Familiares de varios de los asesinados durante la “operación Trueno”, como se nombró al operativo policial el fin de semana en los Valles del Tuy, estado Miranda, denunciaron que algunos no se “enfrentaron” a las autoridades, sino que fueron ejecutados extrajudicialmente por los funcionarios.
En declaraciones a Monitor de Víctimas, Rosalía, hermana de una de las víctimas, aseguró que su familiar no estaba armado. “La Policía lo asesinó a sangre fría, sin permitirle que dijera una palabra”.
La mujer, quien no quiso revelar su apellido, reconoció que su hermano tenía registro policial, pero cuestionó que no se le respetara su derecho a la vida. “Debieron detenerlo y que un juez decidiera su destino”, indicó Rosalía a las afueras de la morgue de Ocumare del Tuy.
A través de las redes sociales, habitantes del sector El Dividive de Charallave también se quejaron de la actuación policial. En esta comunidad mataron a Lewis Joel Banquez López, quien poseía registro por el delito de robo genérico ante la Delegación Municipal del Cicpc de Ocumare del Tuy, según el expediente PMCR916, de fecha 16/01/2018.
La versión del enfrentamiento igualmente fue desmentida por otro vecino de El Dividive. “Por más delincuente que sea, si es el caso, todos tenemos derecho a ser juzgados y a la defensa”, consideró.
Los deudos además denunciaron que no les permiten velar a sus parientes. “La orden es que los enterremos apenas nos entreguen el cadáver en la morgue”, señaló Luisa Contreras, prima de uno de los fallecidos.
El despliegue policial conocido como “operación Trueno” se desarrolló en los seis municipios que conforman los Valles del Tuy, entre los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Participaron al menos 900 oficiales, según la información oficial. Aunque la acción estuvo comandada por diferentes direcciones de la PNB, luego se unieron otros organismos de seguridad como el Cicpc, Conas y la Guardia Nacional.
Hasta la fecha, las autoridades no han dado un balance oficial del operativo, aunque se conoció de 20 muertos “en enfrentamientos” y la captura de al menos 30 supuestos delincuentes, pertenecientes a la banda de Deiber Johan González, conocido como Carlos Capa, así como la detención de dos jefes policiales, entre ellas la directora de PoliYare, Patricia Rodríguez López, por su supuesta vinculación con este grupo.
En total fueron identificadas ocho víctimas con nombre y apellidos, cinco solo con supuestos alias y otras siete víctimas no fueron identificadas.
A la mencionada banda se le atribuye el asesinato de un policía y su esposa el 4 de septiembre, en San Francisco de Yare, al igual que el incremento de las estafas a través de falsas ventas de vehículos por Marketplace en Ocumare del Tuy y las amenazas que han recibido algunos organismos de seguridad.
La incursión no solo sorprendió a las bandas armadas que operan en esta subregión mirandina, sino también a los cuerpos de seguridad locales. La idea era evitar que se fugara información debido a la presunta vinculación de policías con líderes hamponiles. Por ello los oficiales que comandaron los procedimientos eran foráneos.
