jueves, 28 marzo 2024
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Más de 80 imputadas en Comisaría Vizcaíno piden su inclusión en el Plan de Descongestionamiento Carcelario

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, Luis Manuel Guevara, recordó que en el sistema penitenciario en el país las mujeres son el grupo más marginado. | Foto William Urdaneta

A propósito de las excarcelaciones que desde agosto del año pasado se realizan como parte del Plan de Descongestionamiento Carcelario, imputadas del Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno pidieron que se les tome en cuenta, no solo para los casos de delitos menores, pues muchas de ellas llevan años esperando por una audiencia preliminar o una apertura de juicio.

“Estamos pidiendo que se nos tomen en cuenta en los planes cayapa, porque cuando vienen para acá se habla de puros delitos menores que van a incluir en el Plan Cayapa, y resulta que aquí hay mujeres esperando hasta cuatro y cinco años por una preliminar y las anotan y no las llaman”, denunció una de las 87 reclusas de este centro de detención preventiva.

Consideró injusto que mientras en otras comisarías o centros penales excarcelan 50 o 60 hombres, en Vizcaíno llegan salir solo tres o cuatro de ellas, y no precisamente porque formen parte de dicho programa de descongestionamiento carcelario.

“Ahorita han salido mujeres porque estaban en espera de su fecha, no porque hayan salido por el plan. Necesitamos que el presidente del circuito, Derechos Fundamentales, la Defensoría del Pueblo, se aboquen a estudiar nuestros casos, a tomarnos en cuenta”, dijo la imputada.

Asimismo agregó: “Somos seres humanos, madres de familia, tenemos hijos afuera esperando por nosotras, hijos que corren también el riesgo de ser delincuentes en un futuro porque no tienen el apoyo de un familiar, de una madre porque estamos presas, porque para la sociedad no valemos nada porque cometimos un error, no merecemos un beneficio, una oportunidad. Estamos cansadas de que nos humillen, de que nos pongan como que somos lo menos”.

También denunció la presunta extorsión o cobro de hasta 200 y 300 dólares en tribunales para poder agilizar las causas.

“La mayoría de las que quedan aquí son por delitos graves y queremos que se estudien nuestros casos. No todas las que estamos aquí somos culpables, hay muchas mujeres inocentes, que les tocó que si el gobierno las agarró, las sembró y si no tuvieron para pagar una vacuna, lamentablemente tuvieron que dejarlas. Todo en esos tribunales está viciado, todo es una extorsión”, denunció.

Reclusas, las más marginadas 

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en Bolívar, Luis Manuel Guevara, recordó que las mujeres reclusas han sido las más marginadas en el sistema penitenciario venezolano.

Esta situación pasa porque el Estado nunca se ha encargado de construir cárceles especiales para mujeres, alimentando el hacinamiento en centros de coordinaciones policiales, que están destinados originalmente para detenciones preventivas.

En el CCP Vizcaíno, en San Félix, cuya capacidad máxima es para una población de 15 a 20 internas, a la fecha hay 87 mujeres privadas de libertad.

En julio de 2020, mediante un video difundido en redes sociales, 107 mujeres que estaban detenidas en esta comisaría, exigieron celeridad en los procesos judiciales, luego de estar cuatro meses sin ser atendidas por los tribunales del estado.

Sobre el plan de descongestionamiento carcelario, Guevara recordó que se ha venido realizando por etapas. Cuando comenzó la cuarentena en marzo del año pasado, el sistema de justicia se paralizó hasta agosto cuando se aplicaron las primeras excarcelaciones con cautelares. Luego se dio una segunda etapa en septiembre.

Las excarcelaciones más recientes fueron entre el 17 y 21 de mayo. El 18 de este mes, en los tribunales de Puerto Ordaz se le dieron cautelares a 58 privados de libertad.

Guevara señaló que en esa semana se incluyeron a 406 privados de libertad en el estado Bolívar, de los cuales 150 obtuvieron medida cautelar bajo la figura de admisión de los hechos, y las penas eran menores a cinco años.