sábado, 20 julio 2024
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Denuncian desalojos arbitrarios a más de 800 familias en Anzoátegui

Varios afectados afirmaron que no se rehúsan a desalojar las propiedades, siempre que el gobierno les consiga un nuevo lugar para ellos vivir con sus familias.

Cerca del mediodía de este jueves, miembros del Movimiento de Pobladores de Anzoátegui protestaron en las afueras del Ministerio Público, en Puerto La Cruz, en rechazo a una serie de desalojos arbitrarios que se están ejecutando desde hace un par de meses, aproximadamente.

Voceros indicaron que son alrededor de 800 familias afectadas en todo el estado, a quienes comenzaron a exigirles que desocuparan los lugares donde habitan desde hace años por supuestas órdenes de la Fiscalía.

“La Fiscalía Superior está violando los derechos de la constitución. En algunos casos ni siquiera permiten el acceso a las personas para que retiren sus pertenencias”, aseguró José Manuel Ortiz, uno de los perjudicados y quien acotó que fue el Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) quien los autorizó para ocupar esos espacios.

Mencionó que 34 familias del edificio Puerto Crucero fueron imputadas, por lo que pidió al fiscal general de la república, Tarek William Saab, que revise los decretos donde se les permite ocupar esos espacios.

“El Minhvi ordena la ocupación de manera legítima a las familias de ese edificio. Por lo tanto, quienes deberían ser investigados son las autoridades del Minhvi y no esas personas”, insistió.

Déficit de viviendas 

Osvaldo Mendoza, representante del Movimiento de Pobladores de Anzoátegui, enfatizó que los afectados no son invasores sino ocupantes, que vieron en un decreto del fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 la oportunidad de tener un techo ante el déficit de viviendas que había en ese entonces.

Agregó que, si bien es cierto apoyan al gobierno de turno, no van a permitir atropellos de ningún tipo y menos que los acusen de delitos que no cometieron.

“Tras el decreto de Chávez, hubo un compromiso por parte del Estado de pagar a su dueño lo que valía cada propiedad que se ocuparía, pero eso no ocurrió. Sin embargo, queremos ver una gaceta o decreto oficial donde diga que debemos desalojar”.

Otros afectados afirmaron que no se rehúsan a desalojar las propiedades, siempre que el gobierno les consiga un nuevo lugar para ellos vivir con sus familias.