El Tribunal Primero de Control en Puerto Ordaz dictó privativa de libertad en contra de los dos ciudadanos detenidos el pasado 6 de septiembre, acusados de presunta explotación de menores de edad, según el parte policial.
Los apresados fueron imputados por el delito de trata de personas y recluidos en la sede de la Policía Municipal de Chirica, en San Félix.
Desde el momento del arresto, allegados comentaron que la mujer de 51 años se dedicaba a dar de comer a los niños y adolescentes que pedían dinero o limpiaban vidrios a los vehículos que pasaban por el semáforo de la Torre Loreto.
En el caso del hombre de 40 años mencionaron que es “pistero” y que el dinero que los funcionarios policiales recolectaron como evidencia pudo ser de los pagos de pasaje de sus clientes.
Este lunes, a propósito de la audiencia de presentación, allegados se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia para pedir la libertad de ambos y desmentir las acusaciones en su contra.
La iglesia a la que acudía la imputada también manifestó su respaldo con un comunicado en el que afirma que junto con otras personas de la comunidad hacían la labor social de preparar comidas a niños en situación de calle.
El comunicado agrega que dicha labor se trasladó a la vivienda de la hoy acusada, para poder atender a su madre por presentar una discapacidad. Asimismo destacan “su disponibilidad y entrega, siendo una persona proactiva, de buenas costumbres, morales y religiosas, sensible a las necesidades de los más desprovistos de nuestra sociedad”.
La detención
De acuerdo con el parte policial, la mañana del 6 de septiembre acudieron funcionarios de la Policía Municipal de Caroní junto con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes al semáforo de la Torre Loreto para verificar unas denuncias que se publicaron en medios de comunicación de la región.
Según se indicó, entrevistaron a dos adolescentes en el lugar, quienes manifestaron que no solo ellas pedían dinero y que otro grupo de niños se encontraban en una residencia ubicada en el sector de Villa Colombia. “Al indagar sobre sus padres o representantes, manifestaron desconocer su paradero”, se agregó en el parte.
En la vivienda estaban ocho menores de edad. La propietaria alegó que por la condición de calle de estos, ella les facilitaba el almuerzo en su casa.
Entre los elementos que la Policía usó como evidencia están: 757 bolívares sacados de una gaveta, dos teléfonos celulares, un vehículo, 11 dólares americanos y 205 bolívares en un sobre, 38 folios de hojas tipo carta en el que se llevaba un listado de control de cuentas, y un formato de celdas donde se desglosan números y letras relacionados a fechas, ingresos en dólares y bolívares, cierres, cuentas en dólares, gastos, saldos y comentarios de observaciones.
Quienes piden justicia por los imputados exigen que se investigue a los padres y representantes de los menores de edad por su condición de mendicidad.
Esta situación de niños, niñas y adolescentes pidiendo dinero, o trabajando como limpiavidrios en las calles, se observa en diferentes semáforos de Ciudad Guayana.
El 30 de marzo, el gobernador Ángel Marcano, junto a la primera dama Yajaira Arocha, anunció la creación de dos refugios para personas en situación de calle en Ciudad Guayana; uno para adultos mayores y otro para niños, niñas y adolescentes. A la fecha no hay más detalles de este proyecto, ni del censo realizado para el albergue de estas personas.
