Han trascurrido 72 horas de la invasión por parte de 100 familias al Conjunto Residencial Doña Paulina. Pese a las denuncias de los propietarios, las autoridades estadales continúan sin hacer acto de presencia en el urbanismo para esclarecer el estatus legal de los invasores, quienes aseguran que también son propietarios del inmueble.
El pasado sábado 18 de junio, a las 11:00 de la noche, un grupo de familias pertenecientes a la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Rodilla en Tierra rompió un paredón que resguarda la zona residencial para irrumpir en el recinto y acceder a las 6 torres que permanecen desocupadas, alegando que el inmueble fue construido con materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y que ellos están a la espera de una “adjudicación” por parte del Estado.
Pese a que los residentes se han dirigido a las autoridades y medios de comunicación, no han obtenido respuesta sobre su denuncia por invasión a la propiedad privada. A su vez, los miembros de la OCV, quienes admiten no tener títulos de propiedad, tampoco han contado con el apoyo de algún ente gubernamental que avale su “titularidad”.
Amada Ramos, propietaria del conjunto residencial, explicó que el sábado en la madrugada fueron despertados por el ruido que provocó la destrucción del paredón, tras salir a ver lo que pasaba, se dieron cuenta del ingreso del grupo de desconocidos a la urbanización.
“Los propietarios, con papeles y registro, estamos al tanto de la situación. Ellos alegan que fueron engañados y que son dueños de los apartamentos. ¿Cómo siendo propietario entras rompiendo una pared? Ellos dicen que ingresan de esa forma porque nosotros estábamos desvalijando los departamentos. Nosotros no conocemos sobre la legalidad de ellos, deben resolver eso con las autoridades. Nuestra denuncia es que ingresaron de esa forma, dañaron el cerco eléctrico y ahora nos acusan de que los estamos agrediendo”, afirmó indignada.
El Conjunto Residencial Doña Paulina inició su proceso de construcción entre el 2010 y 2013. Los propietarios son el Grupo García Armas Inversiones Sociedad Anónima (Gaisa), quienes llevaron a cabo la obra de la mano de la Constructora Fuentes Jiménez y Asociados.
La propiedad está constituida por una primera etapa de 7 torres, cuyos apartamentos fueron vendidos y están habitados por sus propietarios. La segunda etapa cuenta con 6 torres que permanecen inhabitadas, ya que continúan en obra gris. En total, Doña Paulina está comprendida por 260 apartamentos.
Bajo el mismo sentido, los propietarios aseguran que el costo de los que están habitados fue de 40 mil dólares y que el proceso de compraventa se llevó a cabo a través del Banco Occidental de Descuento, que financió el proyecto y otorgó créditos hipotecarios a los compradores.
Rodilla en Tierra: una batalla de nunca acabar
La líder de la OCV Rodilla en Tierra, Angélica Cedeño, carga con una carpeta llena de documentos bajo el brazo, en la que asegura están las pruebas de la legalidad de su proceder.
Según Cedeño, la problemática data desde 2010, época en la cual el gobierno del expresidente Hugo Chávez tuvo su auge expropiatorio en el que confiscó más de 5 mil empresas privadas, entre ellas, las propiedades del Grupo Gaisa.
La Gaceta Oficial número 39524, decreto 7703, dictamina: “se procede a la adquisición forzosa de los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y demás bienhechurías presuntamente propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa), el cual comprende las empresas Frigorífico Ordaz, S.A. (Friosa), Inversiones Koma y Delicateses La Fuente”.
Al respecto, Cedeño asevera que el conjunto residencial también pasó a ser propiedad del Estado, pese a que no es nombrado en el decreto. Desde entonces, Rodilla en Tierra ha presentado a diversos entes gubernamentales un proyecto en el que solicitan la adjudicación de los apartamentos a los miembros de la OCV, alegando que tienen 4 años resguardando la propiedad y que, además, son “edificios abandonados y a medio construir. Inconclusos y subutilizados”.
En el año 2014, la agrupación envió una misiva dirigida al entonces ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, para desarrollar una solicitud de expropiación del urbanismo alegando que se encontraba en estado de abandono y, según reza el documento, la OCV se mantenía resguardando.
Según las declaraciones de los invasores, esta solicitud fue aprobada y fueron apoyados por el entonces presidente del Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios del estado Bolívar, Héctor Herrera Jiménez.
El grupo alega que fue debido a su labor que consiguieron que se aprobara la entrega de materias por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para culminar la construcción de las 6 torres que aún no habían sido habitadas; no obstante, aseguran que Herrera Jiménez los estafó dejándolos sin la adjudicación de las propiedades tras la culminación de la obra.
En una primera declaración, Cedeño explicó que el grupo Gaisa habría construido los departamentos de forma privada, posteriormente fueron expropiados. Después afirmó que el Estado habría entregado los materiales para que el consorcio terminara la obra, luego de haberlos despojado de su propiedad, para entregarla a la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Los residentes de Doña Paulina alegan que en 2014 inició la preventa de los apartamentos, además, aseguran que ellos pasaron por todos los filtros y entes correspondientes para adquirirlos a través del sector privado.
“La constructora tiene sus facturas y soportes. Esto tiene años en litigio, siempre esa agrupación quiere venir a decir que fue estafada. Si esto hubiera sido del gobierno, ya habría sido asignado. Eso es falso. Si fuera verdad, Inviobras habría tomado los apartamentos desde el primer momento. Misión Vivienda habría hecho una asignación. Esto no es como lo alegan ellos. Esto es una invasión de parte de Rodilla en Tierra. No tienen los documentos ni los recursos para estar aquí. Si usted tiene los documentos, usted viene con un tribunal o persona que haga valer tu derecho. No pueden mezclar la expropiación de los García Armas con esto, porque no está en la providencia. Tanto es así, que el tribunal no les ha dado trascendencia”, explicó Erik Flores, propietario.
El documento más reciente que posee Rodilla en Tierra es una carta elaborada el 16 de junio de 2022. La misiva está dirigida a Patricia Cabrera, directora del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. En esta carta explican que la asociación consta de 184 familias y que siguen a la espera de la entrega de los apartamentos ubicados en Doña Paulina.
Asimismo solicita que se estudie la propuesta de adjudicación de los inmuebles. En el texto, Cedeño alega que estas gestiones ya habían sido comunicadas a Estefanía Márquez, presidenta anterior, de la cual no obtuvo respuesta. La misiva cierra con la solicitud de evaluación para la pre-adjudicación de las propiedades.
No obstante, pese a que apenas se está solicitando el estudio de la propuesta, dos días después la OCV invadió el conjunto residencial bajo el alegato de que son los propietarios, avalándose en una adjudicación inexistente.
Exigen la visita de las autoridades
Ambos bandos exigen la visita de las autoridades para dirimir la situación. Entre tanto, los invasores, que prefieren ser llamados “resguardas”, han pernoctado en los apartamentos que carecen de servicios básicos y condiciones para ser habitados. Entre ellos hay niños y personas de la tercera edad.
“Nosotros fuimos a la delegación de policía. Ellos vinieron y dijeron que esas personas tenían documentación y no podían hacer nada hasta que se presentara una denuncia formal. Les dijimos que violentaron el paredón. Fuimos a la Guardia Nacional y nos dijeron que no tenían personal para hacer la inspección a esa hora. Vino una camioneta con 6 funcionarios e hicieron el levantamiento de la denuncia para ir a Fiscalía. Nos hicieron elaborar un acta… Es una situación tan irregular que se nota la ‘conchupancia’ de las autoridades”, manifestó Ángel Soler, residente de Doña Paulina.
Por su parte, Rodilla en Tierra denunció que existe un “silencio administrativo” por parte del Estado para cumplir con su titularidad. Solicitaron la visita de entes gubernamentales para llevar a cabo la adjudicación de los apartamentos.
Hasta la fecha de procesamiento de esta información no ha habido respuesta por parte de las autoridades al caso y los invasores permanecen en la residencia, mientras los propietarios mantienen vigilada la entrada para no permitir el acceso de nuevo a quien decida salir.
