De las más de 70 cárcavas que hay en Ciudad Guayana, según estima la organización Gente para Servir Caroní, dos de ellas actualmente activas mantienen en peligro a decenas de familias que viven en sus adyacencias, sin que las autoridades hayan tomado acciones para repararlas.
Una de estas es la que se ubica en la vía Venezuela, frente a la urbanización Campo A3 de Ferrominera, en Puerto Ordaz. Un tramo de la avenida está delimitada con cauchos, que alertan a los conductores para evitar acercarse al precipicio que cada día toma más terreno.
Esta cárcava se formó apenas el año pasado cuando comenzó la temporada de lluvias, debido a la ruptura de tuberías de 16 pulgadas y 60 pulgadas.
“No nos han parado, y ya ocurrió un accidente. Menos mal que no pasó a mayores”, dijo Manuel Gamboa, vecino del Campo A2.
Las notificaciones se han llevado a Hidrobolívar, la CVG, la Alcaldía de Caroní y la Gobernación de Bolívar, pero ninguno da solución. El fin de semana, un motorizado que transitaba por la vía en plena oscuridad tuvo un accidente y cayó muy cerca de la cárcava.
“Se hicieron varias denuncias, pero todo ha quedado así y empeora la situación. Es una situación de inseguridad impresionante porque por aquí pasan muchos vehículos de carga pesada”, agregó Gamboa.
Ismael Guerra vive justo en una de las casas del Campo A3 que está frente a la cárcava.
“Vivimos con miedo porque corren peligro las viviendas, con cada palo de agua eso va cediendo más”.
Los vecinos de la urbanización Villa Granada también se ven afectados, ya que las aguas corren desde este sector, incluso Villa Brasil.
“Nos sentimos preocupados porque venimos denunciando esto desde hace tiempo y nada. Es una situación crítica. Cuando comiencen las lluvias, eso va a empeorar”, dijo Maguis Cárdenas, habitante de Villa Granada.
Gobernación ausente
En diciembre, cuando las lluvias provocaron el derrumbe de otra vivienda en la cárcava de la urbanización Francisco Avendaño, en el sector Los Alacranes, en San Félix, la Gobernación de Bolívar prometió para enero su reparación.
En enero la Gobernación hizo otro estudio del terreno y una supuesta preparación del proyecto de reparación, que todavía no comienza. En febrero, la Gobernación anunció el inicio de la segunda fase de reparación, que según consta de estabilización del terreno, traslado y puesta en sitio de los materiales y ejecución civil del proyecto.
Pero en marzo, solo hay sacos de arena y escombros alrededor de la cárcava para impedir el paso vehicular. El pasado fin de semana se cayó otro pedazo de la cárcava que formó un gran cañón en el sector, donde peligran las viviendas de alrededor de 30 familias.
“El llamado es a los gobiernos regional, municipal y nacional a que se aboquen con urgencia al problema de la cárcava de Los Alacranes, que tienen en riesgo a 30 o 35 familias. Las casas están totalmente en peligro, ya hubo siete familias desalojadas y el gobierno ni siquiera los ayudó, están en casas de familiares”, denunció Jesús Fermín, vecino de la Urbanización Francisco Avendaño, en Los Alacranes.
En noviembre del año pasado, la comunidad pasó comunicaciones a la Corporación Venezolana de Guayana, la Alcaldía de Caroní y llegaron hasta Casa Guacara, donde estaba el gobernador Ángel Marcano. Los recibió su esposa, quien encargó a un emisario que afirman no hizo nada.
“En diciembre uno de los emisarios de la Gobernación se presentó acá con los damnificados y se los llevó a una zona de la avenida Gumilla, donde hay un terreno baldío, que se podían ubicar allí, y se presentó la gente de la comunidad y hubo un enfrentamiento entre ellos”, comentó Fermín.
Esta es la tercera vez que cede la cárcava de Los Alacranes. La primera vez fue en la época de Pastora Medina, como alcaldesa de Caroní.
Frank Vargas es fundador de este sector, era un niño apenas cuando cayó por primera vez la cárcava. Recuerda que su impresión fue abrir el patio de su casa y encontrarse con aquel precipicio. Para entonces la cárcava se reparó. A las familias que estaban en ese terreno las desalojaron, pero nuevamente lo ocuparon ilegalmente hasta una segunda vez que cedió la cárcava.
En esa segunda oportunidad, la comunidad tuvo que protestar para que la repararan. El tema de la invasión se repitió una vez más y fueron esas familias las que tuvieron que desalojar en 2021 antes de que se derrumbaran sus casas.
El concejal José Ríos recordó que este problema se repite en otras cárcavas actualmente activas: la de Pinto Salinas, El Rinconcito e Isla Dorada.
También están la conocida como Cañón del Diablo y La Victoria. Para reparar ambas se invirtieron recursos entre 2013 y 2014 a través de créditos adicionales que el Consejo Legislativo aprobó a la Gobernación. A la primera se le hicieron reparaciones en 50%. Para la segunda no hubo intervención alguna, según denunciaron los habitantes a Correo del Caroní.
“No es posible que después de que ha avanzado más de 30 metros (cárcava de Los Alacranes) no estén las autoridades. Nos mandaron un proyecto de Inviobras, pero el proyecto no se está desarrollando”, cuestionó el edil.
Destacó que parte de los recursos que se están generando con la producción de petróleo deben invertirse en las necesidades de las comunidades, pero también lo que se produce en oro.
“No es posible que Bolívar entregue sus recursos naturales y no haya una disposición de esos recursos para las necesidades de las comunidades. ¿Qué van a esperar? ¿Que se le caiga a la gente su casa para venir a atender?”, demandó Ríos.