En 2021 se redujo el promedio de protestas diarias en Venezuela, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), cuyo informe anual indica que el año pasado se dieron 6.560 protestas en el país, mientras que en 2020 registraron 9.633.
Geográficamente, Lara lidera la lista de entidades con más conflictividad social, con 579 manifestaciones. Le siguen los estados Bolívar (522), Anzoátegui (509), Sucre (387), Mérida (375) y Táchira (352). El OVCS destacó el registro de protestas en las dependencias federales, ya que estas no se observaron en años anteriores.
Los principales motivos de estos reclamos siguen siendo la irregularidad en la prestación de los servicios básicos. En 2021, el OVCS documentó 2.066 exigencias por servicios básicos. De ellas, 980 fueron por agua potable, 587 por cortes de electricidad y otras 499 en las que se exigió gas doméstico.
“La situación obliga a los ciudadanos a pagar altos costos para adquirir camiones cisterna que, en comparación con el salario mínimo, suelen ser desproporcionadas. Gran parte de la población se ve obligada a caminar largas distancias, almacenar agua de lluvia, abastecer sus contenedores de agua en tomas improvisadas. En las zonas costeras se abastecen del agua de mar para cubrir algunas necesidades básicas”, señala el observatorio.
El informe destaca que los cortes eléctricos en el país imposibilitan a su vez el acceso a otros servicios asociados a la energía eléctrica, como conexión a internet y el bombeo de agua potable.
Asimismo, la falta de gas doméstico y el control que existe en las comunidades para la distribución de bombonas incide en que los afectados recurran a la cocina a leña, además de los accidentes que ocurrieron por mal manejo de cilindros de gas o que estaban defectuosos y explotaron, dejando heridos y fallecidos.
El desabastecimiento de combustible generó 791 protestas en el país. De esas 43 fueron en el estado Bolívar. Sin embargo, Lara y Trujillo encabezan la lista con 117 y 102 manifestaciones, respectivamente.
“Desde que inició la venta de gasolina subsidiada en el año 2020, el OVCS ha registrado protestas por la discrecionalidad y los abusos de poder de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como custodios de las estaciones de servicio.
Adicionalmente se registraron detenciones arbitrarias a denunciantes de estos atropellos. “Para la fecha de cierre del informe anual, el Ministerio Público y las autoridades oficialistas anunciaron el ‘plan antimafias’ para combatir ‘la distorsión en la distribución en la combustible’ que deja un saldo de 32 personas detenidas”.
Los reclamos por otros servicios se distribuyeron en 250 por aguas servidas, 187 por desechos sólidos, 132 por fallas telefónicas y 113 por conexión a internet.
Protestas laborales
Durante 2021, el OVCS registró un total de 2.015 protestas por derechos laborales. En estas los trabajadores exigen la dolarización del salario, el cumplimiento de sus contrataciones colectivas, así como el cese a la persecución laboral.
“Adicionalmente, los trabajadores exigen condiciones adecuadas para desenvolverse en sus puestos de trabajo y destaca la exigencia de planes de vacunación masivos con refuerzos y sus equipos de bioseguridad para enfrentar la pandemia de la COVID-19”.
En cuanto al sector, fueron 591 las de salud (además de las 1.240 protestas en reclamo del derecho a la salud y 698 por vacunas anti COVID-19), 377 en el sector estudiantil, 254 transporte público y 1.134 otros sectores.
Inseguridad social
La inseguridad alimentaria en Venezuela durante 2021 desencadenó 270 manifestaciones, en denuncia por el “aumento de casos por desnutrición, salarios simbólicos e insuficientes, una economía dolarizada con inflación desmesurada durante la pandemia, irregularidades en el sistema de distribución de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), que en algunas comunidades fue usado como parte de la manipulación hacia los ciudadanos en contexto de las elecciones regionales de noviembre de 2021 y utilizados como mecanismo de control social”.
Los saqueos o intentos de ellos fueron 19 durante el año pasado.
En cuanto al derecho a la educación, el observatorio contabilizó 268 reclamos. El informe señala que “se evidenció una división entre estudiantes universitarios que exigían el retorno a las clases presenciales para poder culminar su formación académica, mientras que otros señalaban que las condiciones actuales no eran las más indicadas para garantizar la seguridad, salud y bienestar necesarias para las actividades de formación”.
A estas se suman las 377 protestas, en las que participaron los trabajadores del sector estudiantil.
Otras manifestaciones se concentraron en la exigencia del derecho a la participación política (1.051), a la justicia (518), a la vida (218) y a la seguridad ciudadana (213).
La represión como respuesta y política de Estado continuó en 2021 con 107 protestas reprimidas en todo el país, principalmente de carácter social. El estado Lara registró el número más alto de manifestaciones reprimidas, 17 en total.
