jueves, 28 marzo 2024
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Indígena jivi acusado de vínculos con grupos irregulares cumplió un año detenido y sin juicio

La organización Kapé Kapé denunció que se desconoce el estatus de la causa en la jurisdicción ordinaria, en el caso de Simón Sosa. Trascendió que fue trasladado de Ramo Verde a Yare III.

El 4 de febrero, el indígena jivi Simón Antonio Sosa Prieto cumplió un año de su detención por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando ejecutaba la operación militar “Jiwi 2021”, contra grupos armados irregulares en el sector Mata Gorda de Pozón de Babilla, parroquia Parhueña, del municipio Atures del estado Amazonas, reportó la asociación civil Kapé Kapé.

Recuerda la ONG que de acuerdo con el informe oficial, Sosa portaba un equipo de comunicaciones al momento de la aprehensión. Según los funcionarios, este lo usaba para “advertir a miembros de grupos irregulares sobre la presencia de efectivos de seguridad venezolanos en la zona donde él se encontraba trabajando”.

Sosa fue presentado en Puerto Ayacucho el 5 de febrero ante el Tribunal Militar Octavo de Control del estado Amazonas, el cual ordenó la privativa de libertad. El 21 de abril, la Fiscalía Militar presentó acusación por los delitos de espionaje y rebelión, por lo que el caso del indígena jivi pasó al Tribunal Militar Segundo de Juicio en Maracay, estado Aragua, y fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde de Los Teques, estado Miranda.

“En un oficio dirigido a la Defensoría del Pueblo de Amazonas en junio de 2021, su madre, Elsa Primitiva Prieto, también indígena jivi, clamó atención de las autoridades por el caso de su hijo porque, entre otras cosas, no cuentan con ningún tipo de recurso económico”, reseñó Kapé Kapé.

Prieto aseguró que su hijo apenas tenía dos días trabajando en el lugar donde lo detuvieron y desconocía quiénes son los propietarios.

Desde entonces, Sosa sigue a la espera de la celebración de un juicio. Sin embargo, en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal -realizada en el segundo semestre de 2021-, se modificó el artículo 517.

Este artículo establece que “ningún civil podrá ser juzgado en tribunales militares en ningún caso”, por lo que el tribunal militar que llevaba la causa declinó en favor de la jurisdicción civil y corresponde que ahora sea juzgado en un tribunal de juicio en Puerto Ayacucho, destacó Kapé Kapé.

La organización agregó que aún se desconoce el estatus de la causa en la jurisdicción ordinaria. Trascendió que Sosa fue trasladado de la cárcel de Ramo Verde a la de Yare III.

La ONG manifestó preocupación por el retardo procesal y las condiciones de juicio y reclusión, por lo que recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de “garantizar el debido proceso, adecuadas condiciones de reclusión y que esta no sea lejos de su comunidad y sus familiares”. (Con información de Kapé Kapé)