La ONG Fundaredes publicó el 6 de noviembre el boletín 42 el cual señala que 26 personas han desaparecido en las minas de Bolívar desde el año 2019.
Fundaredes aclaró que de ese total, 18 ciudadanos desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca 24.383 kilómetros cuadrados y en el cual hay gran cantidad de minas.
La ONG detalló que en dicha localidad se han documentado reiterados hechos violentos propiciados por grupos armados irregulares de origen colombiano, los autodenominados sindicatos, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos, por funcionarios militares o policiales.
Fundaredes afirmó que debido a la posición geográfica del municipio Sifontes, sirve como ruta de escape para los migrantes que huyen de la emergencia humanitaria compleja hacia Brasil y otros países de América Latina. Sin embargo, las personas que utilizan este paso terminan siendo víctimas de agrupaciones criminales.
Daño ambiental
El estado Bolívar también es un territorio donde la desforestación y la contaminación por mercurio en el agua proveniente de la minería ilegal están acabando con importantes afluentes como los ríos Icabarú, Paragua y el Caroní, pues la explotación indiscriminada de riquezas minerales “causa daños irreversibles a la naturaleza y al hombre”.
Fundaredes ha denunciado ante los órganos del Estado venezolano la destrucción de 1.200 hectáreas de selva virgen, lo que pone en riesgo a diversas especies animales y obliga al desplazamiento de personas.
Un trabajo de investigación periodística publicado en el diario español El País a inicios de 2022 revelaba, con apoyo en imágenes satelitales y acuciosas mediciones, que la deforestación en la zona minera del sur del país es tan enorme que abarca el equivalente a 4 mil canchas de fútbol.
Denuncias no escuchadas
Fundaredes, a través de su equipo de activistas en las regiones, ha recibido denuncias de personas víctimas de desaparición forzada en los municipios El Callao y Sucre, además de Sifontes, en el estado Bolívar.
Estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y organismos internacionales como el alto comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 25 de mayo de 2021, la organización denunció ante el Ministerio Público de Ciudad Bolívar la desaparición de Dionisio Guzmán y los hermanos Jhon Jairo y Yahir Castellanos en la mina El Kino. El 1 de junio de 2021, Fundaredes denunció la desaparición de Henry Linares en las minas de Sierra Imataca.
El 9 de septiembre de 2022 se interpuso una denuncia en la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, con nota de remisión a la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo, sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, al igual que la presencia de grupos armados irregulares y la minería ilegal.
