El sector empresarial del municipio Caroní pide a la Alcaldía ser incluido en la discusión para fijar tarifas del servicio de aseo urbano ajustadas a la capacidad contributiva de las empresas y según la cantidad de desechos generados por cada una.
Aunque todavía se desconocen detalles sobre los términos de la concesión y la forma en la que será cobrado el servicio, la privatización del aseo urbano en Ciudad Guayana es inminente. El servicio es especialmente costoso para el comercio según la experiencia que ya tienen otros municipios y estados del país: de 50 a más de mil dólares mensuales.
Catherine Wilson, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), declaró en entrevista con Correo del Caroní que el sector comercial no se opone a la privatización del servicio, pero insiste en que se debe tomar en cuenta al gremio para fijar las tarifas a cobrar. Estas tarifas deben estar ancladas a la realidad económica de cada empresa.
“El llamado es a sentarnos para ver mediante cuál fórmula van ellos a aplicar las tarifas. Hemos escuchado rumores de que un local de 20 o 25 metros paga 50 dólares, entonces, ¿cómo va a pagar un local de 300 metros? O si no genera tanta basura, ¿cómo van a sacar esos cálculos, en base a metraje o ingresos brutos?”, preguntó la líder gremial.
El gremio teme que el sector comercial deba asumir la mayor carga tributaria del servicio en la ciudad, tal como ocurre con los servicios de Hidrobolívar y Corpoelec: las tarifas son excesivas y calculadas no con base en el consumo, sino con base en los metros cuadrados de cada compañía.
Al final, el exceso de gravámenes para el comercio impacta directamente en el alza de precios de productos y servicios que deberá pagar el consumidor final.
“La experiencia que tenemos es que se lo cobran nada más a los empresarios, y caemos en el mismo tema de otros servicios que los aumentos considerables son trasladados a las empresas nada más, no a las personas naturales. Entonces, sigues golpeando al sector que está haciendo que puedas sobrevivir, porque finalmente la Alcaldía vive es del empresario a través de los impuestos de los ingresos brutos”, argumentó Wilson.
En Ciudad Guayana, el gremio empresarial espera llegar a acuerdos para que esta tarifa no asfixie a los comerciantes que ya deben lidiar con uno de los Impuestos a Actividades Económicas más altos para el sector comercial, industrial y servicios a nivel nacional, ubicándose en el percentil noventa del rango.
Otro elemento que empuja a la informalidad
Austerio González, presidente de Fedecámaras Bolívar advirtió que, en otros municipios del país, las tarifas excesivas del aseo urbano solo han sido un elemento más que obliga a los comerciantes a pasar a la informalidad. Asegura que el sector debe lidiar con medidas de presión para pagar el tributo.
“Ha habido complicidad tanto de alcaldes como de concejales para hacerle un traje a la medida a estas empresas en otros municipios. Sabemos que han recurrido al chantaje: Que si no pagan el servicio del aseo, no le aceptan el pago de la patente para ejercer la actividad económica”, denunció el presidente del gremio empresarial.
González enfatizó en que el gremio quiere que en la ciudad opere una empresa que se identifique con Ciudad Guayana y con el empresariado de la zona.
“Tenemos que cuestionar, ¿esto va a beneficiar a la ciudad y al comercio, o va a abonar el terreno para que el sector productivo del municipio -que viene saliendo de una recesión- pase a la informalidad? Tiene que dejarle algo a la ciudad porque lo que no queremos es que una empresa que venga de afuera preste un servicio costoso que no le deje nada a la ciudad… Las grandes utilidades que generan este tipo de empresas se va para otros estados, y no precisamente para el estado Bolívar”, zanjó.
La privatización llegó poco tiempo después de que Supraguayana recibiera recursos y nuevas compactadoras para mejorar el servicio cuyo mal funcionamiento promovió la proliferación de basura en toda la ciudad. Nadie sabe en qué fueron todos los recursos invertidos en el aseo urbano que nunca dejó de ser mediocre.
“¿Dónde están esas compactadoras? Porque si están, ¿por qué no se pone a trabajar esas compactadoras, se pone personal capacitado y listo? Sigues teniendo aseo, pero quizás no tan caro como este que viene ahorita”, señaló Catherine Wilson.
Una concesión, ¿en manos de quién?
La Alcaldía de Caroní no ha anunciado públicamente cuántas y cuáles empresas concursan por la concesión del servicio de aseo urbano en el municipio.
El proceso de licitación, que se saltó el protocolo legal, fue aprobado con nueve votos a favor de los curules del PSUV y cuatro votos en contra de concejales opositores.
Aliana Estrada, concejala de oposición y presidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario Municipal, explicó en entrevista con Correo del Caroní, que el proceso requiere -además de una justificación y que la Alcaldía admita la incompetencia de Supraguayana para solucionar la crisis sanitaria por mal manejo de desechos-, que se modifique la ordenanza municipal para conocer las especificaciones de la concesión, el margen de ganancia de la empresa, ajustes en la recaudación fiscal del servicio y demás elementos que, por ahora, quedan en el aire.
Estrada define el proceso licitatorio como una formalidad, pues asegura que la compañía ya fue seleccionada y ya tiene galpones y equipos instalados en la ciudad.
El servicio de aseo urbano se privatizó en al menos siete municipios del país: Chacao, Baruta y El Hatillo en el distrito metropolitano de Caracas, Simón Rodríguez (El Tigre) en Anzoátegui, Iribarren (parte de Barquisimeto) en Lara, Maneiro (isla de Margarita) en Nueva Esparta y San Diego (Valencia) en Carabobo.
En El Tigre, estado Anzoátegui, el sector comercial se fue a paro para exigir la disminución de las tarifas de aseo urbano, pues los comerciantes definieron el servicio como incosteable. Debido a la insistencia del gremio, y la alta morosidad con la empresa prestadora de servicio, la Alcaldía de Iribarren acordó reducir las tarifas en un 60%.
La empresa que presta el servicio en estos municipios es Fospuca, compañía que tiene como presidente a José Simón Elarba, abogado y uno de los empresarios venezolanos con mayor influencia, aliado de factores del oficialismo y la oposición. Ha fungido como intermediario en negocios entre compañías de telecomunicaciones en China y Venezuela, a cambio de más de 28 millones de dólares y tiene estrecha relación con políticos y empresarios del PSUV sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones de Armando.info.
