Martina tomó la decisión de vender su casa unas semanas antes de que decretaran la cuarentena en marzo de este año. La pandemia de COVID-19 paralizó todo intento de venta, pero una vez reactivaron los trabajos en los registros y notarías, decidió retomar los planes.
La intención de Martina, quien prefiere no revelar su apellido, era comprar un apartamento más pequeño y aprovechar el resto del dinero para pagar deudas y solventar los gastos diarios. Antes de la cuarentena hacía transporte escolar, y con el sistema de clases a distancia y el desabastecimiento de gasolina, quedó desempleada. Las ventas de tortas, galletas y helados en su casa no eran suficientes.
Todo el proceso marchaba bien, pero uno de los requisitos era tener la ficha catastral de la vivienda. Este documento lo entrega la Alcaldía, pero hasta ahora no se está gestionando.
“Me dijeron que pagando 100 dólares me conseguían eso, pero yo no tenía esa plata, por eso estaba vendiendo mi casa y los ahorros eran para pagar el resto de los trámites. Desistí. Lo que hice fue vender un televisor y el microondas”, relató.
Como ella, muchos otros ciudadanos se vieron afectados con las restricciones que implicó la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Simplemente no se podía tramitar ningún documento legal. Sin embargo, la flexibilización tampoco significó un alivio para los usuarios, los procesos son más engorrosos y solo ha favorecido a las prácticas de corrupción para la agilización de los trámites.
Registros colapsados
Un asesor inmobiliario de Ciudad Guayana relató a Correo del Caroní que si bien “hay funcionarios que no se prestan para eso, hay otros que sí”.
Cuando se declaró la cuarentena en marzo, ya había trámites en proceso que quedaron bloqueados.
“Los asesores inmobiliarios recurrieron a lo que se conoce como ventas privadas, que a pesar de que tiene su legalidad, no es algo tan seguro, pero las emergencias de las personas ameritó que se hicieran ese tipo de trámites”, explicó el asesor.
Con la flexibilización, inicialmente el horario de atención era de solo tres días: martes, miércoles y jueves. Ahora trabajan de lunes a viernes pero en horario reducido, hasta la 1:00 pm.
Los registros colapsaron con las colas de usuarios y no se daban abasto, precisamente por la cantidad de trámites paralizados.
“Un trámite, si no lo podías hacer esos tres días, pasaba una semana radical y en la siguiente era que lograbas. En el registro hay una figura que se llama habilitar, la habilitación es un trámite que pagas adicional para que agilicen el proceso, que no es muy legal porque se hace bajo cuerda, todo esto llegó a todo organismo donde se necesitaba gestionar este tipo de transacciones”, agregó.
Aun con la flexibilización, los usuarios no confían mucho en esta vía. “Un trámite a veces dura 15 días por la vía regular, pero así, en los primeros cinco días puede que esté corriendo el trámite porque están revisando, pasa una semana que es radical que es muerta, luego viene otra semana que es el cálculo, y prácticamente pasan dos meses gestionando el trámite. Registrar una empresa, cambiar capitales, llevar actas de asambleas que amerita una empresa para su buen funcionamiento, es imposible que puedan esperar tanto”.
“La pandemia ha hecho que todos los trámites inmobiliarios y de la parte comercial se tenga que acudir a otros métodos no convencionales, porque si no es demasiado engorroso. Lo otro es que cuando pasa una semana, el cálculo de los aranceles se duplica o triplican, porque eso depende del valor del dólar y ellos manejan unos baremos de precios que nunca se entienden. Es preferible bajarse de la mula y pagar la comisión. Hay funcionarios que no se prestan para eso, pero otros que sí”, reiteró.
Un abogado en materia civil secundó la denuncia sobre el pago de comisiones para agilizar los trámites en los registros o notarías. “Como todo, se presenta la corrupción de funcionarios que cobran 50 a 100 dólares para procesar, ya que solo dejan procesar dos trámites por usuario”.
Andrés Medina, abogado, destacó que tanto personas jurídicas como naturales se vieron afectadas por la paralización del sistema.
“Las notarías con venta de carros, autorizaciones, certificaciones, las personas que tienen pensado organizar sus documentos personales para irse del país. Acarreó problema porque el Registro Principal solo trabaja en flexibilización, y hasta hace poco los tribunales solo trabajan en materia penal. Además, los procesos son un poco más lentos”.
Demandas por citas
Desde hace aproximadamente un mes, después de que el Frente Nacional de Abogados protestara en reclamo de la apertura de los tribunales, ya que solo trabajaban en materia penal solo para presentación de detenidos por primera vez, se dio nuevamente apertura al sistema.
Sin embargo, esto es bajo otra modalidad. Los tribunales laboran solo en semanas de flexibilización, pero por citas. Previamente deben presentarse las demandas y consignar los recaudos por correo electrónico.
“Redactas tu demanda, tienes que imprimirla, firmarla las partes y el abogado, luego escanear toda la documentación junto con la demanda y enviarla al tribunal que está de distribuidor. Ese tribunal distribuidor asigna por sorteo esa demanda a otro tribunal. Tienes que ver en cuál tribunal te corresponde, esperar que le asignen un número, revisen si todo está perfecto o si tienes que hacer una corrección, después te dan la cita para que consignes todos los documentos de forma presencial”, explicó Vanessa Tayssoun, miembro del Frente Nacional de Abogados.
En las semanas radicales no hay presentación de documentos, pero se puede hacer el trámite por correo electrónico. “Así más o menos trabajamos. Es un proceso más engorroso porque tienes que enviar la demanda por correo en un archivo, escanear los anexos, firmar, después llevar las copias y todo presencial. Es más tardío, pero depende también del tribunal”.
