Familiares de Alyamil Torres, joven comerciante de 26 años asesinada en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, denuncian falta de imparcialidad de la jueza que lleva la causa en el Tribunal Penal de Juicio Sección adolescentes de Puerto Ordaz.
Esto luego de que el tribunal mencionado emitió una boleta de excarcelación a favor de D.J. Bugarin, uno de los tres implicados en el femicidio. De ahora en más, Bugarin enfrentará el juicio en libertad.
La familia de la víctima denuncia que la jueza favorece al acusado al ignorar los riesgos de fuga, y la gravedad del delito cometido en perjuicio de Torres.
Dos años en búsqueda de justicia
El pasado 15 de marzo de 2023 se cumplieron dos años del femicidio de la joven. Tres hombres -dos de ellos con 17 años en ese momento– entraron a su vivienda para robarla. De acuerdo con el parte oficial, los victimarios la golpearon, amarraron y estrangularon.
En el expediente acusatorio, la Fiscalía desestimó que la muerte de Torres se tratase de femicidio y omitió el informe de la autopsia.
Luego de múltiples irregularidades, el Ministerio Público determinó la coautoría de tres personas en el delito: el primo de Alyamil Torres, J.M. Pino, a quien le fue impuesta una sanción de seis años y ocho meses por ser menor de edad y admitir la culpa, y sus cómplices, Anthony Aguilera, de 18 años, a quien se le impuso una sentencia condenatoria de 15 años de prisión tras admitir la culpa, y D.J. Bugarin, de 17 años, quien no admitió los cargos y por lo tanto, fue a juicio.
El 31 de mayo de 2021 inició el juicio contra D.J. Bugarin, en principio, ante el Tribunal de Juicio de Responsabilidad Penal del Adolescente Circuito Judicial de Ciudad Bolívar. En ese entonces el juez declaró culpable a Bugarin y lo condenó a 10 años de prisión por ser menor de edad. Condena que debía cumplir en el retén de varones de Ciudad Bolívar.
Sin embargo, su defensa apeló y la Corte de Apelaciones admitió el recurso, anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. El nuevo juicio inició en septiembre de 2022, en medio de varias interrupciones.
Finalmente, el caso fue remitido a Puerto Ordaz, donde el juicio sufrió otra serie de interrupciones hasta que la juez en competencia, Damelis Villalba determinó que, según su apreciación, no existen elementos probatorios que indicaran la participación del acusado en el delito puesto que las pruebas testimoniales no estaban bien sustentadas.
“Nos dijo que la defensa había solicitado un cambio de medida del acusado y que ella la iba a aprobar”, narró Alfredo Torres, padre de la víctima.
A raíz de esto, familiares de la víctima solicitaron una recusación, es decir, pidieron a la Corte de Apelaciones que aparte de la causa a la jueza, por considerar que no está siendo justa o imparcial.
Pero la instancia no favoreció la incidencia de recusación, por lo que el expediente del caso permanecerá en los tribunales de Puerto Ordaz a cargo de la misma jueza.
La próxima audiencia de juicio está pautada para el martes 18 de abril. “Nosotros lo que queremos son garantías de que se hará justicia”, manifestó el padre de la víctima.
Desde el principio hubo faltas al debido proceso
En la audiencia de presentación de los adolescentes, la Fiscalía solicitó la calificación del delito como homicidio calificado con agavillamiento, pero luego cambió la acusación a homicidio calificado, en la ejecución de un robo en grado de coautoría.
Esto, aunque con pruebas en mano la representación legal de la víctima solicitó en reiteradas ocasiones, que el delito se calificara como femicidio agravado.
Además de que la audiencia preliminar fue diferida en al menos cinco ocasiones y que se les dictó la pena mínima a los adolescentes involucrados en el crimen, parientes y abogados cercanos al caso detectaron otras irregularidades en el proceso: omisiones en el expediente, y el hecho de que la acusación presentada por el Ministerio Público favorece a los victimarios.
En el informe de la acusación, el Ministerio Público no incluyó el protocolo de la autopsia y demás elementos establecidos tras la investigación que levantó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A dos años de su muerte, familiares y sociedad civil en general continúan pidiendo justicia y reparación.
51 femicidios, y al menos 662 casos de distintos tipos de violencia en los últimos tres años
Alyamil Torres es una de las 19 mujeres que fueron víctimas de femicidio en Bolívar durante 2021, de acuerdo con el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
El femicidio es la manifestación más grave de violencia de género, un patrón que va en aumento alimentado por la impunidad y ausencia de políticas públicas acertadas, que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
De acuerdo con el monitoreo de Codehciu en Bolívar ha habido un aumento de hasta 107% de casos de violencia de género, si se hace una sumatoria y comparativa anual de la cantidad de hechos que trascienden a la prensa regional.
Un recuento: en 2020 la organización reportó una cifra de 19 femicidios y 147 casos de violencia de género. En 2021, la cifra de femicidios que trascendieron a la prensa se mantuvo en 19, pero la cantidad de casos de violencia de género aumentó a 210.
El año pasado, hubo al menos 13 mujeres víctimas de femicidio, y otras 305 víctimas de distintos tipos de violencia de género.
En suma, en los últimos tres años han ocurrido 51 femicidios, y al menos 662 casos de distintos tipos de violencia contra la mujer en Bolívar.
Estas cifras son apenas un subregistro ante la falta de datos oficiales que permitan determinar la incidencia real de este flagelo social.
