jueves, 18 julio 2024
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Informe sobre masacre de La Vega revela impunidad sistémica de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Hace ya un año del operativo de seguridad en el populoso sector de Caracas que terminó con 23 personas asesinadas a manos de policías y militares, la mayor cantidad de víctimas en una sola incursión en los últimos 50 años en Venezuela.

La ONG defensora de derechos humanos Provea y el Centro de Investigación Gumilla, a través de su proyecto Lupa por la Vida, presentaron el informe A un año de la masacre de La Vega: Responsables deben rendir cuentas ante la justicia, un estudio sobre los antecedentes, contexto, operativo, ejecuciones, denuncias, conclusiones y recomendaciones tras cumplirse un año de la masacre de La Vega, en Caracas.

Para las organizaciones, la impunidad continúa triunfando luego de un año de este operativo de seguridad que dejó más de 20 víctimas. Incluso tras denuncias formales de familias que acudieron a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de Venezuela “no se conoce avance en las investigaciones” recalca en el documento de 36 páginas.

 

Las organizaciones destacan que las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la masacre de La Vega podrían constituir crimen de asesinato como crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

 

El informe denuncia que la casi totalidad de las 23 víctimas primero fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas. Algunas de las personas que sufrieron ejecución extrajudicial fueron fotografiadas aún con vida por los funcionarios policiales, según el material recolectado.

Asimismo, también señala la identidad de algunos de los funcionarios que participaron y que pudieran tener responsabilidad en los crímenes perpetrados, pero que a un año de la masacre no han comparecido ante la justicia.

Los hechos

El 8 de enero de 2021, 23 personas fueron asesinadas en el sector popular La Vega, suroeste de Caracas, Venezuela. Todos eran civiles y no se reportó ninguna muerte de funcionarios policiales y militares.

En todos los reportes difundidos por medios independientes, redes sociales, e información del director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se señalaron heridos y asesinatos de presuntos delincuentes durante enfrentamientos armados.

 

Las organizaciones alertan que esta masacre fue resultado de una política de Estado con ejecuciones extrajudiciales sistemáticas

 

En el informe aparece que los parientes de las víctimas y vecinos de la zona denunciaron que los asesinados no estaban vinculadas a bandas delictivas, pero fueron ajusticiados luego de haber sido detenidos dentro de sus viviendas o en la calle.

Aunque la versión oficial contradice con la versión de los familiares de las víctimas y la población, no se ha abierto una investigación.

Política sistemática 

Ambas organizaciones alertan que la masacre de La Vega es el resultado de una política de Estado con ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas contra la población civil en las zonas pobres de Venezuela, las cuales podrían constituir crímenes de derecho internacional.

“Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano”, denuncia el informe.

Tras un año, los dolientes no han recibido un trato digno, denuncian. Además aseguran que es inhumano ocultar información de lo que pasó, no tramitar las denuncias y dejar a las familias desamparadas en la búsqueda de justicia.

También el informe relata ejecuciones extrajudiciales como la de los hermanos Ángel Jesús y Giovani Daboín Palma Martínez, de 27 y 32 años respectivamente, quienes fueron detenidos sin una orden judicial y ajusticiados en su casa a manos de nueve funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

“Los funcionarios le dispararon a Ángel primero un tiro en la pierna y no dejaron que sus familiares lo atendieran, a pesar que solicitaba ayuda. Luego le dieron un tiro a la altura del tórax. Sin embargo, su muerte no fue instantánea. Pedía auxilio y los funcionarios no le prestaron auxilio ni permitieron que su tío y hermanos lo auxiliaran. A Giovanni le disparan en otro lugar de la casa. Le dan dos tiros. Uno en la frente de la cabeza y otro en el tórax. El acta de defunción no deja señalado el tiro recibido en la frente de la cabeza”, expone el documento.

Silencio de la justicia 

Alfredo Infante, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de La Vega y miembro del Centro Gumilla, denunció que en el marco del operativo policial se crearon “falsos positivos”, pues según el estudio la mayoría de las víctimas no estaban en la confrontación ni vinculadas a las bandas delictivas.

Infante alertó que, a pesar de la magnitud de los hechos, ni el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ni el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se han pronunciado tras 12 meses y no han abierto ninguna averiguación que se conozca.

Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, destacó que el informe insta a que el Ministerio Público dé a conocer la identidad de cada una de las víctimas del operativo policial militar que culminó en una masacre, “el ministerio debe garantizar protección a los testigos claves y familiares de cada una de las víctimas”, insiste.

Alvarado recalcó que la Defensoría del Pueblo debe convocar y acompañar a los familiares en la exigencia de justicia, exhortando y cooperando con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.

Exigencias ante la impunidad 

Las organizaciones defensoras de DD HH exigen a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en la masacre de La Vega, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Personas como la almirante Carmen Meléndez, quien en su momento era la que dirigía todos los organismos policiales en Venezuela, al frente del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz; a José Miguel Domínguez, director de las FAES que dirigió el operativo; como a otros funcionarios que participaron.

Además piden que se disuelva a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana por su amplio prontuario de graves violaciones a los derechos humanos. Reiteran su llamado de alerta a los cuerpos armados del Estado que continúan realizando privaciones arbitrarias de la vida: “Deben cumplir con los protocolos de actuación de la fuerza pública en operativos de seguridad ciudadana con plena preservación de los derechos humanos”.

Finalmente señalan que se debe indemnizar a cada una de las familias afectadas por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la masacre de La Vega. Lamentan que la crisis de los servicios públicos y los reclamos de la población de La Vega continúen sin ser escuchados. (Con información de Lupa por la Vida)