La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su Informe Anual del Monitoreo de Violencia Basada en Género y Presuntas Ejecuciones Extrajudiciales en Bolívar y Monagas correspondiente al año 2022. El estudio reportó 305 víctimas de violencia basada en género y 13 femicidios en Bolívar, siendo Caroní y Heres los municipios con mayor incidencia de casos.
El informe y su interpretación estuvo a cargo de la coordinadora general de Codehciu, Mairis Balza, quien aseveró que este estudio busca ofrecer un subregistro de datos para recopilar información sobre la cantidad de víctimas de violencia basada en género, la caracterización de cada caso y la evolución de las denuncias dentro de los órganos impartidores de justicia, toda vez que el Estado no ofrece una data oficial al respecto.
Según esta oenegé, hubo 305 casos de violencia basada en género durante 2022 en Bolívar, de los cuales 139 respondieron a la clasificación de violencia física; 110 a violencia psicológica, y 36 fueron casos de violencia sexual.
Hay que señalar que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla 19 posibles tipos de violencia contra la mujer, abarcando la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y la trata de personas, entre otras.
En el estado Monagas se reportaron 6 femicidios durante el 2022, y 77 casos de violencia basada en género, cuya categorización más recurrente fue la violencia física, violencia sexual y 6 casos de trata de personas.
Debido a la dificultad de acceso a la información en el estado Delta Amacuro, solo se estudió el primer semestre de 2022 donde se reportaron 14 casos de violencia contra la mujer.
“Uno escucha generalmente: ¿por qué hizo eso? Porque tiene poder para hacerlo. Condiciones culturales, patriarcado. Los hombres, en el ámbito familiar, social y laboral, puede que no agarren a la mujer por el cabello, pero estamos claros que hay formas simbólicas de agarrar a la mujer por el cabello y arrastrarla. La situación social de la víctima también puede ponerla en una situación de vulnerabilidad”, alegó la coordinadora de Codehciu y expositora del estudio, Mairis Balza.
Incremento de casos con respecto al 2021
Pese a que, según Balza Bolívar es uno de los estados donde hay mayor resolución de casos en torno al tema, se presentó un incremento interanual de 40% con respecto a los casos registrados en el 2021.
Mientras que en 2021 se contabilizaron 222 casos de violencia basada en género, el 2022 recopiló 305, es decir, los índices van en aumento. Esto, según la oenegé, debido a la ausencia de políticas públicas que reduzcan las relaciones desiguales y combatan la impunidad.
 Para evaluar un caso no se puede ver solo cuántos golpes tiene la mujer. Sin presunción de la verdad y apurando la evaluación psicológica. Muchas veces la evaluación psicológica no está vista como elemento de prueba para garantizar la justicia, sino más bien como un elemento para ver si se puede desestimar a las víctimas”, Mairis Balza |
A su vez, la ausencia de funcionarios sensibilizados y con conocimiento en materia de género suscita que muchas víctimas decidan no denunciar a sus agresores por temor a ser revictimizadas por quienes laboran en los organismos receptores de denuncia.
“Para evaluar un caso no se puede ver solo cuántos golpes tiene la mujer. Sin presunción de la verdad y apurando la evaluación psicológica. Muchas veces la evaluación psicológica no está vista como elemento de prueba para garantizar la justicia, sino más bien como un elemento para ver si se puede desestimar a las víctimas. Hay poca comprensión de lo que significa someter a una persona a evaluación psicológica. A veces piden hasta repetición de evaluación psicológica en menos de 6 meses para tratar de comprobar algo que ya está claro”, esgrimió Balza.
Mujeres indígenas: una realidad poco ahondada
La vocera de la oenegé informó que iniciaron algunos procesos de investigación en el municipio Gran Sabana, con la finalidad de recolectar datos del sur del país.
Al respecto, durante los 15 días que duró la investigación, se reportaron 12 casos de violencia sexual, más de la mitad de las víctimas son mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.
En este sentido, Balza enfatizó en la ausencia de profesionales que puedan atender estos casos respetando la cosmovisión de los pueblos autóctonos, sus ritos y lenguaje nativo.
A su vez aclaró que hay poca data disponible de esta zona del país debido a la falta de acceso al lugar.
Falta de políticas públicas y educación con enfoque de género
Entre las recomendaciones de Codehciu resaltan el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que permitan dar respuesta oportuna a los casos, priorizando aquellos de mayor gravedad y promoviendo la justicia.
También se sugieren al Estado venezolano trabajar para sensibilizar a los funcionarios públicos y a la colectividad en general para la prevención y atención de las mujeres que son víctimas de violencia de género.
| Los hombres, en el ámbito familiar, social y laboral, puede que no agarren a la mujer por el cabello, pero estamos claros que hay formas simbólicas de agarrar a la mujer por el cabello y arrastrarla. La situación social de la víctima también puede ponerla en una situación de vulnerabilidad” |
Toda vez que exhortan a la universidad y centros educativos a impartir cátedras especializadas en derechos humanos e incluir una perspectiva de género en los diferentes programas educativos.
Esta recomendación está contemplada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; no obstante, no está siendo impulsada por los centros de estudios públicos ni privados del país.
Opacidad en data oficial y ausencia de casas de abrigo
En torno a las obligaciones gubernamentales, la falta de data oficial sobre casos de violencia de género y femicidios en el país es una realidad en Venezuela, esto hace más complicado describir las tendencias de los casos y caracterizarlos según sus particularidades.
Es por ello que la organización recomienda investigar, hacer seguimiento, registrar y publicar las cifras oficiales en torno a los casos e investigaciones procesadas por los organismos competentes.
Asimismo, como última recomendación se sugiere habilitar casas de abrigo, obligación del Estado venezolano comprendida en la ley y que se incumple desde 2017, donde las víctimas puedan acudir si necesitan resguardo, especialmente para aquellas que viven con sus agresores.
Según la ley, las casas de abrigo debían existir en todos los estados del país y mantenerse en óptimas condiciones, aunque desde 2017 la mayoría ha cerrado, situación que se agravó por la pandemia. Actualmente solo está activa Casa Violeta, ubicada en el estado Táchira.
“Las mujeres no tienen dónde resguardar su integridad para casos de emergencia. Una mujer puede llamar a las 12:00 de la noche, está en peligro. Nosotros solo podemos decir: escóndete en el baño, sal por la puerta de atrás. Es importante contar con estos espacios que cuenten con las características de una casa de abrigo que cuente con la privacidad y confidencialidad necesaria”, manifestó la vocera de la organización.
