jueves, 22 febrero 2024
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Yapacana “es la crónica de una muerte anunciada”

Monseñor Jonny Reyes señala que es el Estado venezolano que tiene la responsabilidad de brindar soluciones a lo que sucede en Yapacana con toda su estructura burocrática.

El obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, monseñor Jonny Reyes, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que lo que está sucediendo en el Parque Nacional Yapacana se veía venir.

Sin la intención de simplificar el tema, monseñor aseguró que esta situación es “la crónica de una muerte anunciada”, pues, a su juicio, no se puede esperar que luego de dejar crecer sin control al “monstruo” ahora creas que puedes simplemente desalojarlo y ya.

El representante de la Iglesia Católica señaló que ya son más de 10 años de tolerancia por parte del Estado venezolano en los que la población vinculada en la actividad minera en esa zona del país ha ido creciendo desordenadamente y que además involucra grupos irregulares, connacionales y extranjeros, en actividades delictivas.

Por lo que no es tan sencillo como llegar y pedir desalojen y esperar que no pase nada. 

Todos tienen un familiar en la mina en Yapacana 

Monseñor explicó que a la fecha casi todas las familias de Amazonas tienen un ser querido en la mina, pues ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década, irse a la mina se convirtió en una alternativa a pesar de los riesgos que ello implica.

Reyes dijo en entrevista durante el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que las motivaciones de la gente para involucrarse en la minería eran las mismas que provocaban migración forzada en nuestro país.

Indicó, “cuando tienes un sueldo de hambre y tienes cinco o seis muchachos, todo se hace muy trágico. Y la salida es esa, la salida es agarrar sus muchachos y sus pertenencias y aventurarse en las minas”.

Realidad ante la cual el gobierno debe actuar, pues apunta el obispo que no es solo el tema de la mina, sino esa realidad que empuja a la gente a vincularse a ese estilo de vida que no responde a una moda, sino que es la última opción para salir del foso en el que les tiene la crisis económica.

Por esta razón, lo que viene sucediendo en Yapacana impacta a la población de todo el estado Amazonas, aun cuando está geográfica y físicamente lejos del sitio de los hechos, pues la gente tiene consciencia de que la violencia puede empeorar y afectar a sus seres cercanos. 

Yapacana no surgió de la noche a la mañana 

Monseñor recordó que la minería ha sido una actividad que se ha llevado a cabo desde hace muchos años y los mayores debates eran sobre el impacto ambiental que la explotación de estos recursos provocaba.

Sin embargo, dice, “cuando tú, Estado, creas una empresa militar de explotación minera, entonces el que tenía que cuidar es el que va a explotar, el que tenía que cuidar u orientar es el que está metido en la explotación, el que tenía que cuidar es el que da concesiones o permisos, y permisos no formales sino que se hacen la vista gorda”, entonces esto se va convirtiendo en un monstruo.

El vicario Apostólico de Puerto Ayacucho señaló que este “dejar hacer” por más de 10 años fue haciendo crecer al monstruo que hoy vive en Yapacana y que ahora no se puede pretender combatir simplemente porque se haga un decreto presidencial. 

Pueblos originarios han pagado un alto precio 

Para el vicario apostólico de Puerto Ayacucho, el crecimiento de la minería en esta zona del país ha producido un efecto muy negativo en las etnias amazonenses.

Explicó, “hay gente de los pueblos originarios que están de acuerdo con la minería artesanal y hay otros que ven más efectiva la minería ya con máquinas, o sea, más tecnificada, y pierden totalmente el control y no les importa todo el tema de la contaminación y de la destrucción”.

Cuestionó que nadie sea responsable frente a la magnitud del ecocidio que se está cometiendo en Amazonas y Bolívar en el territorio venezolano, pero también en países como Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, donde igualmente crecen otros monstruos y nadie asume responsabilidad.

Monseñor Jonny Reyes consideró que no hay solución fácil, sino que necesariamente hay que ver la interrelación que tiene la minería con la falta de oportunidades de desarrollo y las condiciones económicas para la población. 

Hacer cumplir la ley, pero para todos 

Recordó que cuando él llegó a la región, no existían los más de 60 puntos de control fluvial que hay ahora, a los que además consideró una arbitrariedad. Entonces, para él lo primero que hay que hacer es poner verdadero orden.

Sentenció, “si son zonas de reserva, si son parques nacionales, tienes que hacer prevalecer la ley de conservación de parques nacionales, pero tiene que comenzar el Estado”.

Pues, si no “todo el mundo dice: si la gente del Estado es la primera que está metida en todo esto, entonces apague la luz y vámonos”.

Finalizó señalando que es el Estado venezolano que tiene la responsabilidad de brindar soluciones a lo que sucede en Yapacana con toda su estructura burocrática.

Entre tanto, las autoridades militares confirmaron su actuación para desalojar mineros de Yapacana, pero sin ofrecer detalles del operativo.