Trabajadores informales del vertedero de basura de Cañaveral en Ciudad Guayana continúan recolectando materiales reciclables bajo la amenaza de desalojo del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) toda vez que exigen ser incluidos en el plan de disposición de residuos como segregadores o recolectores oficiales.
Sobre el plan de reorganización, el director del Minec en Bolívar, Jessiel Gascón, informó que, junto a la Alcaldía de Caroní y Gobernación, el ministerio está habilitando un terreno provisional para disponer los residuos y despejar la entrada del vertedero de cielo abierto mientras se trabaja en el reacondicionamiento de las dos fosas del relleno sanitario que, desde que se anunció su “culminación” en 2016, nunca ha funcionado. Aseguró que la próxima semana las fosas estarán operativas.
Desde su creación y reubicación en Cañaveral, el vertedero de cielo abierto (que es ilegal según las leyes ambientales) se convirtió en la principal fuente de subsistencia de al menos 500 personas, entre ellos, más de 200 indígenas waraos y jivi provenientes del Delta del Orinoco
“Estamos trabajando en pro de que la ciudad cuente con una eficiente disposición final de la basura, estamos recuperando la fosa y esa es nuestra prioridad”, dijo.
El funcionario no ofreció detalles sobre el método que se utilizará para la disposición final de los desechos. “Pero estamos enfocados en la reubicación de la basura para su gestión y aprovechamiento”, agregó.
Por mucho tiempo fueron los trabajadores informales, y no la Alcaldía de Caroní o el Minec, quienes limpiaban las vías de acceso al vertedero de cielo abierto.
“Estamos en un proceso de reacomodo”
Hace casi seis meses inició un proceso de privatización del vertedero de Cañaveral y se anunció la recuperación del relleno sanitario. En un principio, a la empresa Giambra, C.A. se le otorgó una concesión por 10 años para gestionar el aprovechamiento de residuos dentro del vertedero, principalmente plástico y chatarra.
Sin embargo, la autoridad ministerial informó que esta privatización también entrará en un proceso de “reacomodo”, poco tiempo después de la designación de Ángel Marcano como candidato a la Gobernación de Bolívar por el PSUV.
Ciudad Guayana no cuenta con una política de disposición final y aprovechamiento de desechos sólidos y cultura del reciclaje desde hace décadas, es por eso que los materiales aprovechables que no deberían llegar a los vertederos, llegan. Luego son recolectados por indígenas y criollos que trabajan en condiciones precarias.
Este material lo vendían a compradores particulares, que luego lo volvían a vender a al menos 20 empresas recicladoras.
Los trabajadores informales informaron que desde que el vertedero entró en proceso de privatización, solo la empresa Giambra, C.A. Recuperadora de Metales compra la chatarra, y autorizó a una sola compañía compradora de plástico.
“Básicamente trabajamos para ellos, y nos tratan como esclavos ahora. Porque otra cosa es que mientras acá el material está en 180 mil bolívares el kilo, porque así se fija el precio, afuera está en 700 mil”, señaló María Santollo, quien labora en el vertedero desde hace siete años.
Santollo informó que la venta de plástico estuvo paralizada por tres meses por órdenes de Mario Yánez, quien encabeza la empresa Giambra, C.A. Este jueves se reactivó la venta del material.
Amenaza de desalojo
Desde su creación y reubicación en Cañaveral, el vertedero de cielo abierto (que es ilegal según las leyes ambientales) se convirtió en la principal fuente de subsistencia de al menos 500 personas, entre ellos, más de 200 indígenas waraos y jivi provenientes del Delta del Orinoco quienes hurgan entre la basura en búsqueda de piezas valiosas para vender, e incluso comida y ropa.
Todo a la sombra del trabajo infantil, tráfico ilícito de material estratégico, tráfico de droga y el refugio de prófugos de la justicia.
En medio de esta privatización, que aún no se consolida, los trabajadores informales del vertedero de Cañaveral denuncian que por orden del Minec son desalojados a la fuerza por cuerpos de seguridad y solicitan que se les permita trabajar con acreditación y bajo un marco de seguridad laboral.
Hay trabajadores informales que no son de Ciudad Guayana, por lo general acuden al basurero por 15 días o más para recolectar suficiente material para vender, y luego regresan a sus hogares.
Como Ángel Monroy, de 21 años. Monroy ha trabajado casi toda su vida entre los vertederos de basura. Primero en el de Ciudad Bolívar y desde hace tres años, en el de Ciudad Guayana. Viaja cada 15 días desde Guarataro, municipio Sucre de Bolívar, a más de dos horas de distancia.
Aquí uno no está porque quiere, está porque necesita. Yo tengo un niño de seis años que depende de mí, que come, que estudia y que se enferma, ¿para dónde voy a agarrar como madre soltera? ¿Qué otra cosa puedo hacer, trabajar por sueldo mínimo?”
Dairy Ramírez, de 31 años, recolectora del vertedero
Desde su creación y reubicación en Cañaveral, el vertedero de cielo abierto (que es ilegal según las leyes ambientales) se convirtió en la principal fuente de subsistencia de al menos 500 personas, entre ellos, más de 200 indígenas waraos y jivi provenientes del Delta del Orinoco.
Otros trabajadores informales son de la zona y decidieron trabajar en el vertedero desde que la cuarentena por la pandemia de COVID-19 afectó su fuente principal de ingresos. Como Dairy Ramírez, de 31 años.
Ella trabaja en el basurero desde hace un año, cuando las ganancias en su puesto de venta de alimentos y condimentos en el mercado de Chirica en San Félix decayeron drásticamente y perdió capital para reinvertir.
“Aquí uno no está porque quiere, está porque necesita. Yo tengo un niño de seis años que depende de mí, que come, que estudia y que se enferma, ¿para dónde voy a agarrar como madre soltera? ¿Qué otra cosa puedo hacer, trabajar por sueldo mínimo?”, cuestionó.
Vivir en un vertedero de basura atenta contra la salud humana y demás derechos fundamentales de las personas, especialmente la infancia.
Pero es una realidad que vino como consecuencia de la crisis humanitaria en el país que abarca desde la falta de empleos, hasta el empobrecimiento del ciudadano común y la inseguridad alimentaria.
Trabajar en un basurero legalmente implicaría, según las leyes ambientales del país y la regulación internacional, contar condiciones laborales específicas que parten un protocolo de protección de los trabajadores ante la exposición de residuos y demás controles sanitarios.
“Aquí no hay trabajadores, hay delincuentes”
Sin embargo, autoridades del Minec no consideran a esta población como potencial mano de obra para la clasificación u organización de los residuos dentro del vertedero en un futuro.
“Ahí no hay trabajadores, ahí hay droga, hay delincuentes, hay todo tipo de personas. Lo menos que hay son trabajadores, hay mafias que se establecen no solo en este, sino en todos los vertederos del mundo. No deberíamos catalogarlos como trabajadores (…) ahí no hay nadie sano”, dijo la autoridad del Minec.
Informó que por ahora a los indígenas se les dejará trabajar en el vertedero y vivir en las riberas del río Orinoco.
“Bueno, acá estamos esperando que el comprador nos venga a comprar el plástico porque a nosotros nos mandaron a sacar de aquí… Antier una comisión nos dijo que nos iban a dar como un carnet para salir y entrar del vertedero, nos dijeron que a los indígenas nos iban a dejar trabajar, pero aún esperamos respuestas, no es seguro, nos dijeron que no tumbáramos nuestras barracas todavía”, dijo Carmen Freites, indígena warao de 53 años, procedente de Barrancas del Orinoco, estado Monagas.
Su fuente de sustento son los 22 dólares que gana mensualmente por recolectar plástico.
En el vertedero no hay solo recolectores, sino también vendedores informales de alimentos a los que en estos días se le impidió el acceso al vertedero, según denuncian.
“Yo tengo mi bodega, de eso vivo. Claro, muchas veces recojo plástico y aluminio. Yo hago un llamado a la Alcaldía y Gobernación, que recuerden que aquí vivimos gente que come con lo que gana de recoger basura”, manifestó María Santollo.
La mujer opina que el vertedero tiene potencial para rescatar más materia prima que se pierde por falta de un plan oficial de aprovechamiento de residuos. “Por favor, dejen ingresar a otras empresas que quieran comprar otra clase de material. Se pierde el cartón, vidrio, archivo… y nosotros podemos recolectarlo para ellos”, dijo.
Aprovechamiento de residuos en segundo plano
No es que no haya plan, es que por ahora y durante décadas el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos es letra muerta.
La autoridad del Minec informó que la prioridad de la estatal es por ahora sanear la entrada del vertedero (que suele estar intransitable por la cantidad de basura que se acumula lejos de las fosas desvalijadas), y potenciar la incipiente disposición final de desperdicios. “Nosotros queremos enfocarnos en la disposición final, que la basura no esté en la calle”, afirmó.
Informó que, aunque los trabajadores informales serán desalojados, la reorganización del aprovechamiento de los residuos no es prioridad por ahora.
“Es que se supone que la basura que llegue a disposición final ya es sin uso, y la vamos a disponer en la fosa con su material de cobertura”, señaló.
Pero para que, en el contexto de Ciudad Guayana, al vertedero no llegue material aprovechable como plástico y metal, el Estado debe promover y habilitar centros de transferencia y containeres separadores de residuos para empresas y urbanismos, además de sembrar conciencia para menor generación de residuos.
Elementos que nunca han sido prioridad para el Estado aunque bien lo establece la Ley de Gestión Integral de la Basura.
