El 1 de abril se instaló una comisión presidencial, integrado por diputados de la Asamblea Nacional en Bolívar y representantes de la llamada Comisión para la Reforma Judicial, en función del descongestionamiento en centros de detención preventiva.
En esta comisión presidencial a la que convocaron a instancias del Poder Judicial y organismos de seguridad, el diputado Antonio Benavides Torres hizo mención a las 12 leyes relacionadas con la “revolución del sistema judicial”, para que esté adecuado a los nuevos tiempos.
“Se realizaron visitas a las diferentes instituciones policiales y militares, para un diagnóstico y mapeo de la situación de cada uno de los centros de detención preventiva. Pudimos constatar el estado de estos recintos y con la transformación que estamos proponiendo daremos grandes avances. Lo positivo de esto es que en esta nueva etapa hemos roto un paradigma. Por primera vez los diputados nos reunimos con los familiares de los privados de libertad, las víctimas de abusos y de irrespeto a sus derechos humanos”, expuso Benavides Torres.
Precisamente de ese encuentro con parientes de privados de libertad, quienes expusieron casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, se les abrió una investigación a tres funcionarios policiales, cuyos casos pasarán al Ministerio Público.
“Ayer (domingo) se abrieron tres investigaciones a funcionarios que no están acatando nuevo ordenamiento jurídico. Este es un proceso que no va a durar 15 días o un mes, va a durar hasta final de año y posiblemente nos abarque 2023 y 2024 porque debe ser permanente”, agregó.
Adelantó que se espera que en un plazo de un mes se esté inaugurando la oficina de la comisionaría de DD HH en Bolívar.
Benavides Torres destacó que en 2021 hubo 859 privados de libertad a los que se les otorgaron medidas cautelares para continuar su proceso judicial sin encarcelación. Sin embargo, pese a esta cantidad de beneficios procesales, solo en centros de detención preventiva continúa el hacinamiento. El diputado precisó que actualmente hay 1.312 privados de libertad en estos centros de reclusión que han pasado a ser provisionales a un prácticamente un centro carcelario.
“Tenemos un universo de 1.312 privados de libertad en recintos policiales, de los cuales iremos disminuyendo, a través de los beneficios procesales a los que se merezcan medidas cautelares para que continúen el juicio en libertad, no es que se le va a dar libertad al que haya cometido un hecho punible”, reiteró.
El sábado 2 de abril se les dieron medidas cautelares a 14 privados de libertad que estaban recluidos en la Comisaría de Agua Salada, en Ciudad Bolívar; mientras que el domingo fueron 74 los que obtuvieron beneficios procesales en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.
Planes para cárceles
Pese al hacinamiento, en los últimos años hubo cierres de centros penitenciarios que solo vino a agravar la situación. Sin embargo, Benavides Torres sostuvo que se hará el abordaje de la “reforma judicial” en los centros penitenciarios, pero en una segunda etapa, una vez culminado el proceso en los centros de detención preventiva.
“Hay dos cárceles en Bolívar que dependen del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: Vista Hermosa en Ciudad Bolívar y las Colonias Móviles de El Dorado. Estos centros tienen privados, unos procesados y otros condenados; también se hará ese abordaje en una segunda instancia cuando se culmine la etapa con los centros de detención preventiva.
Se evaluará expedientes, sus condiciones. Eso nos va a permitir hacer el mapeo, y que puedan tener sus talleres para rehabilitación y reinserción en la sociedad. Es una etapa planteada entre 2022-2030”.
Ante la falta de estados como Amazonas y Delta Amacuro que no cuentan con recinto penitenciario, dijo: “Vamos a crear centros de reclusión que dependan del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y mejorar condiciones para evitar el hacinamiento”.
Sobre el beneficio de medida de régimen de presentación detalló que en Amazonas fueron beneficiados recientemente nueve privados de libertad, mientras que en Delta Amacuro se les otorgó a seis.
