Miembros del sector construcción que han migrado hacia la minería cerraron la mañana de este jueves ambos sentidos del puente Caroní, en Ciudad Guayana, para manifestar su descontento por la forma en cómo se está aplicando la Operación Roraima, para desalojar campamentos mineros ilegales.
Denunciaron los atropellos y asaltos a los pequeños mineros, y que desvirtúan la misión de dicho operativo militar en el sur de Bolívar.
Asdrúbal López, miembro del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), explicó que por la situación país, el sector construcción también se vio afectado al punto de estar desempleados y tener que migrar hacia la minería.
“Hoy día nuestro sector está desempleado, en las pocas obras que el sector público está desarrollando no tenemos entrada por situaciones que no entendemos, porque nuestra lucha siempre ha sido alineada al proceso revolucionario, y nuestros trabajadores y desempleados han estado en primera línea de la lucha revolucionaria. Basado en eso nuestro sector migra hacia los sectores mineros, que igualmente están siendo atropellados los pequeños mineros”, denunció.
López explicó que no apoyan la minería ilegal y están de acuerdo con que el Estado asuma lo que le compete en esa materia. Sin embargo, así como habitantes y comerciantes en Sifontes lo denunciaron cuando comenzaron los desalojos en minas de Tumeremo, miembros del sector construcción también denuncian los atropellos por parte de algunos funcionarios militares.
“Entendemos que el Gobierno nacional arrancó una política dirigida por algunos generales, entendemos que hay sectores que tienen que ser confrontados si están de manera ilegal, eso lo entendemos, pero también uno se da cuenta que dentro de esos grupos hay quienes distorsionan la misión que vienen a cumplir y lo que hacen es asaltar al sector construcción y minero. Hay muchos que van a ver qué consiguen y te arrebatan el poquito de oro que los sectores humildes han logrado, así como sus bienes”, denunció.
Piden la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional y regional. “Lo que se quiere es que el Estado normalice la situación minera, que los carnetice, los legalice, igualmente que respeten a los que ya tienen alianzas y permisologías, y hoy están siendo atropellados”, sostuvo López.
