domingo, 3 de julio de 2022

Propietarios de Doña Paulina denuncian ante la Fiscalía Superior la invasión del condominio

Los denunciantes afirman que ya ha habido múltiples intentos por dañar las bienhechurías del conjunto residencial. Aseguran que este miércoles nuevamente rompieron el cerco eléctrico de la urbanización.

Los denunciantes afirman que ya ha habido múltiples intentos por dañar las bienhechurías del conjunto residencial. Aseguran que este miércoles nuevamente rompieron el cerco eléctrico de la urbanización.

Propietarios de los apartamentos del Conjunto Residencial Doña Paulina, quienes ya habían presentado una denuncia en Fiscalía el pasado lunes, se presentaron ayer -miércoles- en el ente público para reunirse con el fiscal superior, Luis Alfredo Roa, encargado de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, para continuar el proceso de demanda contra los invasores.

Han pasado cuatro días desde que la residencia Doña Paulina fue violentada por los miembros de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Rodilla en Tierra. Los invasores entraron a través de un boquete que hicieron en uno de los paredones que resguarda el perímetro del condominio en horas de la noche.

Pese a que los propietarios taparon el hueco por donde los invasores entraron, denunciaron que la noche del día martes escucharon fuertes estruendos y que estas personas intentaron romper nuevamente la construcción para ingresar a más miembros de la OCV en las seis torres de las cuales se apropiaron.

En 2015 el caso de la OCV Rodilla en Tierra fue decretado improponible por el Tribunal Supremo de Justicia | Fotos William Urdaneta

“Recibimos la visita de funcionarios de la Policía del estado Bolívar por un llamado que hicimos debido al atentado de volver a dañar el paredón frontal para ingresar suministros y personas. La Policía se puso al tanto de nuestra situación y están haciendo una inspección tomando la denuncia que está en proceso. Hicieron un recorrido por donde les indicamos para verificar el estado de las instalaciones. Los invasores no salieron, se recogieron en las torres y desaparecieron”, declaró uno de los vecinos que estuvo presente durante la visita policial.

“Los cuerpos policiales nos notificaron que ellos alegan que hay niños y mujeres embarazadas, por tanto, no piensan salir de allí. No los ha asistido ninguna autoridad ni ente gubernamental”, explicó Amada Ramos, propietaria de la urbanización.

Durante horas de la mañana del miércoles, los residentes se dirigieron a la Fiscalía donde introdujeron una carta explicativa para complementar la denuncia ya levantada.

Tras reunirse con el fiscal superior, los denunciantes fueron entrevistados y la autoridad judicial se comprometió a tomar medidas en el caso. No obstante, aún no existe una sentencia clara.

La Guardia Nacional se presentó en horas de la tarde para hacer una inspección debido al llamado que se hizo la noche anterior; sin embargo, no pudieron conversar con los denunciados, ya que estos permanecen resguardados en los apartamentos de los que se apropiaron.

Los habitantes legales de Doña Paulina aseguran que el cerco eléctrico fue roto nuevamente durante la noche del miércoles, en consecuencia, volvieron a llamar a la Policía, quien acudió nuevamente, pero esta vez tampoco pudo comunicarse con los invasores.

Según los testimonios, la destrucción del cerco eléctrico se debe a que estas personas pasan alimentos y suministros lanzándolos desde el exterior, lo que terminó dañando por segunda vez el equipo. La necesidad de lanzar objetos de esta manera se debe a que los propietarios permanecen en vigilia ante el portón de salida por si alguno de ellos abandona el lugar, no permitirle volver a ingresar.

Alegatos falsos 

En entrevista con Correo del Caroní Angélica Cedeño, líder de la OCV que llevó a cabo la invasión, aseveró que “no somos invasores, somos personas que hemos cumplido con todos los parámetros para que todas las instituciones se pronuncien a favor de la OCV. Todos han reconocido el trabajo que venimos haciendo”.

Asimismo, Cedeño declaró que los apartamentos fueron construidos con materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y manifestó que están avalados por la Asamblea Nacional y que están asignados en el Plan Vivienda 2022.

Desde fuera lanzan objetos que los invasores necesitan, mientras los propietarios permanecen en vigilia por si alguno abandona el lugar, no permitirle volver a ingresar

No obstante, según el expediente N° 15-0224 que reposa en el archivo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con fecha del 10 de marzo de 2015, Angélica Cedeño, en representación de la OCV Rodilla en Tierra, presentó una demanda de interpretación sobre el decreto N° 7703 publicado en la Gaceta Oficial número 39.524.

En esta solicitud Cedeño pide una interpretación del decreto en el cual fueron expropiados los bienes e inmuebles del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa), alegando que entre los bienes expropiados se encuentra el Conjunto Residencial Doña Paulina, inmueble que pasaría a ser propiedad social.

“La OCV Rodilla en Tierra (…) realizó infinidad de gestiones ante los entes y organismos de la administración pública a objeto de que se autorizara la ocupación temporal de dichos bienes inmuebles mientras se tramitaba lo conducente para la construcción de viviendas (…) de lo cual jamás se tuvo respuesta alguna por parte de los entes y organismos solicitados”, reza el expediente.

En el mismo orden de ideas, la OCV alegó ante el tribunal que habría estado resguardando el inmueble durante 4 años y solicita que, debido a que este es propiedad del Estado, sea adjudicado a los miembros de la asociación en razón de sus necesidades de vivienda. No obstante, el fallo del tribunal ante la solicitud fue “improponible”.

El abogado Ramón Sosa explicó que esta sentencia significa que una demanda no procede, ya que no cuenta con el sustento jurídico necesario. “Se declara improponible cuando la sentencia no tiene fundamento legal y es un despropósito jurídico en su presentación”, expresó el especialista en leyes.

Hasta la hora del procesamiento de esta información, los invasores llevan más de 96 horas pernoctando en el inmueble que no cuenta con ninguno de los servicios básicos para ser habitado. Entre ellos hay niños y personas de la tercera edad.

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