La concejala y presidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario Municipal, Aliana Estrada, en entrevista con Correo del Caroní anunció que la Cámara Municipal aprobó el proceso de licitación pública para otorgar el contrato de concesión para el servicio de aseo público urbano.
La decisión fue tomada con 9 votos a favor por parte de los curules del Partido Socialista Unido de Venezuela y 4 votos en contra correspondientes a los concejales opositores.
La solicitud fue hecha a través de una carta, firmada por el alcalde Tito Oviedo, que fue enviada a la Cámara Municipal el 20 de mayo del presente año, justificando que es un “requerimiento que hacemos con el fin de optimizar el servicio público de aseo urbano en el municipio Caroní en sus diferentes modalidades: residencial, comercial, industrial y especial, aplicando además, técnicas de reducción en la generación de residuos y desechos sólidos, su reutilización y reciclaje, y que; dadas las características de proyecto, se hace necesario otorgar dicho servicio a un inversionista privado, bajo la supervisión, control y fiscalización de la Alcaldía”.
Estrada denunció que el Ayuntamiento está saltándose los procesos normativos y el deber municipal de anunciar su incapacidad para solventar la problemática de los desechos.
“Antes de iniciar un proceso de licitación debes decretar la emergencia sanitaria producto de la no recolección de basura. Quieren entrar en un proceso de licitación y no decretar la emergencia para que eso quede callado. Fui negligente, pero que nadie lo sepa. Tienen que decretar la emergencia sanitaria en el municipio Caroní”.
Al respecto, la Ley de Gestión Integral de la Basura de 2010 establece en su artículo 15 que es competencia gubernamental “la declaratoria de situación de emergencia en caso de crisis ambiental o sanitaria sobre la materia”.
– ¿Qué se puede esperar de este proceso de privatización?
– Si hablamos positivamente, esperemos que cumpla las expectativas de la gente, pero yo creo que no. No están los mecanismos para recogerla. Nosotros vemos los containeres que pusieron que fue un fiasco, eso fue un gasto que no sirvió para nada. No hay una estructura general. La empresa que maneje la basura tendría que montar todo el sistema y presentar las tarifas para saber cuánto van a cobrar a las personas que tienen desechos industriales, biológicos… Sin ese plan establecido vas en negativo para una negociación para privatizar la basura. Aquí hay la fuerza, tenemos las compactadoras, lo que hay que hacer es una buena distribución, gente eficiente en la gerencia; que evidentemente no tienen; y hacer lo que les toca.
 Antes de iniciar un proceso de licitación debes decretar la emergencia sanitaria producto de la no recolección de basura. Quieren entrar en un proceso de licitación y no decretar la emergencia para que eso quede callado” |
Durante 2021 el alcalde Tito Oviedo invirtió 90 millardos de bolívares en la fabricación de contenedores para recolección de desechos; no obstante, la política se tradujo en containeres desbordados e insuficientes en las avenidas principales de la ciudad.
Estrada sugirió que la agudización del problema de la basura podría ser una estrategia del régimen para justificar que se lleve a cabo la privatización del servicio. A su vez alegó no estar en contra de que se realice la licitación, pero asegura que es necesario informar a la ciudadanía debido a que será el bolsillo de los guayaneses el que sufrirá la incapacidad del ejecutivo municipal.
“Sí justificamos que se privatice el servicio, pero lo primero es reconocer que el alcalde es ineficiente a la hora de recoger la basura en la ciudad”.
Al respecto, según el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal son competencia del municipio “todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.
La privatización del servicio de aseo urbano, pese a que podría interpretarse como una forma óptima de dirimir el problema de la basura, deviene en unas tarifas y costos que, hasta ahora, los ciudadanos no han asumido. A su vez, implicaría la modificación de ciertas legislaturas ya que, desde hace décadas, el servicio está planteado como responsabilidad total de la Alcaldía.
Incapacidad operativa y escasez de combustible
El desborde de los contenedores de basura, la ausencia de políticas de tratamiento de desechos y la presencia de zamuros en la ciudad, son algunas de las evidencias de la incapacidad de Supraguayana para hacer su trabajo de recolección.
El presidente de Supraguayana, Justino Albornóz, admitió el pasado mes el déficit de compactadoras para recolectar las 500 toneladas de basura diaria que produce la ciudad, de las cuales solo puede recoger 350. Al respecto, informó que 10 compactadoras se encuentran inoperativas por falta de repuestos.
El secretario de Gestión Urbana de la Alcaldía, Giovanni Barrios, reconoció que la escasez de combustible y la falta de repuestos son las responsables de las restricciones e incapacidad de los entes públicos de solventar la problemática. “Aun cuando existan las unidades necesarias, el rendimiento de las máquinas debido a la falta de combustible se ve limitado”, declaró.
Presupuestos dilapidados
Estrada hizo énfasis en que esta decisión le costará mucho al municipio, debido a que la cámara ha aprobado presupuestos año tras año para que el servicio funcione.
“Evidentemente, el alcalde ha fracasado en el tema de recolección de basura. Aun cuando en el 2018 se aprobó una empresa como Supraguayana que iba a traer beneficios al municipio, cuatro años después vemos más ineficiencia. Se entregaron 30 compactadoras que hoy están destruidas. Sin repuestos o sin gasolina. Aun teniendo los medios y los recursos; porque en enero aprobamos un presupuesto de 450 mil dólares para el tema de la basura; lo que vemos cada día es más basura y más zamuros”, explicó.
La gestión de la Gobernación tampoco ha demostrado eficiencia en cuanto a políticas de recolección de desechos, ya que mantiene dos vertederos a cielo abierto ilegales según La Ley de Gestión Integral de la Basura. El relleno sanitario de la ciudad, cuya culminación fue prometida para 2016, continúa inoperativo y en proceso de deterioro pese a que se aprobaron los recursos para su construcción en el año 2015. Asimismo, la ciudad no cuenta con políticas en materia de separación ni de la basura, dando lugar a vertederos con todo tipo de desechos que podrían ser reciclados y aprovechados.
Esta iniciativa municipal viene acompañada de una serie de políticas gubernamentales, impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, en las que se evidencia un cambio de dirección en cuanto a las políticas de Hugo Chávez, quien defendió la nacionalización de todos los servicios públicos. En el período comprendido entre 2007 y 2009, Chávez nacionalizó el servicio de electricidad (fundando la Corporación Eléctrica Nacional), las telecomunicaciones (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) y al menos 5 mil empresas privadas.
