lunes, 10 febrero 2025
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Desatención gubernamental mantiene a miembros de asentamiento warao en Puerto Ordaz sin viviendas dignas

La comunidad lleva cerca de 9 años solicitando la mejora de su calidad de vida y la construcción de viviendas en el sector; sin embargo, permanecen sin respuestas.

15 familias de un asentamiento warao ubicado en el centro de Puerto Ordaz padecen por la falta de viviendas dignas debido al abandono gubernamental y falta de políticas públicas para atender a estas comunidades.

El equipo de Correo del Caroní se trasladó a la comunidad y constató que las 35 personas que integran el grupo viven en condiciones precarias, dentro de casas construidas de forma rudimentaria con palos y láminas de zinc. Asimismo, la escuela bilingüe que está levantada dentro del lugar no cuenta con el mobiliario requerido para la enseñanza.

Eugenia Zapata, vocera de la comunidad, expresó que desde el año 2015 las autoridades del Ministerio de Pueblos Indígenas no visitan la zona, entonces se prometió la construcción de casas para el asentamiento, compromiso que no se cumplió.

Asimismo tampoco se cuenta con atención médica regular para los habitantes, quienes manifestaron que requieren mejorar el acceso a medicamentos para niños y adultos.

“Necesitamos viviendas dentro de esta comunidad. Veo esa necesidad y quisiera que eso se informe, la gente del gobierno debe saber que necesitamos que nos den una mano. Necesitamos urgentemente mejorar nuestra calidad de vida. Somos 15 familias pertenecientes a una comunidad de la Riviera, de la etnia warao. Hasta el momento nadie se ha acercado. Desde 2015 vinieron, hace casi 10 años y no tenemos respuestas”, puntualizó Zapata.

El desplazamiento de comunidades indígenas a zonas urbanas se ha vuelto más común durante los últimos años, dada la crisis económica; sin embargo, el trabajo del Ministerio de Pueblos Indígenas es precisamente crear condiciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades autóctonas.

La comunidad se volvió noticia recientemente debido al envenenamiento de una docena de perros pertenecientes al asentamiento; sin embargo, un vecino relató que el cacique había manifestado la necesidad de que se visibilicen otras problemáticas como las afectaciones que pasan cuando hay tiempo de lluvias.

Basamento legal y derecho a la vivienda

Según la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el país se debe garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades indígenas y sus miembros.

Sobre esto, Amnistía Internacional ha destacado que los pueblos indígenas en Latinoamérica tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufren elevadas tasas de carencia.

A su vez, la discriminación y desatención afecta directamente la vida diaria de las comunidades indígenas, restringiendo su acceso a la salud y la vivienda.

Olnar Ortiz, defensor de derechos humanos y especialista en poblaciones indígenas, consideró sobre este caso que es necesario saber por qué esta comunidad se desplazó hacia una zona urbana. A su vez destacó que las autoridades locales deben promover la protección de este asentamiento.

“El Ministerio de Pueblos Indígenas es el órgano encargado y establecido por el ente nacional, debe velar por el derecho a una vida sana. Todo lo que se establece como derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En este caso, como ellos no están en un territorio indígena y es un asentamiento territorial, se debe velar por que tengan una vivienda digna y que cuente con servicios públicos. Lo que pasa es que por un tema de crisis humanitaria que está viviendo el país, si nos ponemos a ver las observaciones que se hacen en el sistema universal, el ministro y la viceministra hablan únicamente de que el Estado venezolano cumple con las expectativas de los derechos establecidos en la Constitución. Establecen que tienen un sistema CLAP y toda la retórica del gobierno. Prácticamente: todo está bonito, todo está bello. Pero la realidad es otra”, concluyó.

Más de 30 años de olvido

Para 2020, Correo del Caroní presentó un trabajo de profundidad en el que relató las afectaciones que tuvo la pandemia en comunidades indígenas de Puerto Ordaz, grupos vulnerables que fueron afectados de forma importante debido a la falta de atención médica.

Para entonces, esta comunidad ya llevaba 30 años en la zona, actualmente llevan 34 años viviendo en el centro de la ciudad. A pesar del paso de las décadas, continúan sin ser debidamente atendidos por las autoridades ante la falta de políticas públicas para la protección de pueblos indígenas.

Para este año, la escuela bilingüe Nobotomo Kokotuka, ubicada en el sector, ya estaba cerrada. Durante la visita realizada por este medio se constató que los niños fueron trasladados a escuelas cercanas a la comunidad y esta fue cerrada. Sin embargo, en estos planteles no hay docentes especializados en ambas lenguas ni con enfoque intercultural.