@mlclisanchez
30 personas fueron asesinadas entre enero y mayo de 2021 a manos de cuerpos de seguridad estatales en Bolívar, según el monitoreo de ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Solo entre abril y mayo, 13 personas fueron ejecutadas a mansalva por entes policiales o militares en los municipios Caroní, Piar y Angostura del Orinoco. Esta cifra supone 80% menos casos que los reportados en este mismo período en 2020, cuando se reseñaron 65 ejecuciones extrajudiciales en el estado.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el principal victimario, pues fue responsable de la muerte de ocho personas. Las demás víctimas fueron asesinadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Policía del estado Bolívar (PEB).
Codehciu exhortó al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad.
La organización citó el caso de José Gregorio Sifontes, de 32 años. El hombre fue ejecutado por funcionarios del Cicpc en Angostura del Orinoco durante un presunto enfrentamiento. Sifontes estaba solicitado por el femicidio de su expareja, Yohendrys Zulay Rodríguez, de 29 años, a quien asesinó de un disparo en el ojo izquierdo el 7 de junio.
Crímenes de lesa humanidad
Durante el primer trimestre de este año, 53% de las ejecuciones extrajudiciales contabilizadas por Codehciu ocurrieron en el municipio Caroní. La letalidad policial y militar continúa aún cuando hay evidencia y documentación de alcance internacional de que el Estado comete crímenes de lesa humanidad tal como expone en su informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos.
Esta última instancia documentó en su más reciente informe 223 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que el patrón se mantiene: funcionarios policiales plantan evidencia y simulan un enfrentamiento cuando las víctimas están desarmadas y en la mayoría de los casos en sus hogares.
El patrón se evidencia en el caso del ajusticiamiento de los jóvenes José Enrique González, de 23 años, y su cuñado Johandris Blanco, de 24 años, por efectivos de las FAES la madrugada del 7 de septiembre de 2020, en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Ambos eran comerciantes en el poblado.
El asesinato ocurrió luego de que una comisión de las FAES tumbara la puerta principal de la casa de González mientras él y Blanco dormían. De acuerdo con el testimonio de sus familiares en entrevista con Correo del Caroní, los funcionarios desnudaron a los jóvenes, los pusieron de rodillas con manos en la cabeza y acto seguido les dispararon en el pecho y el estómago. Luego, simularon un enfrentamiento.
Los familiares de las víctimas en este contexto tienen derecho a una investigación imparcial de los hechos. Solo eso garantiza su no repetición.
El derecho a la vida debe respetarse sin distinciones de ningún tipo, aunque algunas víctimas también hayan sido victimarios de otro crimen. El Estado tiene la obligación de proteger, respetar y hacer efectivo este derecho; por eso debe investigar toda muerte de civiles que ocurra mientras están bajo custodia estatal.
¿Qué es una muerte potencialmente ilícita?
Con base en el protocolo de Minnesota, Codehciu explica en el informe que las muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales son aquellas que:
● Fueron causadas por acción u omisión del Estado (es decir, cualquier funcionario u organización pública). Esto incluye no solo muertes perpetradas por cuerpos policiales y militares, sino también por paramilitares, milicias o cualquiera que actúe bajo la dirección del estado o con su consentimiento, pues el Estado tiene la obligación de respetar la vida humana.
● Fueron causadas mientras la víctima estaba bajo la custodia del Estado o privada de libertad.
● Fueron causadas por el incumplimiento del Estado en su obligación de proteger la vida humana. O sea, toda situación donde el Estado no actúe con diligencia para proteger a la persona.
