Al menos 58 mujeres que se mantienen privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix, denuncian su exclusión del Plan de Descongestionamiento Carcelario que se viene aplicando en centros penitenciarios y de detención preventiva desde el año pasado.
“Lo que queremos es hacerle un llamado a la comisión presidencial para que no nos olvide, porque aunque cuando empezaron se atendieron a muchas mujeres por delitos menores, también es cierto que ya desde hace dos semanas para acá dejaron de tomarnos en cuenta. Ya no llaman a nadie. También merecemos una oportunidad porque somos seres humanos, somos madres de familia y hay personas inocentes pagando por un delito que no cometieron”, dijo una de las reclusas.
Denunció que tampoco las toman en cuenta para apoyarlas con atención en salud, a pesar del apoyo que han tenido de la Fiscalía de Derechos Fundamentales. En ese sentido solicitan a las diputadas mujeres, como Lisis Sol Velásquez y Yaritza Aray, abocarse a este caso.
“Todavía quedan 58 mujeres en este centro de reclusión y queremos que se revisen nuestros expedientes. Hay mujeres que ya llevan más de tres años presas esperando se les dé esa oportunidad también”, agregó.
Mujeres marginadas
En el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP): Mujeres Privadas de Libertad: Las voces de las mujeres detrás de las rejas, se recopilan testimonios sobre violencia sexual, hacinamiento y amenazas en contra de mujeres reclusas en las cárceles venezolanas.
Hasta mayo de este año eran 87 imputadas de esta comisaría las que esperaban por su inclusión en el Plan de Descongestionamiento Carcelario, de las cuales quedan 57, aun cuando su capacidad instalada es para una población de 15 a 20 internas máximo.
En julio de 2020, mediante un video difundido en redes sociales, 107 mujeres que estaban detenidas en esta comisaría exigieron celeridad en los procesos judiciales, luego de estar cuatro meses sin ser atendidas por los tribunales del estado.
Una de las internas señaló en el video que para entonces había aproximadamente 30 mujeres en fase de juicio, 70 en fase preliminar y 7 imputadas. De las 70 internas en fase preliminar, algunos casos eran de cuatro y cinco años de espera por las audiencias.
Las medidas cautelares que se aplican desde el año pasado se hacen a través de lo que se conoce como régimen de confianza tutelado, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Penitenciario en los artículos 161 y 164.
En mayo, por ejemplo, se les dio el beneficio a 406 privados de libertad en el estado Bolívar, de los cuales 150 obtuvieron medida cautelar bajo la figura de admisión de los hechos, y las penas eran menores a cinco años.
