lunes, 26 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tribunal dicta sentencia mínima a menor de edad acusado del asesinato de Alyamil Torres

Ministerio Público desestimó que el caso se tratase de femicidio y omitió en el expediente el informe oficial de la autopsia de la víctima. Jueza redujo a un tercio la condena de uno de los menores de edad señalados del asesinato de una mujer comerciante de 26 años ocurrido en Ciudad Piar, en marzo de 2021.

@mlclisanchez

Los familiares y la defensa legal de Alyamil Torres denuncian irregularidades en el proceso judicial del caso y exigen justicia por su asesinato.

Alegan que, por un lado, el Ministerio Público no calificó el delito como femicidio y omitió elementos clave a la hora de presentar la acusación ante el tribunal. Además, el tribunal que lleva la causa dictó la pena mínima a uno de los implicados en el femicidio.

Allegados a la víctima reportan que tras la audiencia preliminar realizada el pasado 20 de agosto, el Tribunal II de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial del estado Bolívar sede Ciudad Bolívar declaró culpable a J.J.M.P. (primo de la víctima), bajo el cargo de homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo en grado de coautoría, luego de que este admitiera los hechos.

El tribunal dictó la pena mínima de privativa de libertad: seis años y ocho meses para ambos menores de edad actualmente recluidos en la Unidad de Atención de Varones de Ciudad Bolívar.

El otro adolescente no admitió las acusaciones, por lo que su caso fue remitido a juicio y está en fase de evacuación de pruebas.

El tercer involucrado en el delito, Anthony Junior Aguilera Jiménez, de 18 años, está bajo detención preventiva en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, esperando por la audiencia de presentación que aún no tiene fecha asignada.

 

Nosotros hemos decidido presentar la acusación particular propia para asistir como representantes a la víctima por cuanto ha sido muy deficiente la valoración de las circunstancias que presentó el Ministerio Público en esos actos conclusivos”
Virginia Gutiérrez, abogada asesora de la familia Torres

 

“Ahí no se tomó en cuenta el estado en que encontramos a mi hija, maniatada con un trapo rojo, desnuda. La golpearon, tenía hematomas en sus ojos, en su cabeza, en todo su cuerpo y la asfixiaron… uno de los muchachos que participó en el robo contó que le puso un pie en la barriga y la terminó de matar. A lo último se dictó una sentencia pírrica, fuera de lugar y de conciencia”, denunció Alfredo Torres, padre de la víctima.

La defensa de la familia Torres iba a introducir una apelación a la sentencia de la jueza y a la acusación presentada por el Ministerio Público, así como una acusación particular propia por el delito de femicidio agravado solicitando la pena máxima permitida a menores de edad, que son 10 años. Pero cuando tuvo acceso al expediente, ya se había agotado el plazo de apelación.

“En un principio, el tribunal nos informó que la publicación de la decisión de la audiencia realizada el 20 de agosto se publicaría el martes pasado (13 de septiembre), y teníamos la pretensión de apelar. Pero, lamentablemente cuando nos llegaron las copias del expediente, en este consta que la decisión fue publicada el mismo 20 de agosto, lo que despierta suspicacia”, declaró la abogada asesora de la familia, Virginia Gutiérrez.

A M.P. se le redujo la condena al mínimo de seis años y ocho meses (un tercio de la pena máxima) porque se admitió culpable. Sobre eso, Gutiérrez explicó que la ley no establece que la pena debe reducirse a un tercio por la admisión del delito, lo que hizo el tribunal. “La ley dice ‘hasta un tercio’ a criterio del juez, tomando en consideración todo el hecho”, dijo.

“Aunque esto es valorativo del juez, hay que denunciarlo, porque puede dar pie a que estos delitos queden impunes, o la condena beneficie a los acusados”, agregó.

Familiares de la víctima señalan que, al emitirse la sentencia, la Fiscalía no se pronunció por considerar que la decisión de la jueza se ajusta a derecho. “Nosotros llamamos a la fiscal y no nos contestó más el teléfono, tampoco se pronunció”, dijo el padre de la víctima.

La especialista señala que las condiciones están dadas para calificar el delito como femicidio agravado. “La violencia que se ejerció sobre su cuerpo, al desnudarla y maniatarla, y algunos signos de posible abuso sexual, son indicios que dan pie a la calificación de femicidio”, sostiene Gutiérrez.

 Los hechos 

Alyamil Torres fue asesinada el 15 de marzo de 2021 en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar. Su abuela la encontró muerta, tumbada boca abajo en el piso del baño, desnuda, golpeada y maniatada.

J.J.M.P. y D.J.B.R., ambos de 17 años, están recluidos en el retén de menores de Ciudad Bolívar. Anthony Aguilera, de 18, espera su audiencia de presentación en la cárcel de Vista Hermosa

La noche anterior, Alyamil pasó la tarde en casa de sus padres asustada porque su primo J.J.M.P había entrado a su vivienda para robarla y ella lo sorprendió en el acto. No era la primera vez que sucedía: su primo entraba con frecuencia a la vivienda para quitarle comida, robar la gasolina de su vehículo, o algo de la mercancía que Alyamil vendía en el Mercado Municipal de Ciudad Piar.

Escoltada por su hermano, Alyamil volvió a su casa ese último día pasadas las 11:00 de la noche. Cuando se sintió segura le pidió a su hermano que se fuera. Pero cuando estuvo sola, tres adolescentes -entre ellos, su primo- entraron a su vivienda para robarla. En el proceso la golpearon, maniataron y asfixiaron.

“Uno solo no podía con ella, era muy alta, de contextura fuerte como yo. El mayor de edad la abrazó por el cuello mientras ella estaba de espaldas. Los menores de edad, que eran más pequeños de estatura la golpearon hasta cansarla y tirarla en el piso y causarle la muerte”, relató Torres con base en el testimonio de los victimarios. 

Vicios y omisiones 

Además de que la audiencia preliminar fue diferida en al menos cinco ocasiones y que se les dictó la pena mínima a los adolescentes involucrados en el crimen, parientes y abogados cercanos al caso detectaron otras irregularidades en torno al caso: omisiones en el expediente, y el hecho de que la acusación presentada por el Ministerio Público favorece a los asesinos.

En el informe de la acusación, el Ministerio Público no incluyó el protocolo de la autopsia, y demás elementos establecidos tras la investigación que levantó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Ministerio Público no calificó el asesinato de Alyamil Torres como femicidio pese a la violencia ejercida contra su cuerpo

Las averiguaciones del organismo policial revelan que la víctima tenía señales de intento de abuso sexual por las lesiones que tenía en la parte derecha de la ingle y fractura de laringe luego de que uno de los victimarios le introdujera un trozo de tela en la boca.

“Solo hay un certificado de defunción y un informe forense que establece que murió por una herida propinada con arma blanca en uno de sus brazos, aunque ella no tenía esa herida. El documento del Ministerio Público no habla de la media que le encontraron en la boca, que fue lo que le fracturó la laringe ¿Cómo es posible presentar en un acto conclusivo de un homicidio sin la autopsia de ley?”, cuestionó la abogada.

Tampoco se incluyó en el documento del Ministerio Público la declaración que la madre de Bugarín hizo ante el Cicpc. De acuerdo con la jurista, la madre de Bugarín reportó a las autoridades que David Bugarín presionó el abdomen de la víctima con un pie, mientras el mayor de edad, Anthony Aguilera, la estrangulaba.

“Y aunque la ley establece que no están obligados a declarar en contra de su familiar, la declaración de la madre de Bugarín fue voluntaria, y los abogados pidieron que se le diera nulidad al acta. Pero lo conducente para realizar la nulidad de esa acta era en fase preparatoria, donde se solicitaba una entrevista en la que ella negara esa declaración, y eso no pasó”, explicó la abogada.

La jurista informó que, en el expediente del caso, Ministerio Público presenta que fueron los funcionarios del Cicpc y no los victimarios, quienes le quitaron el pantalón a la víctima. “Pero no, a ella los funcionarios la encontraron desnuda”, manifestó Gutiérrez.

Dadas las irregularidades, en la audiencia de presentación del tercer acusado, la familia optará por defensa particular, y por emitir una acusación particular propia. 

“La intención del primo era matarla” 

La familia de Alyamil sostiene que la intención de dos de los muchachos era robarla, pero la intención de su primo era matarla. El padre de Alyamil relató que Moreno Pino persuadió a los otros dos muchachos de entrar a su casa para robarla bajo el argumento de que la víctima tenía oro y dólares por la mercancía que vendía. “Pero ella no tenía nada de eso. Lo poco que ganaba lo reinvertía en su negocio. Él planteó el robo para matarla y el Cicpc encontró parte de su mercancía en la casa de los muchachos”, dijo el hombre.

“El fiscal general del Ministerio Público citó el caso de la hija mía, se pronunció en ese momento. Pues ahora nosotros le pedimos justicia”, concluyó su padre.

El asesinato de Alyamil Torres fue uno de los primeros femicidios en ocurrir en el estado Bolívar durante 2021. Según la ONG Defiende Venezuela, el estado Bolívar es el tercer estado del país con más femicidios reportados durante el primer semestre de 2021.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó hasta mediados de agosto al menos 15 femicidios en la entidad.