sábado, 24 de septiembre de 2022

Familiares de Alyamil Torres piden ratificación de sentencia para uno de los imputados por su femicidio

Dos de los tres implicados en el femicidio de la joven de 26 años oriunda de Ciudad Piar han sido enjuiciados. Uno de ellos, con sentencia condenatoria mínima.

Dos de los tres implicados en el femicidio de la joven de 26 años oriunda de Ciudad Piar han sido enjuiciados. Uno de ellos, con sentencia condenatoria mínima.

@mlclisanchez

Familiares de Alyamil Torres, mujer de 26 años asesinada en Ciudad Piar, estado Bolívar, el pasado 15 de marzo de 2021, piden la ratificación de la sentencia condenatoria para D. A. Bugarin, de 18 años, uno de los tres implicados en su femicidio.

Luego de cinco diferimientos de audiencia, el Tribunal II de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial del estado Bolívar sede Ciudad Bolívar declaró culpable a Bugarin por los cargos de homicidio calificado en la ejecución de un robo en grado de coautoría, y fue sentenciado a 10 años de prisión el pasado 15 de noviembre de 2021.

 

En el expediente acusatorio, Fiscalía desestimó que la muerte de Alyamil Torres se tratase de femicidio y omitió el informe de la autopsia

 

Pero en diciembre de ese año, su defensa interpuso un recurso de apelación que la Corte de Apelaciones aceptó. Por lo tanto, la nueva audiencia de juicio se programó para el miércoles 18 de mayo en el Tribunal Accidental en Funciones de Juicio en Materia de Responsabilidad Penal Adolescente.

Familiares y sociedad civil esperan la ratificación de la sentencia condenatoria.

“Nosotros, los padres de Alyamil Josefina Torres Pino le pedimos al Señor Jesucristo que ilumine a las partes administradoras de justicia. Que ilumine y le dé mucha sabiduría para que se ratifique la sentencia condenatoria, ya que existen suficientes elementos probatorios que señalan a D. A. Bugarin como implicado en el asesinato cruel y monstruoso de mi hija”, manifestó Alfredo Torres.

“Es extremadamente injusto en materia legal que se dicte otra medida que no sea condenatoria”, agregó.

Solo uno de tres implicados ha sido condenado 

Por el femicidio de Torres, solo uno de los tres implicados -J. J. Moreno, primo de la víctima- ha sido condenado y con sentencia mínima de seis años y ocho meses.

El tercer implicado, A. J. Aguilera Jiménez, de 18 años, tuvo audiencia de presentación en febrero de 2022. No admitió los cargos e inició el proceso de juicio en su contra. Hasta la fecha ninguno de los cuatro tribunales de juicio de Ciudad Bolívar ha tomado el expediente.

A. Bugarin fue condenado a 10 años de cárcel por el femicidio de Torres, pero su defensa apeló y la etapa conclusiva de juicio se reprogramó | Foto cortesía

Alyamil Torres, joven comerciante de Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, fue asesinada el 15 de marzo de 2021. Tres hombres -dos de ellos menores de edad en ese momento- entraron a su vivienda para robarla. La golpearon, amarraron y estrangularon, según el parte oficial.

Su cuerpo fue hallado desnudo en el baño de su casa, con signos de abuso sexual.

En el expediente acusatorio, Fiscalía desestimó que la muerte de Alyamil Torres se tratase de femicidio y omitió el informe de la autopsia.

En la audiencia de presentación de los adolescentes, la Fiscalía solicitó la calificación del delito como homicidio calificado con agavillamiento, pero luego cambió la acusación a homicidio calificado, en la ejecución de un robo en grado de coautoría. Esto, aunque familiares lucharon para que el delito se calificara como femicidio agravado.

Alyamil Torres es una de las 19 mujeres víctimas de femicidio en Bolívar durante 2021 de acuerdo con el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

La organización registró un aumento de casos de violencia de género entre 2019 y 2021 y lo atribuye a la negligencia del Estado para educar, prevenir y sancionar a los agresores.

La búsqueda de justicia para las sobrevivientes o familiares de las víctimas de violencia se dificulta ante los tratos revictimizantes, desatención de solicitudes de protección y demás violaciones al debido proceso que además constituyen graves violaciones a sus derechos humanos.

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