miércoles, 29 de junio de 2022

Foro Penal y familiar de joven indígena herido denuncian ante ministerio violencia en Parima B

Abogado de Foro Penal reporta que el asesinato de los cuatro yanomamis en Parima B se maneja con hermetismo. En la comunidad ubicada al sur de Amazonas impera la tensión.

Abogado de Foro Penal reporta que el asesinato de los cuatro yanomamis en Parima B se maneja con hermetismo. En la comunidad ubicada al sur de Amazonas impera la tensión.

@mlclisanchez

Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, informó que este 30 de marzo acudió al Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo junto a Gabriel Silva -hermano del adolescente que recibió dos disparos de militares-, para denunciar formalmente los hechos violentos ocurridos la tarde del 20 de marzo en Parima B, sur de Amazonas, en los que cuatro indígenas fueron asesinados.

“Emitimos denuncias y también la solicitud de las actuaciones que hasta ahora se han realizado en virtud del caso. Ha habido un hermetismo total desde el 20 de marzo, cuando ocurrieron los hechos, y cuando Sifontes Borges, de 16 años, fue herido por arma de fuego de alto calibre. Esperemos pronto las respuestas de ambas instituciones para continuar con el proceso legal pertinente”, manifestó el abogado vía redes sociales.

Borges Sifontes, adolescente de 16 años, ha sido sometido a tres cirugías pues recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo que le provocó una fractura a la altura del hombro, y otro en la pierna derecha.

Sin avances legales 

Autoridades manejan el caso con hermetismo y hasta ahora los hechos que defensores de derechos humanos definen como ejecuciones extrajudiciales y masacre, continúan impunes.

Provea calificó el hecho como una grave violación a los derechos humanos que puede constituir un crimen de lesa humanidad.

Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público, designó al fiscal 91 en materia indigenista y la fiscal cuarta de derechos humanos para investigar los hechos.

La Defensoría del Pueblo en Amazonas tiene un expediente abierto, pero sin avances.

La comunidad indígena exige justicia por lo sucedido, exige la presencia de la vicepresidenta del país en la comunidad, y que el caso se judicialice en territorio yanomami. También impiden la salida de los funcionarios militares hasta que se esclarezca lo ocurrido.

Solo permitieron la salida de dos militares heridos hace apenas cinco días: el primer teniente de Aviación, Eduar José Evans, de 25 años, y el soldado de Aviación, Jefferson Jesús Sebastián Garrido, de 18 años.

De acuerdo con Ortiz, ambos funcionarios requerían atención quirúrgica y fueron ingresados al Hospital José Gregorio Hernández, en Puerto Ayacucho. Ortiz señaló que la Aviación suspendió los vuelos desde y hacia La Esmeralda.

Violencia en Parima B 

Cuatro indígenas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados por militares del componente de Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la tarde del domingo 20 de marzo en Parima B, sur del estado Amazonas. Una comunidad remota a la que solo se accede vía aérea.

Luego de que militares negaran acceso a internet a los indígenas yanomamis, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución de un dispositivo de internet propiedad del capitán de la comunidad. Los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena, y fue entonces cuando presuntamente su hijo tomó el armamento de un militar y disparó a tres funcionarios para liberar a su padre.

Cinco personas resultaron heridas, entre estas dos militares, según información preliminar. Pues aún no hay balance oficial de víctimas.

Distintas ONG, parlamentarios y miembros de la sociedad civil han condenado el hecho violento y han solicitado al Estado una investigación imparcial.

Este martes, Romel Guzamana, parlamentario de la Asamblea Nacional (2015) pidió a Naciones Unidas (ONU) que envíe una comisión para que investigue la muerte de los indígenas yanomamis, y otros hechos violentos ocurridos en Santa Elena de Uairén, Chamuchina e Irotatheri.

Otras organizaciones indígenas como Kuyujani y Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) exigen al Estado la capacitación de militares para actuar en territorios indígenas.

Los pueblos indígenas en Venezuela han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por acción u omisión del Estado, situación que se agrava con el avance de la minería en sus territorios.

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