El líder sindical Orlando Zacarías, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores y Trabajadoras Transportistas del estado Bolívar, declaró que los paros y protestas que se desarrollaron esta semana se deben a la necesidad de defender a los transportistas que están registrados en el Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad de Caroní (Imttv), quienes prestan el servicio desde hace más de 20 años.
Aunque con frecuencia, presidentes de línea han declarado no sentirse identificados con los sindicatos de transporte, en esta ocasión están recibiendo el respaldo de la asociación, a la que en ocasiones han acusado de accionar solo atendiendo a intereses propios.
El pasado miércoles los transportistas de Ciudad Guayana organizaron un paro en horas de la mañana en protesta por la inscripción de nuevas organizaciones de transporte en el Imttv, reclaman que les asignaron rutas que ya están ocupadas.
A nosotros nos rige el Instituto Municipal, pero no hay una respuesta clara sobre lo que está sucediendo. La situación es que están naciendo nuevas organizaciones y el municipio les está permitiendo que presten el servicio donde ya hay organizaciones y unidades que tienen más de 25 años trabajando”
Orlando Zacarías, presidente del Sindicato de Transportistas del estado Bolívar
A sus reclamos agregaron la falta de combustible que es insuficiente para su recorrido diario, así como la falta de financiamiento y subsidios para la compra de repuestos, que los obliga a dejar de prestar el servicio.
Zacarías afirmó que el estado Bolívar no se apoya al transporte público. “No hemos recibido ningún subsidio para que podamos seguir prestando el servicio. Hemos sobrevivido a pesar del bloqueo y la pandemia. Había 7 mil unidades de transporte público en el municipio Caroní, ahora solo queda un 40%. Muchos compañeros vendieron sus unidades por falta de cauchos y baterías”, lamentó.
En este punto recordó que las proveedurías gestionadas por las gobernaciones de los estados que funcionaron durante 5 o 6 años y donde les vendían cauchos, baterías y repuestos a bajos costos fueron cerrando por el bloqueo económico. En relación con el tema, comentó que el Estado está ejecutando un nuevo proyecto denominado “El mercal de repuestos”, pero solo está activo en algunos estados.
Sin apoyo institucional
El vocero del gremio criticó la actuación de las instituciones oficiales afirmando que no ha habido consenso y han perdido credibilidad.
“A nosotros nos rige el Instituto Municipal, pero no hay una respuesta clara sobre lo que está sucediendo. La situación es que están naciendo nuevas organizaciones y el municipio les está permitiendo que presten el servicio donde ya hay organizaciones y unidades que tienen más de 25 años trabajando. Las personas tienen derecho al trabajo, pero hay que organizarse. No se puede perjudicar a los que ya están funcionando”, puntualizó.
Explicó que no se están haciendo estudios de factibilidad, contó que la municipalidad investigaba si la ruta era rentable, también estudiaba la aceptación de los usuarios y el municipio ayudaba al transportista.
“La solución no es crear más organizaciones, la solución es renovarnos los permisos que requerimos para seguir prestando el servicio. Antes para inscribir una organización se hacía un estudio de factibilidad en la ruta. Ya eso no se hace. Cualquiera llega, elabora un acta constitutiva, la presenta y si le cae bien a la persona que hace el registro, le dan el permiso”, cuestionó.
Piratas: competencia que azota a los transportistas
Orlando Zacarías enfatizó la afectación que ha visto el gremio debido a la proliferación de piratas y organizaciones ilegales. Estas figuras son grupos de transportistas que no están registrados en los entes reglamentarios ni cuentan con los documentos necesarios para prestar el servicio. No obstante, se han popularizado en la ciudad por sus bajos costos.
Indicó que en el sector suburbano sucede lo mismo, comentó que unos se organizan por la necesidad de conformar organizaciones y, a la vez, hay muchos piratas. Dijo que en la parada de Los Pobres se concentra un número importante de “piratas” que se ubican junto a los grupos Tricolor de Guayana, La Solidaria y Cristo Hijo de Dios, que son organizaciones con sus permisos y registradas.
“Eso nos afecta. También hay organizaciones piratas que afectan al gremio porque transportan al usuario con un pasaje muy por debajo. Si nosotros cobramos 10$ o 40 bolívares, ellos cobran hasta 5$. Eso nos afecta enormemente, esos carritos llevan 4 personas. No tienen permisología ni tabulador”.
Reprochó que hay una competencia desleal, pues mientras que las organizaciones inscritas en el Instituto Municipal no pueden prestar el servicio, otras “hacen fiesta”.
“Usted sale ahí y se encuentra con un poco de carritos. Si el pasajero no consigue carrito, se va en una gandola o plataforma arriesgando su vida. Y aunque saben que no es transporte público, las alcabalas los dejan pasar. No tenemos funcionarios en los puntos de control que pidan documentación y permisos para llevar pasajeros”, dijo Zacarías.
En cuanto al complejo tema del combustible, el vocero del sindicato explicó que el surtido de gasolina en el municipio Caroní se hace en 8 estaciones según indican los comunicados oficiales.
Asignan 15 unidades de transporte en cada estación de servicio y 60 unidades de transporte público masivo en la estación de servicio Borges. “De acuerdo con la información que tenemos, los transportistas podemos surtir en bombas dolarizadas si nos corresponde el número de placa. Luego, cuando voy a la subsidiada, me deben surtir porque yo aparezco en el listado y puedo echar”.
La situación se agrava para quienes hacen transporte en rutas suburbanas, pues solo les asignan combustible en el municipio Caroní, una vez fuera de él deben comprar por su cuenta.
“Si voy a viajar a El Callao y gasto 100 litros, aquí me asignan 50, los otros los debo comprar ‘bachaqueados’ porque en las bombas de allá no estoy asignado”.
El transportista explicó que actualmente la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) está debatiendo la posibilidad de que los transportistas no marquen su huella en las estaciones de servicio.
Esto se debe a que el sistema de registro dactilar los bloquea tras surtir una vez y restringe su acceso a la gasolina. Enfatizó la necesidad de solventar estas situaciones y el estado de las carreteras, mencionando la Troncal 10, vía que catalogó como totalmente destruida y cuyo mal estado provoca accidentes de tránsito y daño a los vehículos.
