domingo, 3 marzo 2024
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Tribunal indígena sancionó a los 12 pemones acusados de participar en la Operación Aurora

El Consejo de Ancianos del sector VI Akurimó, municipio Gran Sabana, celebró el primer juicio indígena, de acuerdo con sus usos y costumbres, a los 12 pemones acusados de terrorismo por asalto al parque de armas, en diciembre de 2019.

El pasado 10 de febrero se dio el primer juicio indígena en el sector VI Akurimö, de la comunidad de Kumarakay en el municipio Gran Sabana, a 12 de los 13 pemones acusados de terrorismo por su presunta vinculación con la llamada “Operación Aurora”, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2019.

El coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, destacó que en este juicio los pemones fueron escuchados y sancionados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo pemón y miembros de la comunidad de Kumarakapay.

“Este es un hecho inédito. La decisión del Consejo de Ancianos (tribunal propio) Akurimö se llevó a cabo como lo establecen las normas constitucionales, nacionales e internacionales, y según lo acordado el 11 de febrero de 2021, cuando se les otorgó medidas cautelares”, resaltó Ortiz.

Las sanciones

La decisión del tribunal indígena consiste en una serie de sanciones, basadas en las costumbres del pueblo pemón, al tiempo que se consideraron las condiciones de su detención y privativa de libertad en la cárcel El Rodeo II, donde falleció Salvador Franco.

“Se les rapa el cabello como forma de ponerlos en evidencia ante la comunidad y el pueblo pemón de que, ante cualquier situación que puedan hacer en el futuro, no solo ellos sino cualquier miembro de la comunidad pemón, tienen que cumplir sanciones”, explicó Ortiz.

En segundo lugar, las sanciones incluyen hacer trabajo comunitario. “Puede ser un trabajo de que tengan que ir a cazar, a pescar, tienen que ir al conuco, hacer una casa, para cualquier cosa que sea solicitada por la comunidad deben hacerlo sin remuneración alguna”, detalló el coordinador indígena del Foro Penal.

Una de las sanciones del Consejo de Ancianos consistió en el rapado a los pemones enjuiciados, basado en los usos y costumbres indígenas | Fotos Olnar Ortiz

Una tercera medida que aplican es entregarlos a los padres, aun cuando los sancionados tengan hijos propios, “como una forma de que los padres tengan responsabilidad por sus hijos, para que cumplan y sea igualmente una sanción para ellos, es colectivo”.

Para poder cumplir o garantizar estas sanciones, la Guardia Territorial Pemón es la encargada de velar por ello. Las sanciones se aplicarán por un período de seis meses.

“Estas sanciones se tomaron en cuenta por el hecho de que ellos fueron detenidos de manera arbitraria, estuvieron un año presos cometiéndose distintos tipos de vejaciones. Falleció Salvador Franco, y ellos también estuvieron a punto de perder la vida por tuberculosis, no se les dejaba ver a los familiares ni entregarles medicinas. Todo eso fue evaluado bajo este contexto. Las sanciones no fueron mucho mayor porque decían que estas situaciones a las que fueron sometidos durante su privativa de libertad en El Rodeo II fueron bastante duras y penosas para sus familiares”, aclaró.

Corresponde ahora que el tribunal de la causa homologue la decisión tomada por la jurisdicción especial indígena, y dar por concluida la causa que se tiene suspendida contra los pemones, así como abrir una investigación sobre el caso de Salvador Franco, fallecido el 3 de enero del año pasado.

Actualmente las actas se están traduciendo al español, ya que el juicio se efectuó totalmente en lengua pemón. Una vez hecha la traducción, el coordinador indígena del Foro Penal procederá a llevarlas al tribunal de la causa, el Tercero de Terrorismo en Caracas. También se llevará a otras instancias competentes, como el Tribunal Supremo de Justicia, ya que el tribunal indígena está constituido desde 2019 y notificado al TSJ.

“Estamos buscando la homologación del tribunal, para que la decisión ya tomada por la jurisdicción indígena, para que los 12 pemones no formen más parte del expediente que se mantiene en Caracas”.

¿Por qué los acusaron de terrorismo?

Entre el 29 y 30 de diciembre de 2019 detuvieron a 13 pemones que presuntamente participaron en la “Operación Aurora”.

Así se le llamó al asalto que el 22 de diciembre de ese año hubo en la sede del Batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. La operación la lideraron funcionarios de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte militar, en dicho asalto sustrajeron 112 fusiles y municiones del parque de armas, y secuestraron al teniente coronel comandante de la unidad y a dos oficiales.

Una vez se traduzcan las actas del juicio indígena, el coordinador indígena del Foro Penal las llevará al tribunal de la causa y al TSJ, a fin de que homologuen la decisión

Ese mismo día se reportó un segundo asalto. Este fue en la estación policial de San Francisco de Yuruaní, en Kumarakapay.

Posterior al asalto, el Destacamento 623 sostuvo un enfrentamiento en las trochas, vía al sector Roraima. El resultado fue el arresto del exguardia nacional Darwin Malaguera Ruiz, presunto asaltante del parque de armas y quien resultó herido, mientras que un soldado falleció.

Los pemones fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo y sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.

La reclusión se daría en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, pero el 12 de mayo de 2020 los trasladaron a la cárcel El Rodeo II, sin notificación al tribunal.

Allí, pese a los llamados de atención por el estado de salud de Salvador Franco, fue el 21 de noviembre de 2020 cuando se aprobó el traslado a un centro de salud. El 3 de enero de 2021 falleció por un edema cerebral, shock séptico y otras reacciones a causa de la tuberculosis no tratada. Además presentó un cuadro de desnutrición que padecía desde hacía meses.

El 13 de febrero fueron excarcelados el resto de los pemones bajo medidas cautelares, y trasladados luego a Santa Elena de Uairén. Entonces se acordó que serían enjuiciados bajo la jurisdicción indígena de Kumarakapay.