“Hermano, por favor, regresa esta vez, que tenemos tiempo que no te vemos la cara”, fue lo que Lila Caraballo le dijo a su hermano la última vez que habló con él, el 15 de noviembre de 2020. Ahora, al llamar a ese mismo número de teléfono, contesta otra persona, y a veces suena apagado.
Natanael José Caraballo Goy, de 44 años, desapareció en las minas del sur del estado Bolívar a mediados de 2020. De acuerdo con lo que fuentes allegadas informaron a su familia, la última vez que se le vio fue en diciembre del año pasado en la mina Las Garzas, ubicada en el kilómetro 88 del municipio Sifontes, estado Bolívar. El yacimiento se encuentra adyacente al río Cuyuní.
La última vez que llamó, Caraballo le prometió a sus hermanas y a su madre que regresaría el 15 o el 20 de diciembre. Pero el tiempo pasó, y no volvió a llamar, ni siquiera para las festividades de navidad.
Caraballo trabaja en el territorio minero desde hace dos años, primero se dedicó a la instalación de postes eléctricos para una corporación militar. Y más recientemente comenzó a dedicarse al desmalezamiento, y a la minería de pala (recoger arena de los pozos mineros y lavarla). “Teníamos un año y pico sin verlo, pero no se perdía la comunicación, era constante. No entendemos la razón de tanto silencio, tememos que le haya pasado algo malo”, manifestó su hermana Lila.
|
80 personas han desaparecido en la región Guayana entre 2012 |
Desde que lo dieron por desaparecido, su familia comenzó a emprender la búsqueda por cuenta propia, preguntando a conocidos y allegados que también están en la zona minera. Hasta que luego decidieron poner la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero hasta ahora, como suele suceder con todos los casos de desaparición, los parientes no perciben avances en la investigación institucional, ni se sienten protegidos o parte del proceso de búsqueda del cuerpo policial.
Desde que el hombre desapareció, a los oídos de sus hermanas y madre ha llegado todo tipo de información sin confirmar sobre su paradero, ninguna fidedigna.
“Queremos tranquilizar a mi mamá que está sufriendo. Como hermanos, nosotros también sufrimos, pero mi mamá es la que está más decaída. Esto no es fácil, es la primera vez que pasamos por esto. Lo más que se tardaba él en comunicarse era 15 o 20 días que no llamaba a mi mamá”, expresó su hermana.
Natanael Caraballo es de tez morena, mide 1,90 metros de estatura aproximadamente, tiene un tatuaje a la altura del hombro del brazo derecho con las iniciales de su nombre en letra cursiva. También tiene la cicatriz de una hendidura en su mejilla derecha.
De tener alguna información confirmada sobre su paradero, familiares ponen a disposición los teléfonos 0424-9365289 y 0424-9350090.
Sin protección
Conforme se agudiza la emergencia humanitaria compleja también aumenta la migración de profesionales y obreros no solo hacia el extranjero, sino hacia las zonas mineras de la región Guayana, especialmente al sur del estado Bolívar.
Lo hacen para mejorar sus ingresos económicos. Al desplazarse, su condición de vulnerabilidad aumenta, no solo por estar en una situación de movilidad en la que no se les garantiza el acceso a agua, saneamiento, higiene, alimentación y resguardo, sino porque su destino es una zona envuelta en violencia desde que, en 2016, el Estado decretara la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO).
Desde entonces, allí y en la zona sur aumentaron los enfrentamientos entre grupos armados delictivos, miembros de la guerrilla colombiana y grupos armados del Estado con el fin de apoderarse de las minas. Situación sobre la que el régimen ejerce poco control, propiciando la anarquía. En medio del conflicto ocurren desapariciones y asesinatos.
Una investigación liderada por un grupo de periodistas independientes junto a la organización Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reveló que entre 2012 y 2020 desaparecieron más de 80 personas vinculados directa e indirectamente con la minería en la región Guayana. De acuerdo con la investigación solo 50% de las personas cuya desaparición está confirmada, han aparecido.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que los gobiernos junto a las fuerzas armadas están –de acuerdo con estándares internacionales que los mismos estados ratifican– obligados a brindar toda la información que dispongan y hacer sus mayores esfuerzos para reunir a los familiares con los desaparecidos en contextos violentos.
CICR también señala que los parientes de las personas desaparecidas también son víctimas que requieren apoyo psicosocial durante el proceso de búsqueda. Pues una desaparición genera dolor, angustia e incertidumbre.
En Venezuela hay un vacío jurídico, que también propicia la falta de protección psicosocial de los familiares que buscan a sus seres queridos.
¿Tienes familiares desaparecidos?
En caso de tener un familiar desaparecido, Correo del Caroní pone a disposición la dirección: [email protected] para hacer el reporte.
