jueves, 28 marzo 2024
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Militantes del PSUV atacan protesta pacífica que exigía derogación del decreto que establece tarifas de aseo urbano en Caroní

@mlclisanchez

Militantes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) disolvieron con violencia una protesta pacífica realizada por miembros de la Asamblea de Ciudadanos para la gestión del aseo urbano en Caroní.

La asamblea, en representación de usuarios comerciales y residenciales, acudió a la Alcaldía de Caroní este martes 7 de marzo, para entregar un documento firmado por más de 10 mil personas en el que exigen la derogación inmediata del decreto 008-2022 sobre las altas tarifas del servicio de aseo urbano prestado por Fospuca Caroní.
Tarifas fijadas sin consulta previa.

Cuando los protestantes llegaron a la altura de la Plaza Bolívar de San Félix, fueron interceptados por miembros de distintas organizaciones adscritas al Psuv como Guayana es Mujer, Misión Chamba Juvenil, Movimiento Isabel Gómez y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), quienes les impidieron el acceso al Ayuntamiento, argumentando que no tenían permiso para entrar.

Los manifestantes quedaron situados en la escalera lateral izquierda de la plaza, justo frente a la oficina de la Gobernación de Bolívar y diagonal a la Alcaldía. En el sitio, el presidente del Colegio de Ingenieros y parte del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos, Pedro Acuña, comenzó a leer a través del megáfono el documento consignado.

Usuarios comerciales y residenciales piden la derogación inmediata del decreto sobre las tarifas de aseo urbano y ser incluidos en la Comisión Mixta para ajustar las tarifas

Fue entonces cuando miembros de las organizaciones oficialistas, en apoyo al alcalde Tito Oviedo, procedieron a romper las pancartas. Arrebataron el megáfono del vocero e intentaron romper el documento firmado. Durante el conflicto, los simpatizantes del Psuv también intentaron sustraer el equipo de sonido y el micrófono de los manifestantes.

Al menos cinco miembros de la Asamblea de Ciudadanos resultaron heridos, frente a la inacción de los cuerpos policiales presentes en el sitio. Uno de ellos, el párroco de la iglesia San Martín de Porres, Carlos Ruiz, fue agredido por un grupo de personas hasta que se tiró al suelo como estrategia para protegerse.

“Nos impidieron pasar a entregar el documento y exponer nuestras peticiones. Fuimos golpeados, y nos arrebataron el equipo de sonido, por lo que tuvimos que retirarnos. Queremos rescatar una Venezuela respetuosa de sus instituciones y sus ciudadanos”, declaró Acuña.

“Un grupo de mujeres (que se autodenominan ‘Mujeres del Psuv’) hicieron una cadena para impedirnos el paso, nosotros les dijimos que solo queríamos entregar una carta, no íbamos con violencia. Pero ahí mismo nos empujaron, golpearon, nos quitaron las banderas y rompieron la pancarta”, relató Susana Linares, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos y empresaria del sector hotelero.

“Quienes están en la Alcaldía de Caroní tienen el deber de recibir a todos los ciudadanos (Art. 51 de la Constitución). Nosotros no teníamos por qué ser agredidos”, expresó María Álvarez, miembro de la Asamblea de Ciudadanos.

Miembros de la Asamblea de Ciudadanos también acusaron al director político y director del Instituto Municipal de Tránsito Terrestre (INTT), José Rosario González de agredir a los manifestantes.

“Acuso públicamente al director de política José Rosario González, porque agredió a hombres y mujeres de la protesta. Nosotros no estamos de acuerdo con las tarifas impuestas y no estamos de acuerdo con la forma en la que se licitó y contrató a Fospuca Caroní. Hicimos una carta pública, con firmas en residencias y centros comerciales, y vamos a seguir recogiendo firmas”, declaró María Álvarez, diputada al Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb) y secretaria general del Colegio de Ingenieros.

“Quienes están en la Alcaldía de Caroní tienen el deber de recibir a todos los ciudadanos. Nosotros no teníamos por qué ser agredidos”, agregó Álvarez. Debido a las acciones de violencia, la Asamblea de Ciudadanos se retiró del sitio. Sus miembros solicitan que una comisión sea recibida de forma pacífica para poder entregar la carta y ser incluidos en las mesas de diálogo para llegar a acuerdos sobre las tarifas de aseo urbano.

“Para ese tipo de actividades tienen que contar con un permiso que ellos no solicitaron”, dijo José Rosario González, miembro del equipo político de la Alcaldía de Caroní y encargado de movilizaciones y eventos, quien catalogó las acciones de violencia de simpatizantes del oficialismo como una respuesta o defensa ante actos de violencia de manifestantes de la Asamblea de Ciudadanos, a quienes acusó de intentar dañar los bienes públicos y obstaculizar el libre tránsito.

Según su versión de lo sucedido, la protesta de la Asamblea de Ciudadanos coincidió con una actividad oficialista en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

“Para ese tipo de actividades tienen que contar con un permiso que ellos no solicitaron. Se cruzaron esta actividad no permisada (la de la Asamblea de Ciudadanos), con una organizada por las mujeres revolucionarias de Guayana, porque este es el mes de la mujer. Venían un poco más de 100 personas en la caminata y nos percatamos que comenzaron a gritar improperios en contra del Gobierno, el alcalde y el gobernador, pensamos que iba a ocurrir lo peor, y fue lo que ocurrió cuando llegaron a la plaza Bolívar”, relató José Rosario González en entrevista con Correo del Caroní.

Aunque Rosario señala que se requieren permisos para manifestar, la protesta pacífica es un derecho civil y político que no amerita permisología.

“¡Paguen sus impuestos!, la ciudad está limpia. Estamos en una Ciudad Guayana para vivir, donde nuestro alcalde Tito Oviedo ha asumido el compromiso de una triada perfecta con la participación del pueblo como es el caso de Dalla Costa, Vista al Sol y 11 de Abril (zonas exoneradas del pago del servicio de aseo urbano). Necesitamos el apoyo de una empresa privada como Fospuca y la institución de SupraGuayana”, declaró Orixis Rojas, miembro del movimiento Guayana es Mujer, cuyos miembros forman parte del grupo que agredió a manifestantes de la Asamblea de Ciudadanos.

La carta pública que intentaron romper los simpatizantes del oficialismo, cuenta con 10 mil firmas de residencias y centros comerciales. La diputada del CLEB, María Álvarez, aseguró que seguirán recogiendo firmas

Altas tarifas, falta de transparencia
Desde hace cuatro meses la empresa privada Fospuca presta el servicio de aseo urbano en el municipio Caroní. La compañía inició operaciones tras un proceso de licitación y contratación con la Alcaldía de Caroní que carece de transparencia.

La Asamblea de Ciudadanos argumenta que, en comparación con otras ciudades en otros países del mundo que cuentan con mejor tecnología, el servicio prestado por Fospuca Caroní no se corresponde con su estructura de costos y tiene un sobreprecio de 1.500% para residencias y de 535% para empresas.

La privatización del servicio recae de forma desigual sobre el sector empresarial. Más del 40% de las empresas debe cancelar desde 50 hasta 1.500 dólares por el servicio de recolección de basura, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados del local, la actividad económica que ejercen y los descuentos otorgados por Fospuca Caroní.

Aunque la compañía ha ofrecido descuentos y convenios de pago, empresarios que deben pagar las tarifas más altas, aseguran que esto no es suficiente, ni se corresponde con el flujo de caja actual de sus negocios.

Fospuca Caroní ha demandado con solicitudes de embargo a ocho empresas de Ciudad Guayana, por falta de pago del servicio de aseo urbano desde noviembre de 2022.

La Superintendencia de Administración Tributaria de la Alcaldía de Caroní ha cerrado temporalmente al menos siete establecimientos comerciales, a los que acusa de evasión fiscal toda vez que el portal tributario se mantiene bloqueado para quienes no estén al día con Fospuca Caroní.

El próximo jueves 9 de marzo se instalará la comisión mixta conformada por representantes empresariales de distintos sectores económicos y autoridades municipales, para llegar a acuerdos sobre las altas tarifas de aseo urbano y relleno sanitario. Miembros de la Asamblea de Ciudadanos esperan ser incluídos en dicha comisión.