En 2018 se registró la mayor crecida del río Orinoco, en Ciudad Bolívar. Alcanzó la cota de 18.34 metros sobre el nivel del mar (msnm), 34 centímetros por encima de la alerta roja. El Caroní también sobrepasó su nivel de alerta roja (12.50 msnm) y ubicándose en 13.11 msnm.
Para ese año hubo alrededor de 15 mil personas afectadas en el estado por las inundaciones. Hasta el 3 de septiembre de 2018, Protección Civil Caroní contabilizó 851 viviendas afectadas, equivalentes a 1.085 familias, 3.351 personas: 1.073 niños, 442 adolescentes, 1.497 adultos y 339 adultos mayores.
En los dos años siguientes, las lluvias no causaron gran impacto, a diferencia de lo que se prevé para esta temporada, donde las precipitaciones y crecidas de los ríos Orinoco y Caroní comenzaron desde antes de los meses de lluvia debido al fenómeno de La Niña.
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Los sectores del eje Castillito en Puerto Ordaz, y La Laja, La Laguna, Sabana de Piedra, Campo Rojo y Los Arenales en San Félix, son zonas vulnerables que año tras año y cuyas familias residentes enfrentan el temor de perderlo todo, sumado a las repetidas promesas gubernamentales después de que sus enseres quedan entre las aguas que inundan el interior de sus viviendas, y que han llegado a superar los 2 metros de profundidad.
La reincidencia no les ha garantizado una solución a estas familias que aún se preguntan ¿Cuáles son las previsiones para este año? y ¿Cuál será el accionar de las autoridades?
El 29 de mayo, el gobernador Justo Noguera Pietri difundió un vídeo sobre el seguimiento a la cota del río Caroní. Dijo que para esta misma fecha en 2018 estaba en 6.38 msnm, tres años después la cifra es de 8.38 msnn, dos metros por encima del nivel histórico.
“Posiblemente esta afectación va a ser mayor que la de hace tres años. Así que todos nuestros habitantes de las riberas del río Caroní van a ser afectados. Vamos a tomar en consideración todo eso. Protección Civil activada, la Gobernación del estado Bolívar, todas las alcaldías. Ya tenemos inclusive la disponibilidad de los sacos de arena de los sitios donde vamos a desplazar a los afectados”, dijo Noguera Pietri.
Protección Civil también ha informado sobre inspecciones en las zonas vulnerables, junto con el Comité de Riesgo Caroní, el cual promete al menos 29 centros para habitarlos como refugios, pero de los que hasta ahora ninguna de las familias vulnerables tiene conocimiento.
Tres años sin vivienda
En 2018, Yazmín Fuentes perdió su vivienda ubicada en el sector Campo Rojo, en San Félix. Estaba hecha de láminas de zinc y habitaban ocho personas. Todos estaban en el refugio habilitado en la Escuela Puerto Ayacucho cuando las aguas del río se llevaron lo poco que tenían.
“Estábamos en el refugio y cuando vinimos a darle una vuelta a la casa, estaba todo eso destruido. Hasta una ropita que teníamos guindadas estaba en el suelo”, recordó Génesis Brito, hija de Yasmín.
Para entonces, el Gobierno le ofreció de todo. La anotaron en una lista de beneficiarios para la Gran Misión Vivienda Venezuela, y hoy Yazmín vive en casa de su hija y su yerno, donde habita un total de 11 personas. “Bajó el río y ellos se olvidaron de todo eso”.
“Este año dicen que la cosa es más fuerte y uno no sabe qué hacer. Ya están saliendo las culebras, mi padrastro ha matado varias ya. Nos tenemos que preparar bien. Estamos viendo si alquilamos una casa, por aquí están alquilando una en 40 dólares, o si nos vamos a casa de un familiar. Lo que pasa es que mi familia vive en Vista al Sol y tampoco uno puede pasar tantos días allí”, comentó Génesis.
A la fecha aseguran que ni siquiera ha ido Protección Civil. Tampoco conocen cuál o cuáles refugios tendrán disponibles. Lo que han escuchado es que no habilitarán las escuelas nuevamente.
A José Corales, también habitante del sector Campo Rojo, le dieron dos colchones en 2018 y no volvió a saber de ninguna autoridad gubernamental. Es de los pocos que ha estado presente en una visita reciente de Protección Civil o Bomberos. “Llegan salteados, preguntan los datos y ya. Ya nosotros tenemos todo listo para cuando crezca el río, irme a casa de una sobrina”, manifestó.
A más de una familia les ofrecieron casas durante las inundaciones de 2018, pero una vez que el río bajó se olvidaron las promesas
En la calle Paraíso en el sector Campo Rojo, la casa donde viven Emizrain Carreño y su esposo suele ser la primera en inundarse.
“La primera casa que agarra agua es la mía. Ya empezamos a sacar los corotos y nos vamos a casa de mi papá si la crecida es muy fuerte, porque según en la escuela no van a refugiar. A veces vivimos con el agua adentro y montamos todo en gaveras. Si sube mucho el agua, nos salimos”, comentó su esposo.
– ¿Ha venido Protección Civil, Bomberos o alguna autoridad del Gobierno?
– Yo no he visto a nadie.
La misma repuesta la ofrece Iris Mendoza, quien vive en una pequeña casa en la calle Porvenir en el sector Sabana de Piedra, en San Félix.
“Aquí nadie del Gobierno ha venido. Vienen cuando ya yo estoy viviendo en la escuela porque la casa está inundada. También me ofrecieron casa y aquí estoy en el mismo sitio. Y tú los ves, anotando, escribiendo, y lo único que me dieron fueron unos mosquiteros”, dijo Mendoza, quien vive con sus hijas y nietos.
El refugio más cerca que tenía era la Brigada Forestal, una institución que hoy está abandonada y casi cubierta por la maleza.
En el sector La Laguna sí han tenido presencia de Protección Civil, pero -como dicen los vecinos- “porque uno de ellos vive aquí”.
El miedo de ir a un refugio en pandemia
Gertrudis González perdió una nevera y un congelador durante las inundaciones de 2018. “Ya van tres años esperando la ayuda”.
“Tampoco sabemos a dónde movernos. En 2018 el refugio fue la Escuela José Ángel Rivas, este año no se sabe. Si veo que el agua viene fuerte, me voy a casa de mi hija, mis hijos no quieren que me vaya a un refugio por la pandemia, y yo soy hipertensa y asmática, irme a un refugio ahorita es mucho riesgo”.
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Para Aliana Mentore, quien vive en la calle La Esperanza en el sector Los Oleandros, en la franja de Castillito, una de sus preocupaciones es irse a un refugio en plena pandemia, sin saber las condiciones en que albergarán a determinado número de familias sin que signifique un riesgo de contagio.
“Ahorita con lo del COVID-19 es horrible. No pueden estar varias familias en un salón como hacían antes”, afirmó.
Como ya lo hace la mayoría de las familias que casi todos los años pasan por esta situación, la de Mentore sube todos los electrodomésticos en gaveras para protegerlos lo más que puedan del agua.
“Protección Civil viene cuando ya tenemos el agua en el cuello. Lo más que hacen es poner a las personas en los refugios. Las promesas del gobierno de 2018 quedaron así. Esta año no hemos visto a nadie, no nos dicen nada ni a cuál sitio a ir en caso de emergencia”, agregó Mentore.
“Todos los años es lo mismo”
Para Yolanda Benítez, quien habita en el sector Los Monos, “todos los años es lo mismo”, incluyendo las promesas.
“Ofrecen que van a sacar a uno de aquí y nada. Lo que uno hace es cuando veo que el río está cerca, no espero a que entre a la casa, los enseres los saco y los guardo en casa de unos vecinos. Ya estamos alistándonos porque dicen que este año viene más fuerte. Ya uno tiene todo listo de nada más agarrar las cosas y salir”, dijo Benítez.
En 2018, a Ramón Romero y su hija también les ofrecieron casa y viven todavía en el mismo lugar, tomando las mismas previsiones de cada año: subir los bienes en gaveras para tratar que el agua no los alcance y se dañen.
La mayoría de las familias vulnerables de inundaciones desconocen los posibles refugios a habilitar en Caroní
“Somos familias de alto riesgo, nos prometieron casas y no cumplieron con nada de eso, solo nos llevaron a los refugios más cercanos, no hay ayuda de nada más, mandan a Protección pero más nada, que tomemos las precauciones, que si ya tienen habilitados no sé cuántos refugios, que estemos pendiente. Desde eso no pintamos ni pulimos más el piso, lo que estamos es decepcionados”, manifestó Romero.
La tarde del 7 de mayo de este año, luego de fuertes precipitaciones en Ciudad Guayana, habitantes del barrio Puerto Libre, ubicado en la parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, reportaron el derrumbe de un puente que da acceso hacia esta comunidad.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el colapso de este puente dejó incomunicadas a 186 familias de los sectores 1 y 2 de Puerto Libre.
Una vecina de la zona comentó que la Gobernación envió camiones y maquinarias para la reparación del puente, que está todavía en “período de prueba”. Lo que pasó con esa estructura no fue una sorpresa, los vecinos llevaban años advirtiendo y reportando ante las instituciones, pero nunca recibieron la atención requerida hasta que el agua hizo que cediera.
Incumplimiento de planes urbanísticos
El factor climático no es la única causa de las inundaciones de estos sectores ubicados en las cercanías del río. En 2018, la ONG Contraloría de lo Público y lo Urbano denunció que el incumplimiento y olvido de los planes especiales creados hace más de 20 años, y el mal manejo de las represas por parte de Corpoelec, también incidía en el problema.
El ingeniero y consultor urbano de esta organización, Simón Yegres, recordó entonces que en 1995 se diseñó el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) para el municipio Caroní, el cual establecía los lineamientos de ordenación de los sectores residenciales ubicados a las orillas del río. En 2006 se creó el Plan de Desarrollo Urbano Local, que incluía el Plan Especial para Castillito.
Otro proyecto engavetado fue el de Sistemas de Áreas Verdes Naturales con Potencial Recreativo (Savenpor), el cual fijaba los puntos de hasta dónde alcanzaría una inundación y establecía cómo responder para atender la contingencia.
A pesar de las promesas incumplidas de viviendas, el gobernador Justo Noguera admitió ese mismo año en declaraciones a la prensa que no estaba contemplado un plan de reubicación, sino de reestructuraciones de viviendas a través del Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el cual tampoco se cumplió en la mayoría de los casos.
