miércoles, 17 julio 2024
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Guayaneses protestan por altas tarifas de aseo urbano y exigen a la Alcaldía de Caroní acceso al pago de impuestos

Protestantes enfatizaron en que las tarifas superan los ingresos brutos, por lo que pagar representa una quiebra inmediata para sus negocios que ofrecen empleos y mueven la economía del municipio.

Este viernes, 6 de enero, guayaneses protestaron en la Plaza Monumento a CVG contra las altas tarifas que cobra la empresa privada Fomento de Servicios Públicos Compañía Anónima (Fospuca) por el servicio de aseo urbano, y para exigir que la Alcaldía de Caroní desbloquee el acceso al módulo de declaraciones de impuestos municipales en su portal web a quienes no han podido cancelar el monto de la factura de Fospuca.

“Servicio de aseo sí, tarifas excesivas no” fue la consigna bajo la que se dio la manifestación y rayado de carros que tuvo lugar en Alta Vista, donde concejales, comerciantes y representantes de otros sectores de la sociedad civil se unieron para levantar la voz contra las tarifas fijadas ilegalmente por la Alcaldía de Caroní por concepto de aseo urbano.

Como parte del reclamo recolectaron firmas de los presentes para avalar un documento que será consignado en la Alcaldía de Caroní. En el texto solicitan el desbloqueo de los ciudadanos que no han podido cancelar la factura de Fospuca de la página web del Ayuntamiento, asegurando que la municipalidad desarrolló un mecanismo coercitivo a través de la obstaculización para declarar impuestos a quienes no estén solventes con el servicio.

Los afectados rechazaron que se pretenda impedir que los ciudadanos cumplan con su deber de declarar impuestos obligándolos a registrarse en Fospuca y pagar el servicio, cuyo costo representa precios exorbitantes de hasta 1.500 dólares, en el marco de una economía sumamente golpeada y un sector comercial que se enfrenta a un bolívar que se devaluó 70% con respecto al mismo periodo de 2022.

Negocios cierran sus puertas

Antonio Gil, propietario de Aserradero Gil, ubicado en San Félix, protestó con su factura en mano donde se refleja una deuda de 1.658 dólares, lo que manifestó supera por mucho sus ingresos.

“Mi empresa posee un terreno grande, pero está prácticamente parada desde hace años. Hemos intentado seguir abiertos y vender alguito. Pero el sector construcción está parado, yo necesito la construcción para trabajar. Me están cobrando 1.600 dólares mensuales más lo del relleno sanitario que se factura por Corpoelec. En total como 3 mil dólares. Si yo tuviera 100 dólares de ganancia al mes, tuviera 1.200 dólares del 2022. No tengo ese dinero. Ese aserradero no da para pagar eso. Me están quebrando, voy a cerrar”, adujo Gil.

Asimismo, el comerciante destacó que en la misma zona donde se ubica su aserradero existían 10 más que han ido cerrando debido a la crisis. Destacó que era el único que se mantenía operativo y debido al precio del servicio de Fospuca, deberá cerrar.

Pese a que la mayoría de los negocios guayaneses no trabajan al 100% de su capacidad instalada debido a la pandemia y crisis económica, Fospuca calcula sus facturas tomando como referencia los metros cuadrados del local y no la cantidad de desechos que este genera, en consecuencia, los comercios más grandes recibirán siempre las facturas más altas.

Por ejemplo, aquellos empresarios que posean varias sedes deberán pagar por cada una de ellas sin importar si alguna está inoperativa o vacía, ya que lo que se toma en cuenta es el tamaño del local, y no los desechos que este genera.

En el marco de esta situación, muchos ciudadanos no pudieron costear el precio del servicio y, al estar insolventes, no pudieron declarar sus impuestos y fueron multados. Hoy tienen dos deudas: la del aseo y la de la multa por incumplimiento en el pago de impuestos, esto en un contexto en el que cada año tienen menos ingresos y les resulta más trabajoso reponer inventario ante la vertiginosa devaluación del bolívar.

El concejal de la Cámara Municipal, José Ríos, catalogó la relación de Fospuca con la Alcaldía como un “binomio” que no se ha conseguido entender, destacando que  la fijación de tarifas por parte del alcalde y sin pasar por discusión en la cámara es ilegal.

“Esto está acabando con el aparato productivo guayacitano. No sabemos nada sobre esta contratación: cuánto se le paga, cuántos años dura la concesión. Esto lo desconoce hasta la Cámara Municipal. Están liquidando al sector comercio. Son tarifas excesivas. Un comerciante no puede sostener ese hecho tarifario. El valor del servicio reposa en los 6 mil comerciantes activos a quien quieren chuparle la sangre”, enfatizó.

Por su parte, el propietario del Instituto de Estudios República de Venezuela, Mario Rondón, declaró que su factura es de 80 dólares mensuales, mientras que su matrícula es solo de 70 estudiantes, pero su infraestructura es de 200 metros cuadrados.

“No estoy de acuerdo. Yo recojo como máximo dos bolsas de basura semanal. Ya puse mi reclamo y me dijeron que esperara. No estoy de acuerdo con esos montos”, expresó Rondón.

Según declaraciones ofrecidas por José Simón Elarba, propietario de Fospuca, a este medio el 40% de las empresas debe pagar desde 50 hasta 1.500 dólares mensuales, lo cual representa una tasa sumamente elevada para un servicio público que, hasta hace poco, tenía un valor bajo.

No obstante, los propietarios de negocios hicieron énfasis en que no piden que el servicio sea gratuito, sino que se fijen tarifas justas, a pesar de que reconocieron que ha habido mejoría en el saneamiento de la ciudad, aseveraron que el costo del servicio representa un problema mayor.

“La factura de mi ferretería es de 180 dólares sin meter lo del relleno sanitario. ¿Qué estoy pensando? Pues cerrar. Cómo mantengo un comercio donde la ganancia solo da para pagar los servicios. No me estoy negando a pagar el servicio, merecemos una ciudad limpia y hay que pagar por ello, pero los parámetros que están usando están errados. ¿Por qué tienes que meterte con metros cuadrados, actividad económica? Debes cobrar por el servicio que estás prestando. No queremos nada gratis, queremos un buen servicio, pero justo”, cuestionó una de las protestantes.

A la ya crítica situación, hay que sumarle que varios de los presentes aseguraron haber ido a Fospuca para solicitar reconsideración de monto y la respuesta fue que deben pagar para poder acceder a una reevaluación.

Lo que consideraron una incongruencia, ya que piden la reconsideración precisamente porque no tienen recursos para mantenerse al día, todo esto bajo la ley de una Alcaldía silente que favorece a Fospuca en detrimento del ciudadano.

“No estamos negados a pagar”

La Asamblea Ciudadana de Caroní para la Gestión del Aseo Urbano, constituida el 20 de diciembre por gremialistas y especialistas de la sociedad civil, son los principales voceros de las actividades desarrolladas en pro de defender los derechos de los guayaneses.

En este sentido, Susana Linares, representante de la comisión, explicó que su principal objetivo es obtener una reunión con el burgomaestre para poder plantear sus inquietudes con respecto al precio de las tarifas y las multas que les acarrea el impago de impuestos.

“No estamos pidiendo fuera Fospuca sin sentido. Queremos sentarnos con el alcalde para hablar, no solo como comerciantes, sino como ciudadanos. Cada negocio que se cierra representa pérdida de empleos y la ciudad se verá afectada. ¿Una ciudad limpia a costa del cierre de negocios? No es justo. En nuestros grupos hay personas desesperadas y con miedo a las represalias por protestar”, declaró Linares.

 

Pese a que la mayoría de los negocios guayaneses no trabajan al 100% de su capacidad instalada debido a la pandemia y crisis económica, Fospuca calcula sus facturas tomando como referencia los metros cuadrados del local y no la cantidad de desechos que este genera, en consecuencia, los comercios más grandes recibirán siempre las facturas más altas

 

Miembros de la comisión destacaron que no están negados a pagar, pero exigen una reevaluación de las tarifas, inspecciones técnicas en los comercios y precios que se adapten al contexto empresarial del municipio.

“Nosotros hicimos una revisión de tarifas internacionales. En España un comercio paga 1.000 euros al año por temas de aseo urbano. Aquí hay hoteles con facturas de 1.000 dólares, cuando el sector hotelero en Puerto Ordaz está casi quebrado. Uno de nuestros miembros tiene un gimnasio con una factura de 400 dólares cuando es un tipo de negocio que casi no genera desechos porque la gente no consume allí”, declaró uno de los voceros del grupo.

Hasta la fecha se desconocen las condiciones de la concesión que une al municipio con Fospuca, asimismo los términos del contrato y los costos operativos que maneja la compañía y que deberían justificar el costo de sus tarifas.