que las autoridades deben actuar de manera inmediata ante las no claras pretensiones que evidencian el interés de tomar el acero naval de las gabarras propiedad de ACBL para un beneficio particular y con fines comerciales, sin medir las consecuencias legales, ambientales, administrativas, civiles y penales que esto representa”.
