En el contexto de un programa radial con los diferentes candidatos a las alcaldías de los 11 municipios de estado Bolívar, la gobernadora de la entidad, Yulisbeth García, solicitó al candidato a la Alcaldía de Caroní, Yanny Alonzo, revisar el contrato de la empresa recolectora de desechos Fospuca Caroní con la municipalidad.
“Una de las cosas que hay que revisar y yo le pido a Alonzo en esta oportunidad que se revise, aquí no tratamos de juzgar ni señalar a nadie, pero no puede ser que tú vayas a una reunión de transportistas, vayas a comerte una empanada y la gente lo primero que te dice es: Fospuca, Fospuca, Fospuca. Bueno, hay que revisar la contratación, cuál es el beneficio a la sociedad, al municipio. Lo bueno, bueno. Lo que hay que mejorar se mejora. Pero es un clamor del pueblo que uno no puede voltear la mirada”, expresó la mandataria regional.
En este sentido, García sugirió al candidato reunirse con el actual alcalde Tito Oviedo y obtener los pormenores del contrato.
“Yo le decía a Alonzo: siéntate con el alcalde, que él te lo explique, lee el contrato, ve qué beneficios podemos hacer”, acotó.
En el marco de la contienda electoral por el burgomaestre de Caroní, el tema Fospuca ha cobrado gran importancia durante los últimos días, ya que es una de las problemáticas por las que más ha sido cuestionada la gestión de Tito Oviedo.
Fospuca llegó a Caroní a finales de 2022 tras la privatización del servicio de aseo urbano en la localidad y una licitación caracterizada por su opacidad, en la cual los ciudadanos no supieron qué empresas se postularon para asumir las riendas de la limpieza en el municipio.
La Alcaldía de Caroní, dirigida por Tito Oviedo, privatizó el servicio alegando la gran crisis sanitaria local, la cual, a pesar de haber obtenido créditos e inversión por parte de la Cámara Municipal, no pudo ser solventada por Supraguayana, empresa recolectora adscrita al Poder Municipal.
Tras la instalación de Fospuca, Correo del Caroní dio cobertura a más de 10 protestas ciudadanas vinculadas a las altas tarifas que cobraba la empresa al sector residencial y comercial. Empresarios relataban cómo estaban al borde del cierre por no poder asumir una factura de mil dólares calculada con base en los metros cuadrados de su local.
Asimismo, nunca se conoció públicamente el contrato de la compañía firmado por el actual alcalde, quien fue el encargado de fijar las tarifas a pagar por los comercios.
Posteriormente, para 2023, se suspendió el cobro a usuarios residenciales, pero las empresas continúan pagando los montos salvo algunos rubros como el sector industrial y las clínicas privadas que fueron exentas de algunos pagos y obtuvieron descuentos.
Gremios como la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, así como Fedecámaras Bolívar, hicieron numerosas mesas de trabajo y reuniones para llegar a acuerdos con la compañía; sin embargo, no se obtuvieron logros concretos.
