domingo, 25 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

AlertaVenezuela advierte de una escalada de la violencia armada en el inicio del 2022

La organización contextualiza los hechos violentos ocurridos en los corredores fluviales (Orinoco-Arauca) disputados por grupos armados cuya actuación es tolerada -y en algunos casos protegida- por las autoridades venezolanas.

En las primeras horas del 1 de enero de 2022 se produjo un enfrentamiento en Barrancas del Orinoco, estado Monagas, con saldo de al menos 7 personas fallecidas y otras varias heridas. Pobladores de la localidad y medios de comunicación coinciden en señalar como protagonistas del enfrentamiento a una banda criminal conocida como El sindicato que opera en la zona desde hace unos 15 años y miembros del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hasta ahora, la única fuente oficial sobre los hechos fue una nota difundida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se refiere al “Sindicato de Barrancas y otro grupo irregular” como los protagonistas del hecho, absteniéndose de hacer mención del grupo guerrillero. La zona fue militarizada desde el día 2 de enero, mediante la operación “Cacique Urimare”.

Enfrentamientos entre Apure y Arauca

Por otra parte, el 2 de enero se reportaron enfrentamientos en la región fronteriza entre el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano de Arauca.

Los enfrentamientos, que se habrían registrado de ambos lados de la frontera entre miembros del ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habrían tenido un saldo de al menos 24 fallecidos. Adicionalmente, el 3 de enero se conoció del asesinato de un miembro del ELN en la población de El Amparo, estado Apure, tras lo cual la guerrilla que controla la zona ordenó cerrar el paso de canoas por el río Arauca, afectando a toda la población civil del sector.

 

Son cada vez más los puntos del territorio donde el Estado ha cedido el control. Al tratarse de corredores con importancia para negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, es posible predecir que estos enfrentamientos continuarán, con efectos negativos para los derechos de la población”

 

En ambos casos, existen grupos con control sobre territorio y población, cuya presencia es disputada por otro grupo que aspira a obtener ese control. En ambos casos, se trata de grupos con gran poder de fuego cuya actuación es tolerada -y en algunos casos protegida- por las autoridades venezolanas. En ambos casos, el control en disputa implica asegurar medios de subsistencia en áreas como minería o narcotráfico, mediante el dominio de pasos fluviales de importancia. Finalmente, en ambos casos, hay un poder cedido por el Estado venezolano, lo cual explica la respuesta institucional tardía o simplemente ausente.

Mientras en Barrancas la GNB minimizó la gravedad de lo sucedido calificándolo como “ajuste de cuentas”, en el caso de Arauca-Apure ni siquiera ha habido un pronunciamiento oficial. Este silencio contrasta con la posición de autoridades locales del lado colombiano, que se pronunciaron de manera inmediata, alertando sobre los riesgos para la población civil y solicitando apoyo humanitario ante un posible desplazamiento. Al momento de preparar esta nota, no se había producido ningún pronunciamiento por parte de autoridades nacionales o locales de Venezuela, aunque una fuente reportó desplazamiento de vehículos militares venezolanos hacia la población de La Victoria, estado Apure.

Razones del conflicto

Las razones de fondo fueron explicadas por Rocío San Miguel, analista experta en temas militares y por una diputada opositora. La primera, recordó que “lo sucedido en Barrancas del Orinoco este 1 de enero es el retrato de la Nueva Frontera. Una que ya no está al lado de los límites internacionales, sino en todas partes donde la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] entregó el control de las armas al crimen organizado”.

Por su parte, la diputada María Hernández del Castillo, afirmó que “es evidente que el Estado venezolano, hoy usurpadas y corrompidas todas sus instituciones, han permitido, consentido, negociado y amparado la anarquía en la zona, a costa de la familia monaguense. El punto es el control del Orinoco y su Delta para el contrabando” (sic).

Son cada vez más los puntos del territorio donde el Estado ha cedido el control. Al tratarse de corredores con importancia para negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, es posible predecir que estos enfrentamientos continuarán, con efectos negativos para los derechos de la población.

Sobre AlertaVenezuela

AlertaVenezuela surge como una propuesta de cinco organizaciones venezolanas de derechos humanos, que se constituyeron como grupo promotor: Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), y Espacio Público.

Se trata de una iniciativa de información y análisis que alimenta de manera regular y estratégica a las instancias internacionales de decisión política, desde una perspectiva de derechos, a partir de la información generada por las organizaciones aliadas en Venezuela y otras de producción propia.

La coordinación general del proyecto está a cargo de la especialista en derechos humanos Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Fellow en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, en Bogotá, Colombia.

Aunque la labor de AlertaVenezuela se centra en dos ejes, a saber, derechos humanos y asistencia humanitaria, sus áreas de trabajo incluyen también crisis institucional, justicia penal internacional y violencia y delincuencia organizada, ya que estas tienen efectos en la situación de los dos ejes mencionados.

Venezolanos desplazados por los choques armados bajan de un bote en el río Arauca, en una imagen de marzo pasado | Foto Fernando Vergara | AP