martes, 9 de agosto de 2022

Imputarán a cinco empleados de seguridad de Traki por vejaciones y maltratos contra adolescente

“La única exigencia que tenemos como familia es que se haga justicia y que estos incidentes no sigan sucediendo en la ciudad”, manifiesta un pariente del menor (víctima del hecho) a Correo del Caroní. | Foto William Urdaneta

“La única exigencia que tenemos como familia es que se haga justicia y que estos incidentes no sigan sucediendo en la ciudad”, manifiesta un pariente del menor (víctima del hecho) a Correo del Caroní. | Foto William Urdaneta

@g8che

Luego de que un adolescente de 17 años denunciara abusos y maltratos por parte de trabajadores de la tienda por departamentos, Traki, en Puerto Ordaz, el fiscal general, Tarek William Saab, declaró haber identificado cinco empleados de seguridad vinculados en el hecho.

Saab anunció que las cinco personas fueron identificadas como: Víctor Belizario, Mauro Martínez, Jackelin Rodríguez, Jhoni Antonio Saavedra y Francisco Franco, quienes serían imputadas por maltratos y vejaciones a un adolescente.

“La única exigencia que tenemos como familia es que se haga justicia y que estos incidentes no sigan sucediendo en la ciudad”, expresó un pariente del menor a Correo del Caroní.

 

Normalizar este tipo de actuaciones (tanto públicas como privadas) genera más vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes, en un país donde están en constante riesgo y afrontando penurias en sus condiciones de vida”.

Sostuvo que, aunque entiende que el índice de delincuencia en el país es alto, los comercios y empresas no pueden tratar a los consumidores como si todos fueran hampones.

El joven de 17 años contó en redes sociales que el 14 de mayo compraba algunos productos en la tienda departamental, cuando por error, subió con su bolso al nivel 2 del establecimiento para adquirir otros bienes que había olvidado incluir en sus compras.

En ese trayecto fue interceptado por representantes de seguridad de Traki, llevado a un baño donde requisaron sus pertenencias y dieron con un paquete de galletas vacío, que, según el afectado, había comprado dos días antes en el mismo comercio.

Pese a que solicitó se revisaran los registros de compras y las cámaras de los días 12 y 14 de mayo, su solicitud fue desatendida y fue obligado a bajarse los pantalones frente a los representantes de seguridad, posterior a eso a realizar trabajo forzado durante dos horas y a pagar las galletas. “Es un abuso de poder de los vigilantes y del resto de los trabajadores”, reclamó el muchacho en redes sociales.

Posición de la empresa 

La tienda por departamentos expresó en un comunicado el 16 de mayo: “Bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar actuaciones que atenten contra la integridad personal, por lo que estamos dispuestos a contribuir objetivamente y con voluntad expresa, con los procedimientos que asuman las autoridades”.


En el comunicado la empresa informó que abrirán una investigación y que los trabajadores involucrados en el hecho habían sido apartados de sus cargos hasta que concluyan las averiguaciones.

Exigencia de justicia 

La acción de los empleados de Traki generó rechazo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció en redes de sociales que, de ser cierta la denuncia, constituiría un abuso de poder y daño a un menor de edad, con posibles secuelas psicológicas.

“Normalizar este tipo de actuaciones (tanto públicas como privadas) genera más vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes, en un país donde están en constante riesgo y afrontando penurias en sus condiciones de vida”, sostuvieron en un tuit.

A su vez, instaron a las autoridades a investigar los hechos, a proteger a la víctima y a no dejar el suceso impune.

Por otro lado, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) recordó que la Constitución de Venezuela establece que: “toda persona tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso; y se presume inocente”.

Recalcando que el trato hacia usuarios, compradores y público debe estar dentro de los parámetros del respeto a la dignidad y sus derechos.

El joven publicó en redes sociales la factura con la compra de las galletas dos días antes del acontecimiento | Foto William Urdaneta

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