@mlclisanchez
Vecinos de la torre 2 de Residencias Alta Vista en Ciudad Guayana denunciaron la invasión de un apartamento desocupado. Responsabilizan de la ocupación arbitraria a una habitante del edificio quien se desempeñaba como vicepresidenta de la junta de condominio.
Los invasores forzaron la entrada, cambiaron la cerradura y restablecieron el servicio eléctrico del apartamento desde el viernes 11 de junio, informaron los vecinos. Tras la invasión, la junta le exigió su renuncia y los vecinos recogieron firmas para formalizar la denuncia ante la Fiscalía esta semana.
“Estamos muy preocupados, este es un delito que atenta contra la propiedad privada; y solicitamos que la dueña legítima del departamento, la señora Leopoldina Caños se apersone al sitio, al igual que autoridades competentes”, manifestó uno de los miembros de la junta de condominio que solicitó mantener su nombre en reserva.
Los vecinos señalaron que siempre se mantienen alerta ante posibles invasiones de foráneos. Les sorprendió que en este caso la invasión viniera directamente de habitantes del mismo edificio. “Así como invadieron este pueden invadir otro, y eso no lo podemos permitir, necesitamos que las autoridades impongan el orden”, manifestó el vocero.
Alegando que en el apartamento de su madre no había suficiente espacio, la ex vicepresidenta de la junta de condominio y su núcleo familiar decidieron establecerse en el departamento número 13 del piso 1.
“Esta decisión está motivada a que nuestra familia no cuenta con un espacio apropiado para nuestros hijos, y el espacio que nos ha brindado mi mamá ya no es suficiente”, comunicó al grupo de WhatsApp de los vecinos.
Cuatro intentos de invasión en 2021
De acuerdo con el marco legal de Venezuela, se habla de invasión desde el momento en que terceros deciden adentrarse y poseer sin derecho legítimo un espacio para su beneficio. La invasión de la propiedad privada -esté o no desocupada- es un delito contemplado en el artículo 471-A del Código Penal Venezolano.
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Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte. Artículo 471 – A del Código Penal Venezolano. |
En lo que va de año, han ocurrido al menos cuatro intentos de invasión en Ciudad Guayana. El problema refleja el déficit habitacional de la ciudad que en su momento fue la más planificada del país, toda vez que los proyectos habitacionales del Gobierno nacional se consuman en medio de irregularidades y desorden, o no terminan de construirse.
Recientemente, vecinos de Villa Africana denunciaron que este año iniciaron nuevamente construcciones en un terreno que no es apto para construir complejos habitacionales. Las construcciones continúan pese a que tienen orden de paralización de obras y pese a que ningún ente público se ha responsabilizado públicamente de la construcción que en su momento también fue una promesa de la Gran Misión Vivienda.
Los conatos de invasión que han ocurrido entre 2020 y lo que va de 2021 disparan las alarmas sobre la vulnerabilidad de la propiedad privada. En enero de este año, el gremio del sector construcción e inmobiliario advirtió sobre el déficit habitacional de la ciudad.
Ese mismo mes, vecinos de Las Palmeras II exigieron resguardo a cuerpos de seguridad ante amenazas de invasión y habitantes de Caujaro protestaron contra la invasión de 20 apartamentos de un edificio de Misión Vivienda. Los invasores luego fueron desalojados.
50 obras paralizadas, estiman gremios
La Cámara de la Construcción del estado Bolívar calcula que en la entidad hay un déficit habitacional de 150 mil viviendas. La mayoría de los proyectos habitacionales prometidos no se han terminado en los últimos años ni se han concedido. El gremio precisó que en Ciudad Guayana hay al menos 50 construcciones paralizadas, entre públicas y privadas.
