Tres indígenas de la etnia jivi y un criollo fueron asesinados en la mina El Silencio del municipio Sucre, estado Bolívar, el miércoles 28 de abril. Entre los fallecidos está el capitán general del pueblo jivi en la zona, Nelson Martín Pérez Rodríguez, de 30 años de edad.
De acuerdo con el parte oficial publicado este jueves, el crimen ocurrió en la comunidad indígena de la población Puerto Cabello del Caura. Aunque el capitán de esa comunidad, Arcadio Rondón, reportó la muerte de al menos 12 personas, las autoridades solo ubicaron cuatro cuerpos que fueron trasladados en dos vehículos blancos particulares hasta Maripa.
Wilmer José Castro, de 42 años, Miguel Antonio Rivas Morales, de 34 años, y Carmen Lusdary Rondón, de 28 años, son las otras víctimas que laboraban en ese sector minero. Los fallecidos pertenecían a las comunidades La Felicidad y La Urbana.
La Policía del estado Bolívar (PEB) reportó que el autor del ajusticiamiento es un grupo armado que opera en la zona. Sin embargo, fuentes internas de la comunidad sostienen que en esta ocasión se trató de un ataque en contra de quienes hacen vida en el yacimiento, por parte de un grupo guerrillero que hasta ahora no identifican.
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La violencia y la contaminación ambiental se apoderaron de los territorios indígenas, lo que trae como consecuencia inevitable la alteración de sus formas de vida |
“Un grupo armado junto a algunos jivis llegaron y pidieron desalojar el lugar”, reportó un vocero indígena que pidió el resguardo de su identidad. El hombre informó que muchos habitantes de la zona se asentaron al otro lado del río para huir del conflicto.
Otra vocera indígena del sector informó que desde el miércoles han bajado hasta Maripa mineros criollos huyendo de la violencia que se produjo en El Silencio. “Mi sobrina llegó llorando a la casa, asustada, porque se estaban enfrentando con los indígenas”, dijo.
El capitán general Nelson Pérez siempre se opuso a la actividad minera de su territorio. En El Silencio han muerto dos capitanes indígenas y han desaparecido otros dos líderes indígenas desde 2018 hasta ahora.
“Es cierto que llegó la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la práctica porque ahora tenemos que enfrentarnos con los grupos violentos, ¡es un peligro para nosotros! Por eso exigimos el respeto a nuestros territorios y la no violación de nuestro derecho como pueblos originarios, así como está contemplado en la Constitución y en la Lopci”.
Declaró el 22 de junio de 2019 en entrevista con Kapé Kapé.
El punto más violento
La mina El Silencio y sus adyacencias es uno de los blancos principales de la violencia minera en la zona, que ha contribuido con el desplazamiento forzado de miembros de comunidades indígenas cercanas.
Desde 2016, año de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, se diseminó la minería de oro, diamante y coltán en el área, y con ella también se esparció la minería ilegal y la violencia en escalada de grupos armados y organismos del Estado que pretenden controlar la zona para hacerse con los recursos naturales.
La violencia y la contaminación ambiental se apoderaron de los territorios indígenas, lo que trae como consecuencia inevitable la alteración de sus formas de vida y el desplazamiento forzado.
En agosto de 2018, la organización promotora de derechos indígenas Kapé Kapé reportó el asesinato del líder indígena jivi Misael Ramírez, de 45 años, y su hijo Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, junto a otras cuatro personas que no fueron identificadas, porque las decapitaron y los cuerpos fueron regados por toda la zona.
Murieron a manos de un sindicato minero -un grupo armado irregular- aliado con algunos indígenas del pueblo sanema, según reportó la comunidad en ese entonces. El conflicto se originó porque el pueblo jivi se opuso a la ocupación de la zona por parte de mafias mineras.
Luego del asesinato de esos seis ciudadanos, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerró El Silencio y la mantuvo custodiada por un tiempo. Integrantes de los pueblos jivi, pemón, curripaco y sanema, solicitaron la reapertura del yacimiento y el esclarecimiento del homicidio de sus hermanos indígenas.
Solicitaron con urgencia al Estado que controlara la actividad de bandas armadas en la zona, y que les permitiesen, a las autoridades indígenas, velar por el orden de su tierra. No fueron escuchados.
Con esa tensión, las comunidades indígenas también tuvieron que dar paso a la guerrilla colombiana cuyo accionar mantiene en zozobra el territorio.
En mayo de 2019, otros dos líderes indígenas desaparecieron en El Silencio, el hecho lo reportó el capitán -hoy fallecido- Nelson Pérez:
“Exijo a las fuerzas de seguridad del Estado que se aboquen de forma inmediata a la búsqueda de estos dos hermanos que se encuentran desaparecidos desde aproximadamente un mes, sin ninguna noticia de ellos”, declaró a Kapé Kapé en este reporte.
Su petición fue desoída por el Estado, tres años después el conflicto continúa y se replica en todas las etnias indígenas de la región Guayana cercanas a yacimientos de oro y otros metales preciosos.
