jueves, 22 febrero 2024
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Concejales oficialistas piden al alcalde rectificar aparato legal que permitió la contratación de Fospuca Caroní

Parte de los concejales oficialistas que aprobaron las reformas de las ordenanzas plantean una reunión para rectificar y modificarlas. Piden a la Fiscalía que haga la revisión e inspecciones necesarias de todo lo que involucra la contratación de Fospuca Caroní.

@mlclisanchez

Tres concejales del Bloque de la Patria, integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Público del Concejo Municipal de Caroní reconocen que la reforma de la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, que aprobaron el 22 de agosto de 2022, establece disposiciones contrarias a la norma nacional y que sirvieron de base para que el alcalde Tito Oviedo impusiese unilateralmente un sistema tarifario que acorrala a los usuarios y favorece a la empresa privada Fospuca Caroní, prestadora del servicio de aseo urbano en la municipalidad.

Plantean una reunión en Cámara Municipal para rectificar y someter a revisión esta ordenanza, el Decreto Nº 008-22 sobre las tarifas del servicio de aseo urbano y la Solvencia Única Municipal que impone el pago de servicios públicos como requisito para la declaración y pago de impuestos y que, por lo tanto, permite a la Superintendencia de Administración Tributaria bloquear el portal fiscal a los contribuyentes del sector empresarial.

Pero aseguran que aún no cuentan con la mayoría en la Cámara Municipal para que esto sea posible. La Cámara Municipal está compuesta por 13 concejales, nueve del Bloque de la Patria y cuatro de oposición.

Los concejales del Bloque de la Patria informaron que se adhieren a la solicitud de investigación penal hecha por la sociedad civil, y piden a la Fiscalía que haga la revisión e inspecciones necesarias de todo lo que involucra la contratación de Fospuca Caroní.

“Pensamos que ese contrato está viciado. No vimos el proceso de licitación y se violentó la Ley Pública de Licitaciones. Vemos con preocupación que van más de 700 pequeñas y medianas empresas que tuvieron que bajar su santamaría”

Reportaron que no han tenido acceso al contrato de concesión firmado entre Oviedo y José Simón Elarba, presidente de la compañía y que cuando le exigieron una copia del contrato al síndico procurador, el abogado Martin Barrios, además de recomendarles que se lo pidieran directamente al alcalde, el síndico les dijo que el contrato no pasó por Sindicatura Municipal.

Esto último implica que Barrios incumplió con sus funciones de responder, orientar y asesorar sobre la contratación del servicio de aseo urbano, y la redacción y aprobación del Decreto N° 0008/2022 sobre las tarifas del servicio, como representante y defensor judicial y extrajudicial de los intereses públicos del municipio.

Los concejales también le pidieron una copia del contrato al alcalde, pero tampoco recibieron respuesta.

“Hacemos un llamado a nuestro alcalde. Estamos a tiempo de rectificar porque rectificar es de valientes, si realmente pensamos en nuestro municipio. Lo más importante es que nuestros comerciantes, que se quedaron aquí soportando todo, hoy vengamos nosotros a ahorcarlos”, manifestaron. 

Ceder competencias

En el momento en el que los concejales aprobaron por mayoría la reforma, cedieron su competencia como Cámara Municipal y dieron al alcalde de Caroní, el poder para establecer las tarifas y coordinar a discrecionalidad la contratación del servicio de aseo urbano en Caroní.

Incumplieron lo establecido en el artículo 95 de la Ley del Poder Público Municipal, que establece que: “Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal aprobar las concesiones de servicios públicos o de usos de bienes del dominio público y, lo conveniente a la enajenación de tejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa”.

También permitieron que, con la modificación de los artículos 65, 66 y 68 de la Ordenanza de 2020, se eliminara el carácter tributario de las tasas, que pasaron a ser tarifas, violentando la reserva legal tributaria contemplada en el artículo 77 de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), y los artículos 316 y 317 de la Constitución Nacional. 

Si la reforma implicaba una serie de irregularidades que hicieron el lobby de la contratación de Fospuca Caroní, ¿por qué los concejales la aprobaron? Argumentan que aprobaron la reforma confiados en que “constituiría un medio para atender la grave situación de deterioro del servicio en el municipio”, pero aseguran que en la práctica, en la reforma fueron introducidos elementos que no fueron discutidos en la Cámara Municipal.

“Lo de las tarifas fue algo que no se discutió, ni el hecho de que las decidiera el alcalde. Nosotros aprobamos, porque en principio, la ordenanza no contemplaba la figura de contratación mixta del servicio de aseo urbano”, explicó en entrevista con Correo del Caroní, uno de los miembros de la comisión que solicitó mantener su nombre en reserva.

Los concejales del Bloque de la Patria informaron que se adhieren a la solicitud de investigación penal hecha por la sociedad civil, y piden a la Fiscalía que haga la revisión e inspecciones necesarias de todo lo que involucra la contratación de Fospuca Caroní

“Luego de que nosotros aprobamos las distintas ordenanzas se llegó al acuerdo de darle al alcalde la potestad de ir al proceso de licitación porque la situación del municipio lo ameritaba. Pero de ahí en adelante el alcalde tomó decisiones unilateralmente. No se discutió más nada del contrato, el alcalde tomó todo el proceso en sus manos”, agregó.

Los concejales denunciantes -dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y uno de Patria Para Todos (PPT)-, aseguraron que: “se han hecho muchas diligencias con el alcalde, presidenta de la cámara municipal Mayurvis Alcalá y el síndico, se les ha estado solicitando revisar a profundidad la contratación de Fospuca, no ha sido fácil”.

“Pensamos que ese contrato está viciado. No vimos el proceso de licitación y se violentó la Ley Pública de Licitaciones. Vemos con preocupación que van más de 700 pequeñas y medianas empresas que tuvieron que bajar su santamaría.  Muchos otros comercios han tenido que trabajar vía online y eso nos preocupa. Es negativo hacia nuestro municipio”, concluyeron.

Recientemente, el contrato de concesión trascendió a la luz pública, pero carece de información clave como el plan operativo de Fospuca Caroní, el plan de inversión, la estructura de costos, resumen del presupuesto mensual del servicio y la oferta técnica, económica y financiera.

De la contratación solo se sabe que el alcalde le dio a Fospuca Caroní una concesión por 10 años prorrogables 10 años más.

Empresarios sin derecho a palabra 

Han pasado tres meses desde que la Alcaldía de Caroní instaló una mesa técnica con empresarios y concejales para discutir las tarifas del servicio de aseo urbano. Aquello no pasó de la primera reunión.

Los concejales reportaron que, aunque los empresarios han tenido reuniones en la Cámara Municipal para presentar sus propuestas, se les ha negado el derecho de palabra.

A finales de abril, gremios empresariales se unieron para declarar al sector en emergencia ante el cierre de 410 empresas entre noviembre y abril, por incapacidad para pagar el servicio de aseo urbano y acumulación de multas por impedimentos para declarar y pagar los impuestos municipales.

En marzo, David González, primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, declaró en entrevista con Correo del Caroní que hasta febrero de este año, al menos 600 empresas han hecho la solicitud de cierre formal por la incapacidad para asumir las tarifas de los servicios públicos.