viernes, 1 de julio de 2022

Víctima de invasiones y estafa inmobiliaria denuncia más de 15 años de trámites legales infructuosos

Después de agotar todas las instancias legales correspondientes, Amaloa Guerra denuncia públicamente tres casos en los que ha sido víctima: Dos de presuntas invasiones a propiedades privadas y una de estafa en el alquiler de un inmueble. | Foto referencial

Después de agotar todas las instancias legales correspondientes, Amaloa Guerra denuncia públicamente tres casos en los que ha sido víctima: Dos de presuntas invasiones a propiedades privadas y una de estafa en el alquiler de un inmueble. | Foto referencial

16Son más de 15 años de trámites legales infructuosos los que lleva Amaloa Guerra Roa, luego de denunciar ante las instancias correspondientes dos casos de presunta invasión y una estafa inmobiliaria en Ciudad Bolívar. Tras agotar todas las vías, decidió recurrir a la prensa para hacer presión y denunciar la cancelación de trámites legales y gestiones, juicios amañados y presunto tráfico de influencias.

“Fui despojada de mis propiedades de la manera más vil e impune. Los invasores aún permanecen dentro de mis propiedades, viviendo gratuitamente en ellas por más de 12 y 15 años, respectivamente”, señaló.

Es el mismo tiempo que lleva viviendo en lugares alquilados, cuyas tarifas hoy ya no puede costear. “He sido víctima de una tenaz y persistente persecución y acoso todos estos años, para que me marche del país, con amenazas, para que abandone todas las investigaciones de mis causas, quedándose mis victimarios con mis propiedades y bienes al yo marcharme, ya que además de invadir mis propiedades, estafarme, simular hechos punibles con sus hijos menores para amenazarme con cárcel y la Lopnna si los denunciaba, me hurtaron mis bienes muebles, violando mi domicilio legal, como inquilina, amparados y protegidos por un presunto tráfico de influencias”, detalló.

Caso de invasión

Sobre el caso de presunta invasión, Guerra precisó que data de 2006. Se trata de un terreno propio en la urbanización Santa Fe, colindante con los terrenos de Agua Clarita en Ciudad Bolívar, los cuales fueron propiedad de su padre. En 1996, el terreno de Amaloa Guerra se registró a nombre de su padre Tomy Guerra Ramírez. Denunció que fue invadido el 25 de julio de 2006 por una vecina que vivía como inquilina de otra de sus vecinas, cuando una hija de la presunta invasora trabajaba como pasante del Inces en la Dirección de Hacienda Municipal, a quien identificó como Francisca Herrera Martínez. Presuntamente puso un portón de hierro con candado, prohibiendo la entrada bajo amenazas de muerte.

“El 2 de agosto evacuó por ante el Tribunal Mercantil Agrario, el título supletorio rodando todos los linderos de los dos terrenos, fusionándolos en un solo terreno. Cuando fui a la Dirección de Catastro Municipal se habían desaparecido los dos expedientes de terreno de los archivos de esa Dirección Municipal, el mío y el de mi vecina Mercedes González, apareciendo en el lugar de esas dos parcelas de terreno un solo terreno con todos los linderos rodados y las áreas fusionadas en una sola parcela y a nombre de la invasora Francisca Herrera Martínez. Afortunadamente habían copias certificadas en la Alcaldía del expediente, que tuvo que ser resguardado para evitar una nueva desaparición”, explicó.

En ese caso hay tres procedimientos administrativos completos de demolición, presuntas construcciones ilegales y en terreno ajeno, los cuales no se habrían ejecutado por amenazas.

En el Ministerio Público se hizo la denuncia el 24 de abril de 2013, que consta en el expediente MP-163577-2013. La denuncia estuvo cuatro años engavetada, hasta que en 2017 el MP presentó la acusación en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) omitiendo presuntamente delitos, pruebas, testigos y acusados.

Este caso también tiene expediente abierto en la Inspectoría General de Tribunales por presuntas irregularidades y vicios judiciales durante audiencia preliminar y juicio penal. En 2018, Guerra solicitó al MP y el TSJ la paralización del juicio hasta corregir los vicios fiscales en la acusación del Ministerio Público. A la fecha, sigue a la espera de justicia.

Apartamento invadido

La segunda denuncia de Amaloa Guerra se trata de un apartamento presuntamente invadido por una docente del Ministerio de Educación, a quien identificó como Marilyn Alfonso.

“Invade el apartamento ofreciendo comprarlo, mediante tres opciones de compra, incumplidas todas por ‘no ganar lo suficiente para comprarlo’, según declaró de su puño y letra en procedimiento administrativo del Indepabis en el año 2009. Ocupó el apartamento sin autorización alguna, forzando cerraduras, reconectando la energía eléctrica que yo mantenía suspendida, cambiando contrato del inmueble en Corpoelec sin tener la documentación de inmueble exigida por esa empresa, que a la fecha dicha empresa no ha podido explicar cómo autorizó el trámite”, explicó la agraviada.

“Resolví las tres ofertas de compra por incumplimiento reiterado de la docente invasora con juicio civil en el año 2011. Fue debidamente notificada por Tribunales. Jamás asistió a juicio y el Tribunal no pudo localizarla de nuevo”, agregó.

Guerra fue a ejecutar la sentencia a procedimiento administrativo en Sunavi-Caracas. De allí la enviaron al MP por ser un caso de invasión y ocupación ilegal con contumacia y dolo, al no presentarse a juicio jamás habiendo sido debidamente notificada por Tribunales en el comienzo del juicio civil.

El MP presentó acusación para un nuevo juicio, esta vez penal. Sin embargo, Guerra afirmó que en este caso también se omitieron pruebas y delitos. El caso fue sobreseído, violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

“Tengo seis años solicitando anulación de sentencia por violación de garantías constitucionales y derechos humanos”.

Estafa inmobiliaria

El tercer caso que denuncia públicamente después de agotar todas las instancias judiciales es el de una presunta estafa en el alquiler de un inmueble con simulación de hechos punibles con menores de edad, hurto, bienes muebles.

Durante los juicios de sus anteriores causas, Amaloa Guerra descubrió otro hecho del que estaba siendo víctima, en relación con el anexo que alquilaba en la urbanización San Rafael, en Ciudad Bolívar.

En Tribunales comprobó que el 14 de octubre de 1996 hubo una simulación de venta en la que Katerin Ruiz Al Hazzam, con solo 4 años compra a su padre, con otros hijos, el inmueble arrendado.

“El 31 de enero fallece el padre Luis Ruiz, y el 21 de febrero de 2007, los hermanos de Katerin Ruiz introducen en tribunales la solicitud de colación inmueble (Exp. FP02-V-2007-000730). El 31 de julio de 2017 citan a la madre de Katerin, al ser esta menor de edad, Nesrim Al Hazzam Haidar, en el inmueble alquilado de la urbanización San Rafael. El 13 de agosto de ese año, con boleta de citación en tribunales fue debidamente notificada, recibiendo la boleta de notificación la concubina de mi arrendador Neida Gregoria Castejon Sandoval, de conformidad con auto de tribunales”, detalló.

Agregó que la excuñada de la notificada “es la misma persona que en fecha 21 de octubre de 2011 presuntamente simula hechos punibles con sus hijos menores (Exp. Lopnna Cednna 11-10-4867 y MP 07-1C-DPIF-F8-0005-2012), para tratar de desestimar mis anteriores denuncias por agresiones, violencia y perturbaciones de fechas anteriores”.

“El 15 de mayo de 2008, Fernando Ruiz, tío de quien fue la compradora de 4 años de edad, firma un contrato privado alquilándome ese inmueble que estaba en litigio en tribunales, a conciencia plena de que se encontraba en litigio. (…) El inmueble se encontraba habitado por los tíos de Katerin Ruiz, Fernando Ruiz y Neida Castejón. Estos a su vez, me alquilaron, con contrato privado, un anexo de este inmueble donde ellos vivían de manera gratuita al tener su vivienda propia alquilada en la urb. Andrés Eloy Blanco”, relató.

De acuerdo con Guerra, al enfrentarlos con expedientes en mano sobre la demanda en tribunales por el inmueble alquilado, comenzaron las agresiones y amenazas para que se marchara de la ciudad sin denunciarlos.

“Violentaron candado y cerraduras y me hurtaron todos los bienes muebles, electrodomésticos y enseres personales; hecho denunciado el día viernes 23 abril de 2013, y jamás investigados los presuntos delitos, ni la estafa pública ni la simulación de hechos punibles con menores, ni la violación de domicilio y el hurto agravado de mis bienes muebles y enseres personales”, denunció.

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