domingo, 21 julio 2024
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Muerte y opacidad en Yapacana: activistas rechazan criminalización de la población

Tras los recientes enfrentamientos, la FAN anunció que continúa el despliegue de la Operación Autana en el Parque Nacional Yapacana.

Los recientes enfrentamientos en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y presuntos mineros ilegales nuevamente ponen la mirada sobre los planes que desarrolla la organización castrense en la zona y sus implicaciones.

Tras los sucesos del 13 de septiembre, en medio de la Operación Autana para la evacuación de la mina Cacique, la versión ofrecida por la FAN da cuenta de dos fallecidos y seis heridos, a la vez que indica fueron atacados por un grupo de mineros.

“Al momento del abordaje, cuando se conminaba a todas las personas allí presentes a abandonar pacíficamente el sector; un grupo de mineros atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego. Esta irresponsable acción generó dos personas fallecidas y tres heridas, así como tres efectivos militares también heridos”, señaló el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López en un comunicado del 14 de septiembre.

El pronunciamiento castrense ocurrió 24 horas después de que ONG como el Foro Penal y la asociación civil Kapé Kapé habían denunciado ataques contra los civiles que se encontraban en la mina del estado Amazonas.

El día 14, Kapé Kapé informó que los fallecidos tras enfrentamiento en Yapacana fueron identificados como Kenny Carvajal, de Los Pijiguaos en el estado Bolívar y Luis Manuel Higuera Moreno, de Puerto Ayacucho en Amazonas.

En medio de la opacidad sobre las operaciones contra la minería ilegal, el activista Marino Alvarado, coordinador de elegibilidad de Provea, enfatiza: “El comunicado del Ministerio de Defensa confirma lo que ya por redes sociales venían denunciando pobladores del estado Amazonas sobre la acción de la Fuerza Armada contra la población. El comunicado criminaliza a la población presentándola a toda como mineros ilegales, como personas vinculadas a grupos terroristas”.

Al mismo tiempo, Alvarado desconfía de la investigación sobre el caso que, según informó Padrino López, fue ordenada por Nicolás Maduro al Ministerio Público.

“Ahora bien, la pregunta al ministro de la Defensa es: ¿Qué confianza puede haber en una investigación de un Ministerio Público que no ha sido capaz de determinar las responsabilidades y solicitar el enjuiciamiento de los funcionarios del componente Armada que dieron muerte a cuatro indígenas yanomami del año 2022?”, enfatiza Marino Alvarado.

Se muestra escéptico al puntualizar que tampoco se han establecidos responsabilidades, cuando, en marzo del año pasado, fueron asesinados siete pemones en la Gran Sabana “por actuación de la Fuerza Armada”.

Alvarado advierte que en el caso de lo ocurrido en Yapacana podría repetirse un episodio de impunidad. “Y es evidente que, hasta ahora, el Ministerio Público no ha mostrado voluntad de sancionar las muertes ocurridas contra indígenas, sino que tampoco ha mostrado voluntad de investigar otras grandes violaciones a los derechos humanos”, añade.

“¿Pondrá el Ministerio de la Defensa a disposición del Ministerio Público la cadena de mando que participó en ese operativo en el Parque Nacional Yapacana y que dejó como resultado dos personas fallecidas? ¿Qué van a decir, que hubo un enfrentamiento armado? La misma excusa que se emplea en los barrios de Caracas”, increpa.

La ONU ha llamado a bajar las tensiones en la zona y mostró su disposición a respaldar las averiguaciones en resguardo del Estado de derecho y los derechos humanos.

El discurso de la FAN 

Francine Jácome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, llama la atención sobre la opacidad reiterada en las operaciones de la FAN y de manera particular sobre las actuaciones en Yapacana.

“Hay mucha opacidad y representa un riesgo dar informaciones tanto para periodistas como organizaciones civiles”, indica Jácome.

En este punto se refiere al periodista Luis Alejandro Acosta detenido en una mina y quien el 12 de septiembre fue imputado por los delitos de ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir.

Jácome destaca que el comunicado castrense sobre Yapacana vuelven a aparecer las referencias a los grupos que el gobierno de Maduro denomina “tancol” (terroristas armados narcotraficantes colombianos).

“Desde que se normalizaron las relaciones con Colombia en agosto de 2022 no estaba apareciendo en el discurso oficial, había un espacio en el restablecimiento de las relaciones para evitar referirse a esto. Volvemos a esta figura tan genérica como los tancol que no sabemos que son”, sostiene.

El 14 de septiembre, en un post, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), general en jefe Domingo Hernández Lárez, en el que se refiere a las operaciones y las actividades de los grupos tancol aparece una imagen del uniforme de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Jácome añade que no se ha conocido de la presencia de organizaciones internacionales que sean garantes de los derechos humanos en las operaciones contra la minería ilegal en Amazonas.

“Como ahora la Fuerza Armada habla de derechos humanos y de derechos ambientales, si ellos estuviesen acompañados por algún organismo de Naciones Unidas, definitivamente incluirían eso en los reportes”, enfatiza.

Añade que hay mucha opacidad cuando la FAN asevera que ha evacuado de Yapacana a más de 12 mil personas: “¿Es población indígena, son mineros ilegales, hay actores colombianos, incluso podríamos estar hablando del ELN?”.

Simeón José Rojas, consultor de investigación de la asociación civil Kapé Kapé, recuerda que la Operación Autana ha sido desplegada desde diciembre de 2022.

“Según lo manifestado por la FAN, la operación es para erradicar la minería ilegal y expulsar a los grupos irregulares, a los extranjeros y, en principio, no le hablaron claro a la población autóctona y a los venezolanos. Después les dijeron que todo el mundo tenía que irse del parque por ocupación ilegal y todos eran sospechosos de la práctica de minería ilegal”, relata.

Rojas añade que los militares comenzaron a desmontar toda la logística y el material que emplea para la práctica extractivista y luego empezaron con los desalojos, lo que la FAN llama “evacuaciones voluntarias” de los campamentos mineros. Señala que luego este plan comenzó a hacerse más fuerte.

“Incluso, los militares estuvieron en la cima del tepuy, que es un cerro de más de 1.300 metros de altura, arriba del cerro Yapacana había actividad minera según lo que señala el jefe del Ceofan. Allí había ocho minas y desalojaron 1.200 personas según lo que publicó el militar”, indica.

El consultor de investigación de la asociación civil Kapé Kapé expresa también que en los campamentos que había destruido la Fuerza Armada, hasta ahora, no había ningún tipo de resistencia física.

“Entonces, quedaban pocos puntos por desalojar y uno de ellos es el punto Cacique, donde tras el desalojo y las personas que habitaban el campamento se opusieron y se origina la situación del 14 de septiembre”, afirma.

En julio de este año, en un informe de la asociación Kapé Kapé se indicó: “Por el momento no se conoce de ninguna denuncia interpuesta por violación de derechos a la población indígena, ni tampoco algún pronunciamiento formal del comité indígena que se han creado en el Yapacana”.

En el boletín 28 de la asociación civil se registró “que más de 3.200 hectáreas de Yapacana han sido devastadas por la minería ilegal que se practica en 78 sectores” de acuerdo con datos de la ONG SOS Orinoco.

“Están disparando con balas de verdad a los indígenas. La única excusa del régimen es que ejecuta un desalojo por la contaminación, pero no se da cuenta lo grave del asunto: en lugar de proteger a los indígenas están favoreciendo a las mafias que controlan la zona”, denunció el diputado Romel Guzamana, dirigente de Voluntad Popular y representante de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional (AN) de 2015.

En nota de prensa, Guzamana aseguró: “La Operación Autana fue la que aplicaron en Bolívar y ahora lo hacen en Amazonas. También le están dando territorio indígena al fondo chino City Group. Eso ha causado que la misma gente forme los comités y las FARC los manipule”.

Yapacana en cifras 

Tras los recientes enfrentamientos, la FAN anunció que continúa el despliegue de la Operación Autana en el Parque Nacional Yapacana.

El viernes, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), general en jefe Domingo Hernández Lárez, sostuvo que en la zona lo que ocurre es que “simplemente el Estado está ejerciendo soberanía sobre terrenos considerados como zonas de seguridad y protegidos, donde por ley de obligatorio cumplimiento está prohibida la presencia y actividades humanas de toda naturaleza como la minería ilegal, la explotación de hidrocarburos y la destrucción de la naturaleza”.

El alto oficial aseveró que Venezuela “no será bodega ni pulpería internacional manejada desde Colombia por mafias y grupos delincuenciales gestores de la crisis de destrucción del Parque Nacional Yapacana”.

La FAN ha arreciado sus reportes operacionales sobre los distintos planes que realiza en

todo el territorio nacional con profusión de balances sobre las actividades en Yapacana, los cuales han sido registradas por TalCual.

El 15 de septiembre, el jefe del Ceofan reportó el desalojo de más de 12 mil mineros ilegales de la zona, para el 9 del mismo mes se informó de la evacuación de 11.750. En esta cuenta, el 4 de septiembre, el balance fue de 10.782 mineros ilegales.

En esa última oportunidad, el general Hernández Lárez señaló que “las evacuaciones son realizadas a través de la ruta segura Carida – Puerto Ayacucho. Es un deber ciudadano el desalojo del sector para contribuir con la protección ambiental”.

Asimismo, para el 13 de agosto el reporte castrense fue de la evacuación de 8.431 mineros al margen de la ley. Para el 21 de julio, 20 días después de que la organización castrense anunció los desalojos en Yapacana, habían salido 6.737 personas, un poco más de las indicadas el 19 del mismo mes: 6.547.

Según expresó el jefe del Ceofan el 19 de julio la desocupación de la zona fue hecha luego de que las personas entendieron y aceptaron que “la contaminación generada por la depredación ambiental minera es factor fundamental para el ecocidio, causa efectos negativos y degenera en cambios climáticos y contaminación de las cuencas hidrográficas, conduciendo al colapso del medio ambiente”.